Una diputada, su pareja, un arquitecto, una trabajadora social y un fiscal que en el pasado fue cuestionado por la fuga de la exalcaldesa Karen Rojo. De esta manera -a grandes rasgos- se compone el puzzle judicial de un caso que remece a Revolución Democrática (RD), la colectividad oficialista que está siendo cuestionada por el traspaso de más de $ 426 millones desde el Serviu de Antofagasta a la fundación Democracia Viva.

Los cuestionamientos no son sólo políticos, sino que ahora tomó ribetes judiciales y administrativos. Lo primero, pues la Fiscalía inició una investigación de oficio para pesquisar la legalidad de la asignación de fondos a la ONG; lo segundo, en el radar de Contraloría, pues pidió antecedentes al Ministerio de Vivienda para revisar si hubo o no faltas administrativas en el “trato directo” entre el Serviu y Democracia Viva, entre octubre y noviembre del 2022.

El caso tomará su tiempo en ser investigado por el Ministerio Público y la PDI, y, por lo mismo, estos nombres se repetirán constantemente en una trama que recién comienza y que ya se tomó la agenda. “A mí me parece que cualquier situación que ponga en duda el uso de los recursos públicos, o que genere las suspicacias que ha generado este caso, merece atención y respuestas categóricas”, dijo esta jornada, la ministra del Interior, Carolina Tohá, lo que evidencia que el problema ya se instaló en La Moneda.

Quiénes son los personajes claves del caso. La Tercera PM analizó cada uno de estos nombres:

• El exseremi de Vivienda de Antofagasta es clave para comprender esta historia, pues encabezó las gestiones para otorgar los fondos que fueron a parar a Democracia Viva. Contreras es arquitecto de la Universidad de La República y fue el jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez (RD), entre junio de 2020 y junio de 2021. Además, fue tesorero de Revolución Democrática luego de que ésta abandonara la presidencia del partido fundado por Giorgio Jackson. Se ha desempeñado en diversas áreas del servicio público: educación municipal, salud hospitalaria y asesoría legislativa. Ha desarrollado gran parte de su experiencia profesional en Antofagasta. En el mes de abril de 2022 asumió el cargo de seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta. Con fecha 17 de junio pasado presentó su renuncia al cargo.

• Diputada por el Tercer Distrito de la Región de Antofagasta, primero entre 2018 y 2022, y luego entre 2022 y 2026, Pérez ha sido cuestionada en el caso por su cercanía con Contreras y, además, por el hecho de que su pareja, Daniel Andrade, fue quien representó a Democracia Viva en la adjudicación del millonario contrato. La diputada fue presidenta de su partido entre los años 2019 y 2021 y, aunque en medio de este caso presentó su renuncia, también se desempeñó como segunda vicepresidenta de la Cámara. Nació en Suecia, pero vivió en Antofagasta, donde cursó su educación secundaria.

• Es ingeniero civil de la Universidad de Chile y fue presidente de la Fech. Es pareja de Catalina Pérez, y activo miembro del Frente Amplio, de ahí el cuestionamiento a sus últimos desempeños labores. Fue analista de estudios y política del Ministerio Obras Públicas (MOP) entre agosto y septiembre de 2022, y asesor en el seguimiento de división de evaluación de proyectos y empresas estratégicas del Ministerio de Defensa, octubre de 2022 y junio de este año. Andrade renunció a su cargo en el gobierno, en medio de los cuestionamientos por su rol en Democracia Viva, donde lideró las conversaciones para adjudicarse los millonarios contratos, entre octubre y noviembre del 2022, misma época en que se desempeñaba en Defensa.

• Es la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Serviu de Antofagasta y fue quien en mayo pasado envió un mail alertando sobre las posibles irregularidades, incluyendo entre los destinatarios a la subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas (RD). “Desde el momento en que el seremi asume sus funciones, se nos ha marginado de toda decisión respecto de temas de relevancia para nuestra labor. Desde hace un tiempo se han presentado algunas situaciones que nos preocupan, dado que a juicio del equipo -al cual también pertenezco- no se estaría dando cumplimiento a la Cláusula Tercera de los Convenios ‘sobre la correcta utilización de los recursos’”, sostuvo en dicho correo, de acuerdo con lo reportado por El Mercurio y Mega.

• Ministro de Vivienda y Urbanismo, militante PS. Es el responsable de la cartera de la cual depende el servicio que está en el foco de los cuestionamientos por mantener millonarios contratos con la Fundación Democracia Viva. Si bien hasta ahora las críticas no se han dirigido en su contra, querellantes en la causa y parlamentarios no descartan que se pueda perseguir su responsabilidad política, al ser el jefe de la repartición cuestionada. Al abordar el caso, en todo caso, Montes ha tomado una postura firme y tajante, asegurando que lo que corresponde es que la mencionada fundación restituya los fondos que no se hayan invertido. “Venimos a aplicar todas las herramientas para encontrar las responsabilidades que existan y buscaremos formar para evitar que se vuelva a repetir un caso así. Reitero: nuestro mensaje es claro, esto no puede volver a ocurrir y nos parece inaceptable”, sostuvo tajante el secretario de Estado.

• Subsecretaria de Vivienda, militante de RD. Se posiciona como pieza clave en el caso ya que a su correo habría llegado un mail, en mayo, donde se advertían presuntas irregularidades. Frente a los dardos que ha recibido por esto, el timonel de RD, el senador Juan Ignacio Latorre, indicó en entrevista con Radio Concierto que la información que ella recibió fue parcial: “La conversación que hemos manejado, que hemos conversado con la misma subsecretaria, es que cuando ella recibe la información lo conversa en el Ministerio, con el ministro y también con todo su gabinete y empieza a recabar información con el seremi, y el problema es que la información que le fue entregando el seremi, lo que nos dice la subse, es que fue como parcial, fue de a poco hasta que la cosa fue como creciendo en términos de los problemas vinculados con este convenio en el fondo”.

• Es el fiscal a cargo de la causa, y es el jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta. Estuvo en el foco de la noticia al dirigir la investigación en contra de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien fue condenada a cinco años de cárcel por delitos de fraude al Fisco y luego se fugó del país. Tras iniciar la investigación de oficio, y como parte de las primeras diligencias, el persecutor ofició al Ministerio de Vivienda, a Contraloría y a la Seremi de Vivienda de la región, para que hagan entrega de todos los antecedentes vinculados a los hechos indagados. Asimismo, se envió orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos Antofagasta de la PDI.

• Es la dueña del inmueble donde tiene su sede la Fundación Democracia Viva, en la comuna de Ñuñoa. De acuerdo con publicaciones en redes sociales, es cercana a la diputada Catalina Pérez y, además, en 2022 fue contratada por $ 5,7 millones para un estudio requerido por el Ministerio de Educación. Como se desprende de una carta enviada por militantes RD a la directiva, se desempeñó como coordinadora del Territorio de Ñuñoa.

• Producto de los antecedentes, los diputados republicanos Juan Irarrázaval y Cristián Araya, y los UDI Juan Antonio Coloma, Cristián Moreira y Manuel Fuenzalida determinaron querellarse por presuntos delitos de fraude al Fisco, cohecho agravado, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. En palabras de Irarrázaval, decidieron querellarse porque “es escandaloso que en plena crisis institucional, y peor, en medio también de la mayor crisis habitacional de la historia de Chile haya existido una asignación directa por más de $ 400 millones de pesos a una ONG armada entre gallos y medianoche sólo hace unos meses antes y que no cuenta con ninguna experiencia en construcción, remodelación y otra actividad en pro de campamentos de viviendas de emergencias”.

Además de los personajes clave de la trama de este nuevo caso que remece a la política nacional, están los integrantes del directorio de la fundación comandada por Andrade, y que también serán foco de interés del Ministerio Público. Se trata de otras dos profesionales y, también, seis colaboradores:

• Se desempeñaba como secretaria de la Fundación. Es actriz, licenciada en Estudios Escénicos. Se dedica a la producción y gestión cultural.

• Se desempeñaba como tesorera de la entidad.

Según cercanos a los integrantes de la fundación, Andrade intentó salir de la entidad y que se modificara el directorio de la misma. Sin embargo, como aseguraron las mismas fuentes, el abogado a cargo del trámite incurrió en una serie de errores y la modificación nunca se materializó.

• Cientista política, máster en análisis político, así como también de estudios urbanos y metropolitanos. Además, según información de su LinkedIn -hasta antes de cerrarlo- entre el 2018 y 2019 se desempeñó como “encargada territorial” de la diputada Maite Orsini.

• Ingeniero civil industrial, aborda temas de innovación y emprendimiento.

• Cientista político. Académico Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido invitado por La Moneda, junto a otros profesionales, para participar del análisis respecto de las elecciones de mayo pasado, donde el Partido Republicano triunfó.

• Abogada. Magíster en Estrategia Internacional y Política Comercial.

• Diseñadora y activista de los cuidados.

• De acuerdo con lo que se detallaba en la página web de la fundación, es diseñadora y activista de los cuidados. La tarde del 20 de junio, sin embargo, publicó un comunicado en su cuenta de Instagram donde indicó que dejó la fundación el pasado 30 de abril.