Una exjefa del Sename o una exdiputada: Senado enredado por designación a Defensoría de la Niñez

El 1 de junio es el plazo fatal que tiene el Senado para designar a quien encabezará la Defensoría de la Niñez por los próximos cinco años. El día anterior, la actual defensora Patricia Muñoz dejará el cargo.

Sin embargo, a pesar de que queda menos de un mes, el nombramiento, que ya se ha postergado tres semanas seguidas, sigue entrampado.

De hecho, el martes pasado nuevamente habían sido convocados los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Senado para acordar un nombre que debe ser propuesto a la sala.

Sin embargo, en la comisión apareció sorpresivamente el senador de RN, Rodrigo Galilea -quien, si bien no es parte de esta instancia, ha sido uno de los negociadores de su bancada- para pedir una nueva postergación. Ese día, Galilea estuvo reunido previamente con el senador Gastón Saavedra (PS), quien es el negociador del Socialismo Democrático en este tema.

“Estos nombramientos pueden ser pacíficos o por una u otra razón muy controvertidos. Debiéramos intentar conversar y profundizar en muchos de los aspectos de los candidatos y de otros nombramientos que se vienen, (según) conversaba con el senador Saavedra... Creo que sería más oportuno... seguir con otras conversaciones y que no se vote hoy día para no traer conflictividad”, dijo Galilea ante la comisión.

Saavedra también coincidió con su par de RN. “Yo no quisiera que fuera controversial (este nombramiento) y espero construir la unanimidad para evitarle pasar por un bochorno a uno y otro candidato que sea rechazado (por falta de acuerdo)”.

Al final, la decisión de la Comisión de DD.HH. quedó aplazada para el 16 de mayo, con el fin de dar 10 días más a las negociaciones después de las elecciones de consejeros constitucionales. La meta es que la sala del Senado se pronuncie el 17 de este mes.

Aunque en el proceso postularon 12 profesionales, las negociaciones -que se realizaron hasta la semana pasada y se suspendieron por el período de trabajo regional y electoral- ya estaban decantadas por dos candidatas: la abogada y exdiputada Natalia Castillo (exmilitante RD) y la socióloga y la exdirectora del Servicio Nacional de Menores Rosario Martínez (RN).

El problema es que ninguna de las dos postulantes reúne los votos necesarios. Según la Ley de la Defensoría de la Niñez (institución encargada de velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes), la persona a cargo debe ser nominada con el acuerdo de dos tercios del Senado, es decir, con 33 votos.

Castillo, quien hoy es jefa de gabinete del superintendente de Salud, Víctor Torres (DC), es respaldada por senadores del PS, del PPD, de la DC y exfalangistas, como Matías Walker.

Por su parte, Martínez es la carta de los legisladores de RN y la UDI.

Por lo tanto, ninguna de las postulantes ni siquiera llega a la mitad de apoyos en la Cámara Alta (25 escaños).

Incluso, hay bancadas -como el PC, RD, Evópoli, los Republicanos y la FREVS, además de ciertos independientes- que aún no zanjan su posición.

Adicionalmente, algunos legisladores mencionan que la senadora Fabiola Campillai está levantando un tercer nombre: el abogado Anuar Quesille. Sin embargo, ante las consultas de La Tercera, el equipo de la legisladora no confirmó esa versión.

A ello se suma otro inconveniente. Por ser un cargo uninominal, a diferencia de cuerpos colegiados como el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema no puede ser cuoteado.

Además, la designación es una de las pocas en la que interviene solamente el Senado, sin la opinión previa del Presidente de la República, la Suprema o la Cámara. Por esa razón, en esta definición no opera la lógica de un candidato favorito que se da, por ejemplo, en el proceso para elegir fiscal nacional (donde el Presidente hace una propuesta en base a una quina con preferencias claramente demarcadas por la Suprema) o para contralor general de la República (donde simplemente el gobierno propone un escogido al Senado).

Todos estos factores confabulan para que no sea un nombramiento sencillo. Hay dificultades objetivas para las habituales concesiones y compensaciones que se dan en una negociación política.

Una de las alternativas que se ha barajado en las últimas semanas es que uno de los grupos mayoritarios en esta negociación (Chile Vamos y Socialismo Democrático) sea compensado con futuros nombramientos para la Suprema o el TC o, incluso, con la proposición del contralor (que debe resolverse antes de diciembre de este año).

Sin embargo, fuentes de gobierno sostienen que ya se les advirtió a los senadores que La Moneda no renunciaría a sus potestades en próximas designaciones simplemente para facilitar un acuerdo por quien será nuevo(a) defensor(a) de la Niñez, cargo que no tiene la misma relevancia que un cupo en la Suprema, en el Tribunal Constitucional o en la jefatura de la Contraloría.

En este punto coinciden algunos senadores del oficialismo y oposición, que tampoco están dispuestos a ceder en futuros nombramientos de carácter más estratégico.

Frente a ese nudo, una segunda alternativa ha comenzado a deslizarse: un nombramiento a cambio de reformas.

Por ejemplo, algunos legisladores opositores señalan que podrían aceptar una carta que no sea de su sector si el oficialismo se allana a reformas profundas en el Instituto Nacional de Derechos Humanos o en la misma Defensoría de la Niñez.

Consultado por las negociaciones, suspendidas por el período de campaña electoral, el senador Francisco Chahuán (RN), quien preside la Comisión de DD.HH., dijo que “vamos a darnos todo el tiempo necesario para llegar a un acuerdo”.