Una jueza, un académico de la UC, la abogada jefe de Monsalve y el actual subrogante: quiénes compiten por “el trono” de la Defensoría Penal Pública

Desde finales de octubre de 2024, hace cinco meses, que el cargo de defensor nacional se encuentra vacante. Esto, luego que el Presidente Gabriel Boric, mandatando al entonces ministro de Justicia Luis Cordero, no quisiera renovar por un segundo periodo al penalista Carlos Mora Jano, quien fue elegido por el gobierno anterior y ya había cumplido tres años.

La Defensoría Penal Pública es una de las instituciones más importantes del sistema penal, pues es quien -por ley- brinda asesoría jurídica profesional a aquellas personas que no tienen dinero para costear una abogado, por lo que el Estado se encarga de financiar uno, ya que, como dice su lema, “sin defensa no hay justicia”. Aunque también es un organismo que brinda defensa a quienes teniendo recursos optan por un profesional experto en litigio penal. Cabe recordar que quienes ejercen este cargo deben enfrentar la acusación fiscal, a cargo del Ministerio Público y todo lo que eso significa: el apoyo de peritajes realizados por las policías, SML y otras entidades auxiliares, etc.

Por ese motivo, al interior de la Defensoría Penal Pública se resentía el estar -de cierta forma- descabezados; sin embargo, esa larga espera ya llegó a su fin. Este miércoles por la tarde el Servicio Civil notificó a los más de 20 postulantes al cargo de Alta Dirección Pública que el proceso se había cerrado -cuyo único requisito era tener 10 años de experiencia y saber de penal- y que el nombre de los cuatro elegidos había sido notificado al ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC).

Tras sobrepasar la primera valla, ahora los abogados están en la mira del titular de Justicia, quien deberá -junto al Mandatario- determinar si de esos nombres sale el próximo defensor o defensora nacional, aunque también existe la posibilidad de que los aspirantes no llenen las expectativas de La Moneda y se declare desierto el concurso y vuelva a fojas cero.

La Tercera pudo confirmar la nómina de quienes siguen en el camino, donde hay “viejos conocidos” y una “sorpresa” de último minuto.

En la cuaterna quedaron dos defensores regionales actuales -de la RM y de Biobío-, una jueza (con pasado en la DPP) y un académico de la Universidad Católica con redes en el mundo de la ex Nueva Mayoría. Se trata de Daniela Báez, Osvaldo Pizarro, Verónica Encina y Pablo Carvacho, respectivamente.

La primera que corre con ventaja, dicen en la interna de Justicia y la DPP, es Daniela Báez, titulada de Derecho en la Universidad de Chile. Actualmente es la jefa de la Defensoría Regional Norte de la RM y -poco antes de ser nombrada- ejerció como jefa de gabinete de un exdefensor nacional, el mismo que la nombró, el abogado Andrés Mankhe, hoy asesor del estudio de Ciro Colombara.

Báez ha debido afrontar, eso sí -como jefa de equipo-, un desafío muy importante: el patrocinio del exsubsecretario Manuel Monsalve. Junto a su equipo jurídico ha diseñado la estrategia de defensa ante uno de los casos más mediáticos y complejos del 2024. Una de sus debilidades, aseguran, es su falta de experiencia en litigación, pero ahí -aportan sus cercanos- se ha apoyado en un abogado con vasta experiencia como es Víctor Providel.

Sus lazos políticos, dicen, están en el mundo progresista, eso -sumado a que es mujer- la lleva a la “pole position” en la carrera y no pocos aventuran decir que será la próxima defensora nacional. En el pasado trabajó en el Ministerio de Justicia durante gobiernos de la Concertación y posee un diplomado en Derecho Penal de la Universidad Alberto Hurtado. Quienes la conocen, aseguran que tiene “una mirada amplia de cómo se trabaja en a Defensoría Nacional”.

Osvaldo Pizarro, quien actualmente es el defensor nacional subrogante, inició su carrera en la Defensoría Penal Pública en 2002. Buena parte de su carrera la ha hecho en la zona sur del país. Partió como defensor local de Victoria, cuando se implementó la reforma procesal penal en la Región de La Araucanía. Posteriormente, en 2005 asumió como defensor local jefe, en la comuna de Talcahuano, y luego, el 15 de marzo de 2012, inició su periodo como defensor regional del Biobío.

Fue en ese cargo que le tocó defender a Jorge Escobar, tío abuelo del menor de edad Tomás Bravo, en 2021. En un mediático caso que se extiende hasta ahora, la Defensoría Penal Pública de esa región logró que Escobar quedara sin medidas cautelares. Quienes conocen a Pizarro lo describen como “una persona extremadamente estudiosa, de alto estándar técnico”. Además, dicen fuentes de este diario, siendo defensor regional tomaba causas él mismo, “cosa que no todos hacen”.

Otra “vieja conocida” de la DPP es Verónica Encina Vera, abogada de la Universidad de Chile, quien actualmente es jueza de Garantía de Graneros. Como magistrada en ese tribunal ha oficiado desde febrero de 2023.

En 2005 fue abogada de la Defensoría Pública de las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Fue fue jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica, y luego fue jefa del Departamento de Evaluación y Control de la defensa en la época en que Paula Vial era la defensora nacional. Cuenta con un máster en Derecho Probatorio de la Universidad de Barcelona. En una entrevista de 2005 abordó su rol como defensora.

Quienes han trabajado con Encina la describen como “muy inteligente, con buen manejo de equipo y muy preparada”. También destacan que tiene amplia experiencia en el sistema judicial: litigando como defensora y resolviendo causas como jueza.

“Quien opta por ser defensor tiene una mirada más crítica de lo que debe ser el castigo; es decir, cree que hay que castigar, que hay delitos graves que se deben sancionar y que la sociedad se organiza de una manera, pero, a su vez, considera que el castigo no siempre sirve, no es tan útil y que a veces se pueden buscar otras alternativas”, dijo hace algunos años a Emol en una entrevista.

Quien es considerado una sorpresa en el concurso y, por ende, corre con el favoritismo del “externo” es Pablo Carvacho, abogado de la Universidad de Chile y con amplia trayectoria en el mundo académico. Actualmente trabaja en la Universidad Católica. No cuenta con experiencia en litigación, ya que su experticia son la investigación y las aulas.

Es cofundador y director de Investigación y Desarrollo del Centro Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente es miembro del consejo asesor experto en el desarrollo de la política penitenciaria y para la iniciativa técnica de gestión de casos complejos en el marco del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, ambas instancias del Ministerio de Justicia.

Quienes lo conocen aseguran que posee amplias redes en el mundo progresista, trabajando en el pasado en el Ministerio del Interior en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.