Una medida urgente ante aumento de homicidios: fiscal nacional envía a Alto Hospicio y Pozo Almonte a dos persecutores de la RM

Hace una semana exacta, un homicidio impactó a la comunidad de Alto Hospicio. A eso de las 4:30 de la madrugada del jueves 26 de enero cuatro sujetos descendieron de un vehículo intimidando a la víctima para que les pasara su celular. La mujer de 36 años se opuso y recibió dos impactos de bala en su contra, perdiendo de inmediato la vida. Unos días antes, un joven deportista de la zona también fue asesinado producto de un asalto a mano armada. Esta ciudad tiene la tasa más alta de homicidios a nivel nacional, con 20 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Los recientes hechos llevaron al alcalde, Patricio Ferreira, a suspender las actividades de verano e hizo un duro llamado al Gobierno: “necesitamos más policías, ahora ya. No queremos más muertos hospicianos”.

Las palabras del jefe comunal tuvieron eco en el fiscal nacional Ángel Valencia. Durante esta jornada decidió enviar a dos fiscales de la Fiscalía Oriente en comisión de servicio a la Región de Taparacá. El objetivo, dicen quienes conocen de la medida, que tiene carácter de urgente, es apoyar las labores de los persecutores de Alto Hospicio ante el aumento de homicidios registrados en la zona y a su vez dotar de mayor personal a la comuna de Pozo Almonte donde se ha registrado un fuerte incremento de juicios orales y denuncias anuales en la provincia del Tamarugal.

La decisión de la máxima autoridad del Ministerio Público fue estratégica. Como en la Región Metropolitana Oriente existen dos vacantes debido a la remoción de los fiscales Andrés Iturra y su cónyuge, María Constanza Izurieta -a causa de una investigación por lavado de activos-, Valencia decidió ocupar esos cupos trasladando investigadores a la zona norte y como la necesidad es urgente, se les envía primero en comisión de servicio. En compensación, la fiscalía que es liderada por Lorena Parra recibirá profesionales a honorarios.

El gran problema, dicen en la institución, para resolver los problemas de equidad entre regiones, es que el fiscal nacional no puede “crear” fiscales, ya que su número está fijado por ley y sólo puede redestinar persecutores escuchando previamente al consejo general de fiscales regionales. Por tal motivo se decidió como solución la comisión de servicio y luego se concursarán dichas vacantes. Junto con esto, cabe recordar que este año se discutirá con el Gobierno y el Congreso un nuevo plan de fortalecimiento del Ministerio Público y de ser favorable a nuevos cupos, se compensaría -justamente- a la Fiscalía Oriente.

El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, aseguró que “efectivamente en el norte faltan fiscales. A nivel nacional, según nuestros cálculos hay una necesidad de alrededor de 300 fiscales. Pero particularmente en Arica y Tarapacá se necesitan urgente más fiscales, eso es verdad y nosotros como asociación lo hemos insistido en la administración de Jorge Abbott insistentemente y también con el nuevo fiscal nacional hemos planteado que es urgente aumentar la dotación, especialmente las regiones que tienen un problema grave de sobrecarga. No solo en el norte, también en regiones como O’Higgins, en el Ñuble, Los Lagos”.

En ese sentido, expresó, “sería una muy buena noticia para el norte, es evidente que ahí hay una necesidad urgente de más fiscales, ahora no hay que olvidarse de las otras regiones tampoco. Pero no tengo idea cuál será la fórmula que va a usar el fiscal nacional para mandar fiscales. Esta es una medida que está muy bien, pero también hay que entender que en el Ministerio Público en general necesitan fiscales, no veo ninguna fiscalía regional que esté holgada de fiscales, entonces enviar fiscales al norte significa echar mano a otras fiscalías y eso es complejo, porque a ninguna fiscalía le sobran fiscales”.

Pese a esto, Bravo sostuvo que “puede ser una medida de corto plazo de urgencia, que uno lo puede perfectamente entender, en ese sentido nos parece bien, pero también es complicado echar mano a otras fiscalías”.

El diputado PC por la zona, Matías Ramírez, valoró la medida, aunque cree que es insuficiente. “La brecha respecto a funcionarios en el Ministerio Público se ha venido denunciando hace mucho tiempo, no solamente por las asociaciones de fiscales, inclusive por el mismo fiscal nacional, sino que los parlamentarios de la Región de Tarapacá que hemos manifestado que en comunas como Alto Hospicio o la provincia del Tamarugal, donde solamente existe un persecutor para una población que ha ido creciendo bastante rápido”.

Asimismo, el parlamentario expresó que “valoro que de manera excepcional se esté planteando este aumento en la dotación de fiscales, pero aún así resulta insuficiente. Creemos que en una región tan compleja como la de Tarapacá, donde hay delitos aduaneros, contrabando, delitos tributarios, corrupción, pero también delitos más violentos como homicidios, requiere un esfuerzo especial no solamente en el aumento de la dotación de fiscales, sino también en el personal adecuado para ir cerrando esta brecha que se viene desde hace mucho tiempo atrás y que en el último tiempo ha hecho evidente esta crisis institucional”.