Una misión para la DEA: Uruguay solicita ayuda a EE.UU. con narcotráfico

En los últimos años Uruguay ha venido enfrentando una ola de contrabando de cocaína, que ha traído consigo mayor violencia de pandillas en uno de los países más tranquilos de la región. Como señala Reuters, el año pasado un 1.1 millones de contenedores con envíos de cocaína llegaron a Europa desde el puerto de Montevideo.

En conjunto con eso, datos de las Naciones Unidas han venido denunciando un aumento significativo en las incautaciones, viendo que el puerto uruguayo ya es una etapa clásica en la ruta de la droga: si en 2017 se incautaron 144 kilos de cocaína, en 2021 esto aumentó a 2 toneladas, lo que marca un aumento del 1.300%.

Con sus 3 millones de habitantes, la violencia en Uruguay subió a niveles alarmantes, llegando a su récord en 2018 con 426 homicidios. Ahora, a eso se le suman los enfrentamientos entre narcotraficantes y el año pasado hubo 382 personas asesinadas.

Uno de los decomisos de droga más grandes que se realizaron en el último tiempo tuvo lugar en diciembre, cuando un contenedor en Amberes, Bélgica, intentó ingresar con dos toneladas de cocaína. La droga estaba escondida en cajas de budines y alfajores, y según señaló la Aduana belga provenía de Guayaquil, Ecuador, habiendo llegado luego a Montevideo y atravesado el Atlántico.

La Aduana belga difundió las imágenes de los alimentos con los que se camuflaba la droga, en una modalidad que los narcotraficantes usan frecuentemente para hacer pasar las sustancias.

La lucha contra las drogas se ha puesto cuesta arriba para el Estado uruguayo, luego de que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) se retirase del país en 2019. La decisión de la DEA de cerrar su oficina en Uruguay ocurrió un año antes de que el actual presidente asumiera el cargo. En aquel momento Estados Unidos argumentó que el cierre se debía a una redistribución de recursos.

La presencia de la DEA en Uruguay data de 2012, tras su regreso al país luego de una ausencia desde 1994. El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, expresó la urgente necesidad de su país de contar con el apoyo y la experiencia estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico. Lamentó que, a pesar de ser una nación de altos ingresos, Uruguay esté excluido de las donaciones antinarcóticos por parte de Estados Unidos.

Aunque en octubre de 2023 los representantes diplomáticos estadounidenses negaron cualquier plan de reapertura de una oficina de la DEA en Uruguay, contradiciendo el deseo expresado previamente por el exministro del Interior, Luis Alberto Heber. En septiembre, el secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, se reunió con la embajadora Heide Fulton en un intento de avanzar en este tema, pero no se han reportado avances sobre la reapertura.

Los detalles de la partida de 2019 no se habían revelado previamente, y a pesar de los repetidos pedidos del gobierno actual para el regreso del organismo, los funcionarios estadounidenses muestran poco interés, priorizando la crisis del fentanilo en su propio territorio. “Hoy en día todo se centra en el fentanilo”, comentó a Reuters Larry Reichner, exfuncionario de la DEA y subdirector regional para el sur de Sudamérica de 2015 a 2019: “La cocaína pasa a segundo plano”.

En medio de esta crisis de narcóticos, la “huida hacia adelante” ha ganado popularidad como opción, con los legisladores queriendo legalizar todas las drogas. Hace más de una década, una decisión del Congreso uruguayo llamó la atención mundial: legalizar la producción y venta de marihuana, convirtiendo a Uruguay en el primer país en hacerlo. La iniciativa, liderada por el entonces presidente José Mujica, contó solo con el apoyo del oficialista Frente Amplio y enfrentó fuertes críticas de los sectores conservadores, pero ahora el Parlamento uruguayo parece estar dispuesto a debatir la legalización de todas las drogas.

Según una encuesta realizada a los parlamentarios por El Observador, dos de cada tres legisladores uruguayos (el 65% exactamente) están “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con regularizar el mercado de “todas las drogas”. En el Frente Amplio, el 96% de los legisladores respalda esta idea.

Diego Sanjurjo, asesor del Ministerio del Interior, considera “racional” que los legisladores estén abiertos a nuevas posibilidades tras el fracaso del enfoque prohibicionista. “Desde la implementación de políticas prohibicionistas, cada año se producen, venden, compran y consumen más drogas ilegales; sin contar los enormes perjuicios que suponen para América Latina los mercados ilegales”, afirmó.