Una tormenta propia en Las Condes: suspenden a funcionarios por investigación de mantención de semáforos y Contraloría avanza en caso Cesfam

Dos son los flancos investigativos que debió abordar esta semana la Municipalidad de Las Condes. Y es que además del complejo sistema frontal que afecta al país, la administración de Daniela Peñaloza (UDI) también debió enfrentar su propia tormenta interna, luego de que suspendiera a cuatro funcionarios presuntamente implicados en hechos irregulares en la mantención de los semáforos de la comuna. A lo que se suma, además, que la Contraloría llegó hasta el edificio de la Avenida Apoquindo para avanzar en la investigación del denominado Caso Cesfam.

La decisión de suspender a los funcionarios municipales, por parte de la administración de la alcaldesa Peñaloza, surge a raíz de una investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Ministerio Público, organismos que investigan presuntos hechos de ilegalidad en la administración de los servicios de mantención de los semáforos comunales.

Lo anterior surgió a raíz de una denuncia presentada por la empresa Bramal, que actualmente presta ese servicio al municipio. Según el requerimiento judicial ante la FNE, dado a conocer por Radio Bio-Bio Investiga, la compañía que se adjudicó la mantención de dichas señales de tránsito denunció que Auter -firma que anteriormente realizaba los servicios-, mantenía relación en la operación actual de los semáforos en Las Condes.

Aquello derivó en que la FNE, además de la Fiscalía Regional Oriente, iniciaran una investigación por presuntos delitos económicos y en materia penal, dado que Bramal denunció que cada vez que quería hacer una modificación en el funcionamiento de los semáforos, debía realizar un pago a Auter, ya que la empresa dejó con una clave el software de las señaléticas.

La empresa, además, denunció que la Municipalidad de Las Condes les cursó millonarias multas por no cumplir con cambios al funcionamiento de los semáforos, pese a que estos se encontraban bloqueados por Auter. Denuncia que fue desmentida por esa empresa.

La mantención de los semáforos es un tema que ya había hecho ruido con anterioridad al interior de la Municipalidad de Las Condes, luego de que en el concejo municipal del 18 de marzo pasado, la concejala Catalina San Martín (Ind.-ex Evópoli) solicitara una comisión reservada luego de denunciar falta de mantención en los equipos. Comisión que finalmente se realizó el 24 del mismo mes.

“Con todo respeto, alcaldesa, pero si es verdad que a la municipalidad se le informó que existían fallas eléctricas graves en los semáforos de la comuna, o en algunos, que pueden poner en riesgo la vida de los vecinos y que no se haya informado, es de una negligencia enorme”, sostuvo la concejala esa vez en la que se dio a conocer al concejo la disputa judicial en la FNE y la investigación del Ministerio Público.

Por ese entonces, y en paralelo, Bramal también denunció presuntos hechos de irregularidad que involucrarían a funcionarios municipales, lo que también fue recogido en el reportaje de Radio Bio-Bio. Y es que según dio cuenta la empresa, luego de que Auter dejara la compañía, la Municipalidad de Las Condes contrató a dos extrabajadores de la empresa: Natacha Jaña, quien asumió como inspectora técnica de la nueva licitación, y Luis Vergara; inspector de tránsito del municipio. Ambos funcionarios se encargaban de fiscalizar, entre otras cosas, la operación de la nueva empresa.

A raíz de aquello, el Ministerio Público también investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y fraude al Fisco, luego de que además, al terminar el contrato con Auter y ser adjudicado a Bramal, la administración de Peñaloza devolvió la boleta de garantía a la empresa saliente a pesar de que había semáforos defectuosos que no fueron arreglados por la empresa antes de irse.

Son precisamente Jaña y Vergara dos de los cuatro funcionarios que recientemente la Municipalidad de Las Condes acaba de suspender por 60 días mientras realiza el sumario administrativo. Pero además, la administración municipal también hizo lo mismo con Óscar Arévalo, director de Tránsito, y Javier Sandoval, subdirector del mismo departamento.

Consultados al respecto, desde la Municipalidad de Las Condes señalaron que “la alcaldía fue notificada de la decisión adoptada por la fiscal municipal de suspender temporalmente de sus cargos a cuatro funcionarios de la Dirección de Tránsito. Esta determinación se origina en un sumario instruido por la alcaldesa Daniela Peñaloza, tras recibir antecedentes de presuntas irregularidades en un proceso de licitación de semáforos y otras situaciones, los cuales fueron puestos además a disposición de la FNE el 20 de octubre de 2023 y ante el Ministerio Público en enero de 2024″.

“Esperamos que este proceso determine las responsabilidades pertinentes y se apliquen las sanciones que correspondan en caso de comprobarse cualquier tipo de irregularidad”, señaló el ente edilicio consultado por este medio.

Al flanco en la dirección de Tránsito, además la municipalidad sumó que este miércoles durante horas de la tarde, llegaron hasta el edificio de la Avenida Apoquindo 3400, funcionarios de la Contraloría para notificar los cargos que se siguen en contra de una decena de funcionarios por el denominado Caso Cesfam. Por lo mismo, los fiscalizadores se reunieron en una sala de reunión con todos los indagados administrativamente, según señalaron fuentes de La Tercera.

Lo anterior, luego de que el ente fiscalizador abriera un sumario en contra de la propia alcaldesa Peñaloza; Ricardo Gutiérrez, secretario general de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes; Alejandro Contreras, secretario de planificación del municipio, y el resto de los funcionarios, luego de que la Contraloría emitiera un contundente informe tras la denuncia de los concejales Catalina San Martín, Patricio Bopp (ex UDI), Leonardo Prat (Ind.-Republicanos), Catalina Ugarte (Republicanos) y el fallecido edil Sergio Melnick (Republicanos).

En ese informe, tras el cual Contraloría abrió el sumario y los cargos fueron notificados este jueves, la entidad encabezada interinamente por la contralora Dorothy Pérez detectó graves faltas a la probidad en la millonaria compra de un terreno y de una serie de inmuebles para construir el tercer Cesfam de la comuna.

La indagatoria que concluyó en octubre del 2023 determinó que la Municipalidad de Las Condes no se ajustó “a los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, control y eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública”, señaló el escrito publicado en aquel entonces por La Tercera.

A raíz de esos reparos, Contraloría actualmente mantiene abierto el sumario que permitirá determinar las presuntas responsabilidades en aquellas falencias administrativas y por las cuales, además, la Fiscalía investiga presuntos delitos en el denominado Caso Cesfam.