Universidades: Los otros artículos de la ley por donde asoman las ganancias

Fue una revisión de rutina respecto de las normas de la nueva Ley de Educación Superior que requieren de quórum calificado, en este caso 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio, lo que permitió que el Tribunal Constitucional modificara el polémico artículo 63 que prohibía a las universidades contar con sostenedores que tengan fines de lucro. Así al menos lo sostienen tres integrantes de la entidad que aseguran a La Tercera PM que, a diferencia de lo que se ha dicho, la presentación realizada por Pilar Armanet, actual rectora de la Universidad de las Américas, en representación de la Corporación de Universidades Privadas, fue sólo un "téngase presente" que se incorporó a los "antecedentes" de la resolución, pero que no fue analizado. Tampoco fueron decisivas, agregan, otras dos presentaciones similares.

La explicación da cuenta entonces de que, de mutuo propio, el organismo criticado por actuar como una "Tercera Cámara" -por su facultad para establecer modificaciones drásticas en leyes largamente discutidas en el Congreso-, determinó durante el control preventivo obligatorio de la ley que, en primer lugar, la norma debía ser considera como Ley Orgánica Constitucional y, posteriormente, que no correspondía su aplicación, por su contenido.

Según el abogado constitucionalista, Christián Viera, se está ante un subterfugio usado por los establecimientos que resultaban perjudicados por la ley, ya que si bien sus planteamientos no serán incorporados en el fallo, que aún no se conoce en detalle, sí son clave para que el TC pusiera el foco en este engranaje. "En su omnipotencia, el TC modificó, nuevamente, lo que se había aprobado por el Congreso sin existir ni siquiera en este caso una reserva de constitucionalidad de parlamentarios. Esto es grave", añade.

Fuentes del Tribunal agregan que la presidencia de Iván Aróstica-un hombre de derecha- se ha hecho sentir en la conducción del debate y que ha sido su mirada la que ha permitido intervenir en temas como el Aborto y ahora Educación.

Fórmulas para lucrar

Pero a pesar del revuelo por el fin del artículo 63, esta mañana entendidos en la materia se preguntaban por qué no se puso el mismo énfasis político en los artículos que van desde el 71 al 75 de la la nueva ley de educación superior. Y es que a pesar de que en la nueva legislación la superintendencia de Educación superior cumplirá un rol clave en vigilar que no se produzcan transgresiones a la ley, es en estos artículos mediante los cuales se permitiría que los controladores de universidades obtengan ganancias de estas. Si bien se prohíbe le negociación entre partes relacionadas para el arriendo de sedes, que era la fórmula extendida para extraer utilidades, se autoriza a entregar ciertas prestaciones a precio de mercado, con mecanismos que aseguren competitividad, con acuerdo e información al Consejo de la Universidad de los contratos, etc.

Así, por ejemplo, quedaban fuera de la ley los contratos por supuestos servicios y uso de propiedad intelectual entre las universidades Andrés Bello, de Las Américas y de Viña del Mar con su grupo controlador Laureate que reveló ayer Ciper Chile y que, según una investigación del Mineduc , es una grave vulneración a la ley que prohíbe el lucro en las universidades.

"Lo que trata de establecer desde el artículo 63 en adelante eran los límites de los gastos relacionados y conflictos de interés. Se mantenía, pero muy limitado" destaca el diputado Giorgio Jackson.

El tema ahora añade, es que se da manga amplia. "Me imagino que las empresas están buscando las grietas, deshecha la ley, mayor es la trampa. El rector Carlos Peña fue bastante enfático en su columna. Laurate es un empresa que armó tanto alboroto porque ellos divisaron la grieta para lucrar si se caía el artículo 63. Dijeron hace una semana que podían desconsolidar sus activos en Chile si la ley se mantenía tal cual. El TC falló a favor de ellos y nos violenta que un órgano sin legitimación borre de un plumazo una decisión ya tomada", dijo.

Con el actual fallo del TC, añade a La Tercera PM el diputado Gabriel Boric, se vuelve a foja cero en la materia. "La ley mantiene prácticamente la misma estructura que tenía antes de que se aprobará en el Congreso esta reforma", explica.

En rigor, Boric, al igual que Jackson, votó en contra del artículo 63. Asegura que lo hizo como un modo de presión para subir los requisitos en el Senado y prohibir el lucro en todas las entidades de Educación Superior, no sólo las Universidades, sino también, por ejemplo, los Centros de Formación Técnica. Pero una vez que sólo se consiguió ese piso, se tenía que defender. "Nosotros presentamos indicaciones en primera instancia para que fuera extensible a todo el sistema de educación superior. Estas últimas se rechazaron. Nosotros, entendiendo que el otro artículo era un 'mínimo' lo rechazamos en primer trámite para meter presión al Senado y que no retrocedieran de ese mínimo".

Lo que ha ocurrido esta semana, agrega, es que empresas como Laurate "van a poder participar en el control de universidades nacionales y seguir perpetuando prácticas que facilitan el lucro de privados en educación. Es indignante, pero con este fallo del Tribunal Constitucional empresas como Laureate podrán seguir haciendo negocios a costa del sacrificio de miles de familias chilenas".

Sobre el TC, remata que "en Chile queda demostrado que no hay un marco institucional para una democracia que sea representativa de los intereses de la ciudadanía. Como he señalado, el TC no está defendiendo la Constitución, sino dañando la democracia y como se toma atribuciones que no tiene, termina disparando lo que dice defender. Frente a tanta arbitrariedad, sólo queda volver a plantear la necesidad de una nueva Constitución".