Van a la justicia internacional: Suprema rechaza amparo que buscaba evitar expulsión de la madre de dos niñas chilenas

Era el último recurso judicial en Chile y fracasó. El lunes 29, la Corte Suprema rechazó un amparo que la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado interpuso en representación de las dos hijas de Astrid, ciudadana peruana sobre quien pesa una orden de expulsión emitida por el ministerio del Interior desde 2016, y ratificada en esta administración.

Astrid está apunto de ser separadas de sus hijas debido a una condena de tres años y 1 día que enfrentó en 2015 -y que ya pagó con firma mensual -, por una violación a la ley 20.000 (drogas). Un episodio en el que la involucró su padre durante una visita suya a Chile.

El amparo que la Suprema rechazó apuntaba a la arbitrariedad de la orden de expulsión contra la madre de las niñas de 13 y 7 años, quienes residen en Valdivia y se convirtieron en una causa de especial atención para la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Penal Pública.

Ante la Corte Suprema, la clínica jurídica de la UAH apeló  al daño sicológico al que se expone a las menores al ser separadas por la fuerza de su principal soporte familiar, y la vulneración de tratados internacionales suscritos por Chile.

Pero los ministros Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama y Jorge Dahm acogieron los argumentos de la Corte de Apelaciones que en su fallo defendió la atribución de expulsar de la autoridad administrativa.

La decisión no fue unánime. Los ministros Hugo Dolmestch y Lamberto Cisternas, según consigna el informe de la causa, "estuvieron por revocar la sentencia apelada y por acoger la acción constitucional intentada, teniendo en consideración para ello el arraigo con el que cuentan las menores amparadas, quienes tienen la nacionalidad chilena y se encuentran actualmente cursando la enseñanza básica, por lo que de materializarse el acto impugnado se estaría vulnerando su interés superior reconocido por los Tratados Internacionales ratificados por Chile".

Tomás Pascual, jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría, dijo que es "es lamentable" que la segunda Sala de la Suprema rechazara el amparo. "La esperanzan estaba puesta en el tribunal. Hoy sabemos que la autoridad administrativa defiende la idea de que personas que han enfrentado situaciones penales en el pasado, no estén en el país".

Pascual defiende que el caso de Astrid y sus hijas menores de edad está fuera del parámetro que justifica la expulsión de extranjeros del país y que no ha sido considerado en sus particularidades, pues se trata de una ciudadana que tiene residencia en Chile desde 2009, que no tuvo participación directa en el ilícito por el cual se le condenó y que hoy es una emprendedora reconocida en la región de los Ríos. Insiste en que el decreto de expulsión resulta "desproporcionado".

La siguiente puerta que Astrid y sus hijas tocarán -a través de la Clínica Jurídica de la UAH- será la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Allí la familia ingresará una petición contra el Estado del Chile para la protección de las niñas, bajo el argumento de que sus derechos se verán vulnerados en caso de separación de la madre.

Los defensores de Astrid y su familia tienen a la vista que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado antes respecto a decretos de expulsión. Lo hizo el pasado 15 de octubre en el caso de una mujer venezolana que había sido expulsada de Panamá, a la cual benefició con medidas cautelares.