Postergado proyecto de aborto libre del gobierno apunta a 14 semanas de gestación y se inspira en la legislación alemana

Una de las propuestas programáticas más llamativas del ahora Presidente Gabriel Boric fue la promoción del aborto legal más allá de la norma vigente, que en la actualidad despenaliza la acción en tres causales: riesgo materno, inviabilidad fetal y violación. La promesa tomó más forma durante su reciente tercera cuenta pública, cuando anunció que presentaría el proyecto de ley en el segundo semestre de este año.

Pero hasta este lunes y con apenas una semana para que terminara el año y con ello se cumpliera el plazo autoimpuesto, las novedades escaseaban, según dio cuenta una nota de La Tercera donde se señalaba, además, que el Ejecutivo estaba a la espera de un trámite en Contraloría para poder avanzar. El tema es que estas razones llevaron a que la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, tuviera que informar avanzada la jornada del aplazamiento de la presentación del proyecto de aborto sin causales, con un nuevo plazo en el horizonte.

En concreto, la secretaria de Estado indicó este lunes que la postergación se debe a que se retirará de Contraloría el reglamento de la ley de interrupción del embarazo en tres causales, que regularía la objeción de conciencia, cuyas modificaciones habían sido ingresadas el 31 de mayo ante el ente fiscalizador, un día antes del anuncio del gobierno del nuevo proyecto.

En entrevista con Tolerancia Cero, Orellana explicó que esta última decisión se enmarca en comentarios “de forma”, en torno a que algunos de los contenidos que estaban en el escrito no eran “materia de reglamento” y debían ser ingresados en el proyecto en sí para no “quedar fuera de la idea matriz” del mismo.

“Normalmente en todo proceso de redacción de reglamentos con la Contraloría General de la República hay iteraciones de forma. Hemos recibido ya los comentarios de forma y vamos a retirarlo, reingresarlo con esos comentarios de forma, a la espera de que tengamos una toma de razón lo más próxima posible”, sostuvo, aseverando que “es un proceso que es muy habitual, de interacción, o sea, comentarios van, retroalimentación…”.

De este modo, confirmó la postergación del ingreso del proyecto de ley de aborto legal sin causales, quedando en suspenso hasta que Contraloría tome razón de los reglamentos de la actual normativa. Ahora el Ejecutivo tiene como nueva fecha tentativa marzo del próximo año.

Y aunque se postergó la presentación del proyecto, la ministra adelantó que ya están afinando los últimos detalles del mismo e incluso afirmó cuál podría ser el límite de tiempo que su proyecto permitirá el aborto: “Estamos dialogando actualmente con las parlamentarias para buscar lo que se conoce como un máximo viable, es decir, cuánto concita el mayor apoyo dentro de los sectores que están a favor dentro del Congreso. Ahora, en particular, lo que hemos estado mirando es la legislación de países como Alemania. Eso es en torno a las 14 semanas, pero está en debate y en trabajo prelegislativo”.

En Alemania el aborto está regulado por el artículo 218 del Código Penal de ese país, está prohibido y se considera un delito penal. Sin embargo, un aborto queda exento de castigo si se realiza durante los tres primeros meses de gestación y la mujer embarazada ha recibido asesoramiento previo. También está expresamente permitido tras una violación, o si la vida o la salud física o mental de la mujer corren peligro.

Otra regulación similar es la de España, donde la normativa permite la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 sin necesidad de justificación, y hasta la semana 22 en casos de riesgo grave para la vida o salud de la persona gestante, o anomalías fetales graves.

Mientras que en países cercanos a Chile la situación no es distinta: en Argentina, desde el 24 de enero de 2021, con la entrada en vigencia de la Ley 27.610, las mujeres tienen derecho a interrumpir su embarazo hasta la semana 14 sin necesidad de justificar su decisión. Por otro lado, en Uruguay, desde 2012 el aborto es legal antes de las 12 semanas de gestación, siempre que la paciente realice una consulta médica en el Sistema Nacional Integrado de Salud para exponer las razones que le impiden continuar con el embarazo.

24 horas antes del anuncio que hizo Boric en junio de este año, el Ministerio de Salud ingresó un escrito para modificar el decreto supremo que aprueba el reglamento para ejercer la objeción de conciencia en la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo (Ley IVE) -norma 21.030- en tres causales: riesgo materno, inviabilidad fetal y violación.

Y es que hasta hoy la aplicación de la Ley IVE ha estado marcada por dos aspectos claves: la garantía de acceso al aborto por parte de la paciente y la objeción de conciencia como prerrogativa del personal de salud para negarse a practicar el procedimiento. En ese contexto, las modificaciones enviadas por la cartera sanitaria -y ahora retiradas- apuntaban a favorecer a aquellos que no se oponen al procedimiento, y asegurar el acceso al mismo para quienes lo busquen, con distintas medidas para promoverlo.

En concreto, el reglamento que se está estudiando busca mejorar la implementación de la ley vigente. Por ejemplo, quienes decidan no realizar la interrupción deberán dejar su decisión manifestada por escrito antes de la recepción de una solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, con el objetivo de elaborar un formulario. Con esta información, “los jefes de servicios y unidades vinculados a la ginecoobstetricia tendrán acceso al listado actualizado mencionado en el inciso anterior, para favorecer la presencia de personal no objetor en la distribución de los turnos. Igualmente, tendrá acceso el personal administrativo que participe en la distribución y asignación de la atención de salud”, detalla el documento.