El pasado lunes, un grupo de la Policía de Investigaciones de Chile se trasladó antes del mediodía hasta las dependencias de la Municipalidad de Vitacura para incautar los computadores de tres funcionarios que son investigados a raíz de una denuncia por irregularidades en el pago de subvenciones en los “programas Vita” durante la administración del ex alcalde Raúl Torrealba del Pedregal (72).

El otro grupo de policías se dirigió a la casa del ex jefe comunal, un militante histórico de RN y quien se mantuvo en el cargo entre el 6 de diciembre de 1996 y el 28 de junio de 2021, y debido a la Ley Nº 21.238 que prohíbe la reelección de autoridades, debió dejar el sillón edilicio.

Con orden de entrada y registro en mano, los efectivos se hicieron presente en las puertas de su domicilio en la misma comuna que lideró por 25 años, ubicado en calle Parque Antonio Rabat, sector de Santa María de Manquehue.

Todo esto en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Alta Complejidad Metroplitana Oriente, que encabeza el fiscal Felipe Sepúlveda por los presuntos delitos de falsificación de instrumento privado, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales.

Del lugar se llevaron una serie de documentos. Sin embargo, él no estaba en su casa, pues desde que dejó el mando del municipio decidió viajar al sur a descansar, según dicen sus cercanos, y se ha desconectado de lo que sucede en la capital. Por ello es que la policía no pudo acceder a su teléfono ni a su computador. Hoy su WhatsApp solo deja un check, lo que significa que los mensajes aparecen enviados, pero no recibidos, por lo que su celular podría estar apagado o sin señal.

Todo comenzó cuando a mediados de julio, la administración de la alcaldesa Camila Merino (Evópoli), que lo sucedió en el municipio, detectó irregularidades en el pago de subvenciones a programas Vita. Por lo mismo, el Director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Vitacura, Mauricio Irarrázabal Cerca, quien arribó con la nueva jefa comunal, citó a una reunión a Domingo Prieto (75), expresidente, ex representante legal del Consejo Local de Deportes de Vitacura, Vita Salud y Vita Deportes.

En dependencias de la corporación, el ex directivo y cercano al ex alcalde Torrealba informó de la existencia de irregularidades relacionadas con la posible falsificación de su firma estampada en documentos e instrumentos de carácter privado y públicos sobre diversas solicitudes y trámites ingresados en la municipalidad, así como también anomalías vinculadas a la administración de aportes y subvenciones otorgadas por a las instituciones que representaba. Acto seguido dijo que se trataría de conductas que él desconocía, sintiéndose afectado. Además señaló que de alguna manera ha sido testigo presencial de ciertas irregularidades y que efectuaría la denuncia respectiva ante el Ministerio Público.

El caso es que a finales de julio, la alcaldesa Merino decidió presentar una denuncia ante la fiscalía. Asimismo, encomendó un sumario interno que lidera la División de Control y espera que durante el mes de octubre hacer públicos los resultados, dijo en la última sesión del conejo municipal realizada el pasado miércoles 18 de agosto.

La semana anterior la jefa comunal se reunió con los concejales para contarles lo que estaba ocurriendo y los ha mantenido al tanto, porque busca “que ellos no se enteren por la prensa primero”, dijo una funcionaria cercana al municipio.

La tarde del pasado martes, al día siguiente de la incautación de los computadores, y el allanamiento de la casa de Torrealba, Merino citó a una reunión a los concejales para evitar que se enteraran por la prensa.

Quienes asistieron la cita explicaron a La Tercera PM, que no entregó mayor información sobre el proceso judicial y les comunicó que el municipio suspendería de sus funciones a los tres funcionarios, cuyos computadores fueron incautados.

Se trata de José Bucarey, director Administración y Finanzas; Sergio Beaumont Araya, contralor municipal, y Antonia Larraín Prieto, directora (S) Desarrollo Comunitario. Esta última es sobrina de Domingo Prieto y ya no estaba cumpliendo funciones como directora al asumir la nueva administración.

El alejamiento de sus funciones se realiza a modo de evitar cualquier tipo de obstáculo a la investigación. Sin embargo, la acción no implica una suspensión a sus remuneraciones. Según consta en Transparencia Activa, el contador José Bucarey, recibe una remuneración mensual de $5.299.226. Mientras que el abogado Sergio Beaumont y la publicista Antonia Larraín: $5.299.226 y $5.486.600, respectivamente.