Vuelos en helicóptero en cuarentena: El incierto escenario que se abre para Kaufmann, Morgan y Urenda

No esperaba la noticia y, por lo mismo, no le cayó nada de bien. Con molestia y decepción -cuentan sus cercanos- reaccionó Cristóbal Kaufmann Bunger (78) -fundador del grupo representante de Mercedes-Benz en Chile- al conocer la sanción que le impuso este lunes la Seremi de Salud de Santiago por su vuelo en helicóptero a su segunda vivienda en la comuna de Zapallar durante la Semana Santa. Para la autoridad, el empresario infringió dos medidas dispuestas por la autoridad. Uno: incumplir la cuarentena de su comuna (Vitacura). Y dos: no respetar el cordón sanitario de la Región Metropolitana.

La resolución notificada el pasado lunes, le ordenó al empresario pagar una multa de 300 Unidades Tributarias Mensuales UTM (unos $15 millones). Si bien ha cuestionado privadamente la sanción, aún no decide si apelará o finalmente pagará el monto para cerrar el capítulo. Según comentan fuentes cercanas al proceso, el piloto dueño de un helicóptero alemán Bölkow 105 LS, ha señalado sentirse decepcionado del trato recibido, pues -a su juicio- no toma en cuenta su dilatada experiencia de vuelo como piloto rescatista a beneficio de la comunidad. “Es el pago de Chile”, ha dicho a sus cercanos.

El día 3 de abril, Kaufmann -según el manifiesto de vuelo- viajó junto a su esposa Mica Lynn (49) a su segunda casa ubicada frente a la playa de Cachagua. Diez días después -por medio de un correo electrónico y al conocer el avance del virus en la capital- se autodenunció, asegurando que se trasladó debido al temor a contagiarse, pues un vecino de su edificio padecía la enfermedad.

Pero él no es el único empresario cuestionado por vulnerar la cuarentena durante la festividad religiosa. De igual manera, fueron requeridos por la autoridad aérea José Manuel Urenda Salamanca (67), presidente de Agunsa, y Felipe Morgan Román (55), director ejecutivo de Hobbins Propiedades.

En medio de la pandemia, los tres dijeron tener razones distintas para viajar, pero los une un denominador común: haber volado a la costa desde comunas del sector oriente de la capital y formar parte de un selecto chat de WhatsApp. Sin embargo, el futuro de sus investigaciones sigue siendo incierto en tres frentes. A la indagatoria de la autoridad sanitaria se suman las pesquisas del Ministerio Público -investigación que fue abierta de oficio el 13 de abril- y las diligencias de la Dirección General de Aeronáutica Civil, siendo esta última la que más genera preocupación a los tres debido a las sanciones.

Según el artículo 185 del Código Aeronáutico (Ley Nº 18.916) que rige las disposiciones de la DGAC, las sanciones van desde “una amonestación escrita” al extremo de “la cancelación definitiva de los permisos o licencias”. Igualmente entre las opciones también figura una multa que va del rango de cinco a 500 ingresos mínimos mensuales.

Desde la DGAC le comunicaron el viernes pasado a Kaufmann que su investigación se encuentra formalizada. Le enviaron un cuestionario de preguntas cuyas respuestas debe presentar durante esta semana, pues el proceso es online debido a la pandemia. Su proceso ha avanzado más rápido que los otros debido a que existe una autodenuncia.

Ante la autoridad sanitaria, el asunto es distinto e implica escalar el conflicto. Kaufmann tiene dos opciones, las que evalúa el abogado José Luis Riesco, quien declinó efectuar comentarios sobre este artículo por instrucciones de la familia de su cliente. La primera se trata de apelar a la resolución sancionatoria. La segunda, sería “cerrar el capítulo” y pagar la multa impuesta por la Seremi de Salud. En caso de optar por el primer camino el procedimiento es simple, pero no menos engorroso, dicen conocedores del caso. En efecto, a partir de su notificación cuenta con 5 días hábiles para presentar un recurso administrativo ante el superior jerárquico de la autoridad sanitaria, correspondiendo el propio Ministerio de Salud que encabeza el doctor Jaime Mañalich.

En paralelo, la DGAC informó que a la fecha se encuentra tramitando ocho causas infracciones, derivadas de vuelos durante cuarentena; infringiendo fronteras sanitarias o traslado a segunda vivienda.

A diferencia del empresario automotor, el caso de Urenda ante la DGAC no presenta avances sustantivos, pues no se le han formulado cargos. Según ha dicho a sus cercanos, le llegó una notificación hace tres semanas para explicar el vuelo realizado, detallando sus permisos. Posteriormente, la autoridad -por una dificultad en la lectura de los documentos presentados- le solicitó que sean enviados nuevamente.

Según trascendió, en su presentación el empresario naviero -que voló desde el aeródromo de Vitacura a su casa en Cachagua- advirtió a la DGAC que el día 7 de abril, cuando efectuó su vuelo no existía prohibición para volar. La defensa de Urenda ha recalcado a la autoridad aeronáutica que durante su vuelo no existía un cordón sanitario que restringiera la entrada y salida en la Región Metropolitana, pues éste se estableció el jueves 9 de abril a partir de las 18 horas hasta las 22 horas del 12 de abril. El empresario ha apoyado su versión con la resolución del 3 de abril que informó el Ministerio de Salud en el Diario Oficial.

El vuelo -dijo- fue aprobado por la autoridad pertinente y en su manifiesto se informó que se volaba con salida desde Tobalaba y regreso al mismo aeródromo. Su vuelo se extendió por un cuarto de día, regresando durante la tarde, habría recalcado, en línea con su relato a La Tercera PM.

Sobre este tema, el empresario inmobiliario Felipe Morgan ha recalcado -según cuentan sus cercanos- que su vuelo a Santo Domingo respondió a necesidades humanitarias. El 7 de abril, el piloto a bordo de su nave trasladó a una persona de avanzada edad que había sufrido un trauma ocular a Santiago.

Según ha señalado a sus cercanos, él entregó todos los antecedentes que le solicitó la Policía de Investigaciones (PDI). No ha hecho seguimiento al caso, pues cree que cumplió con la normativa vigente y a la fecha la DGAC no le ha requerido mayor información.

“En términos generales, en este tipo de procedimiento está contemplado el recurso de reposición ante el Director General de Aeronáutica Civil y el de reclamación ante el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, según el tipo y la cuantía de la sanción aplicada”, respondió la DGAC a la consulta por este medio.