¿Y la ley Chao Cables? A casi cinco años de su promulgación aún no cuenta con reglamento para su aplicación

El paso del sistema frontal durante la semana pasada no solo provocó la anegación de calles y el corte de luz en miles de hogares a nivel nacional, también dejó en evidencia marañas de cables en desuso de poste a poste, peligrosamente sueltos, cruzando veredas e iniciando fuego al tomar contacto con árboles o algún tipo de vegetación. Esta mañana, incluso, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), apuntó al “cablerío inútil” colgando en las calles. “Aquí hay problemas de Enel, de la Superintendencia, de quienes no han sacado el reglamento... esto es un cúmulo de problemas”, señaló.

La denominada “chatarra aérea”, ha ido en aumento con el paso de los años, incluso en 2019 se promulgó una norma que establece sanciones a las empresas que no los desintalen cuando ya no son utilizados. Se trata de la Ley 21.172, que regula el tendido y desinstalación de líneas aéreas y subterráneas, incluído los ductos y cajas de control, entre otros elementos.

Pero a casi cinco años de su promulgación, hoy la iniciativa ha sido considerada “letra muerta”, y es que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), liderada por Claudio Araya, aun no completa el reglamento necesario para su aplicación. La Subtel señaló que el reglamento de la Ley Chao Cables se encuentra ingresado en Contraloría desde junio para su revisión, aunque ahí refutan esa versión. Es más, desde el órgano contralor sostienen que el reglamento fue retirado por el propio Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) el pasado 3 de mayo.

Con reglamento o no, desde la Subtel afirmaron que las municipalidades hoy cuentan con herramientas que les permiten ejecutar los retiros de escombros aéreos de telecomunicaciones. Por lo que la ley se sigue ejecutando pese a no contar con reglamento.

En rigor, la norma establece que las empresas que cuenten con líneas aéreas o subterráneas de servicios de telecomunicaciones tendrán un plazo máximo de cinco meses para su ordenación desde la calificación de desecho. Aunque, sin perjuicio de lo anterior, en el caso de que lo anterior no se cumpla, “los municipios podrán retirar estos elementos acosta de aquellas”.

La Subtel afirmó a La Tercera que la ley tiene disposiciones vigentes, como la modificación al artículo 18 a la Ley General de Telecomunicaciones “donde se establece que las empresas son responsables de los tendidos y en caso que hayan dejado de ser utilizados para los fines autorizados serán calificados como desechos y deberán ser retirados por la respectiva concesionaria”.

Es más, habrían tres caminos a seguir: guiarse por sus ordenanzas municipales; hacer uso de las mesas de retiro de cables donde la Subtel actúa de mediador; o enmarcarse bajo el oficio circular entregado por la subsecretaría el 23 de abril de este año que establece las atribuciones de los municipios en esta materia.

“Sin perjuicio de los que se establezca en el respectivo reglamento, los municipios cuentan con facultades para ordenar el retiro de cables de servicios de telecomunicaciones que se encuentren en desuso, cuando dichos elementos no estén asociados a la prestación efectiva de dichos servicios, y/o estén perjudicando el uso principal de los bienes donde están colocados o ubicados, y/o no cumplan la normativa vigente, entre ellas las ordenanzas municipales respectivas”, se lee en el documento entregado a las 345 municipalidades.

Pero algunos municipios han criticado la medida, pues no todos cuentan con la misma mantención, gestión ni recursos para encargarse del despliegue:

“Habiendo transcurrido casi cinco años aun no tenemos el reglamento que hace imposible y riesgoso para las municipalidades poder intervenir las cablerías y que puede incluso estar con electricidad y no tienen los elementos técnicos para poder determinar cuáles son cables en desuso y cuáles no. Una tarea compleja. Por eso la necesidad de que ojalá se obtenga lo antes posible el reglamento a la ley”, afirmó el abogado y miembro del Centro de Gestión de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), César Rojas.

La Reina ha sido una de las comunas más afectadas por este tipo de retiros. Incluso durante 2023 la empresa de telecomunicaciones Movistar tuvo que pagar una multa de más de $35 millones a la municipalidad por “escombros aéreos”.

“Es una verguenza que a 5 años de la promulgación aun no contemos con un reglamento que nos permite trabajar con claridad y competencia. Los municipios todos los días nos hacemos cargo de las emergencias y urgencias sociales, pero estamos saliendo a la calle sólo con voluntad. La basura aérea es mucha. Es un peligro constante y con un reglamento, claramente, podemos agilizar el proceso de retiro”, sostuvo el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI).