Yasna Provoste arremete contra secretario del Senado: “Bajo su conducción se ha roto el clima de respeto”

Un voto de confianza entregó el lunes 29 de julio la Comisión de Régimen Interior del Senado al secretario de la corporación, Raúl Guzmán, ante la seguidilla de acusaciones de irregularidades y malos tratos laborales.

La última ofensiva contra Guzmán fue protagonizada por el exfiscal del Senado Javier Norero, quien presentó un recurso de protección para revertir su despido (actualmente en manos de la Corte Suprema) y expuso sus denuncias a la mencionada instancia de la Cámara Alta, integrada por representantes de la mayoría de las bancadas y encargada de supervisar el trabajo administrativo de toda la institución.

Sin embargo, ese respaldo se tomó sin la presencia de la senadora Yasna Provoste, jefa de bancada de la DC, quien es una de las principales detractoras de Guzmán. El 29 de julio ella se encontraba fuera del país, acompañando al Presidente Gabriel Boric en su gira por Medio Oriente.

“Como es de público conocimiento, no siempre he estado de acuerdo con las decisiones que ha tomado la Comisión de Régimen Interno del Senado y con algunas actuaciones del secretario general. He venido planteando y denunciando por largo tiempo las prácticas laborales abusivas contra los funcionarios del Congreso, también el incumplimiento de normas del Estatuto Administrativo que se aplican supletoriamente a los funcionarios del Congreso Nacional”, dijo la jefa de bancada falangista, quien el año pasado lideró una inédita protesta contra Guzmán en la sala del Senado por el mal clima laboral.

“¿Cuándo el Senado había estado demandado por organismos internacionales?”, se preguntó retóricamente Provoste en alusión a la reclamación ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT que presentaron agrupaciones de funcionarios.

“Como senadores tenemos el deber de cautelar el respeto a los derechos laborales de las y los funcionarios del Senado, y la Secretaría General tiene que trabajar para construir que exista ese adecuado clima laboral que apoye la labor legislativa. Esto evidentemente no ha estado ocurriendo con el actual secretario general”, comentó.

La senadora Provoste añadió que “el secretario general debe actuar con apego a la legalidad que regula al Congreso Nacional y respetar su condición de ser una institución republicana donde históricamente se ha generado un clima de respeto entre los parlamentarios y los funcionarios que la integran. Eso se ha roto bajo su conducción en el Senado”. “Insistiré en la Comisión de Régimen Interno que se actúe con apego a la normativa y jurisprudencia vigente, y se respete el derecho indiscutido de las y los trabajadores de la corporación”, concluyó.

La postura de Provoste, sin embargo, aún es minoritaria en el Senado, por lo tanto, la permanencia de Guzmán está asegurada mientras cuente con el apoyo mayoritario de los senadores.

Dado que es un funcionario de confianza, elegido por los mismos senadores, el secretario puede ser removido en cualquier momento, pero también su cargo es de tiempo indefinido.

Al menos en la Comisión de Régimen la mayoría de los senadores lo respaldan: “En relación a una solicitud remitida por el exfuncionario del Senado, señor Javier Norero Urrutia, la H. Comisión de Régimen Interior, en sesión celebrada este lunes 29 de julio, acordó ratificar y reconocer la labor realizada por el secretario general del Senado, señor Raúl Guzmán Uribe”,

“En conformidad a los antecedentes estudiados, esta comisión respaldó de manera unánime las actuaciones del secretario general, en su calidad de jefe superior del servicio. A juicio de la instancia, dichas facultades se han ejercido con total cumplimiento a sus facultades y atribuciones reglamentarias y con estricto apego a la legalidad”, decía aquella resolución del 29 de julio, acordada por el presidente del Senado, José García (RN), su vicepresidente Matías Walker (Demócratas), Juan Luis Castro (PS), David Sandoval (UDI) y Rafael Prohens (RN). Además de Provoste, ese día no estaba tampoco el senador Jaime Quintana (PPD), quien, en todo caso, ha apoyado a Guzmán en el pasado.

Ya son varios los episodios conflictivos que se acumulan en los últimos años -algunos de los cuales han terminado en tribunales- que dan cuenta de una guerra subterránea entre el secretario del Senado (quien es apoyado por un sector de los funcionarios) y grupos de trabajadores críticos de su gestión.

Desde agosto de 2019 a la fecha se han presentado 14 acciones judiciales por funcionarios o exfuncionarios, de las cuales 5 se encuentran en tramitación, según los antecedentes oficiales que se han entregado a los senadores.

La última polémica fue la mencionada desvinculación del exfiscal del Senado, que motivó una dura respuesta de la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional, el pasado 13 de diciembre. En una reciente entrevista a El Mostrador, Norero denunció presiones para ocultar información, despidos, y sumarios y contratos ilegales, además de transferencias sin respaldo legal a terceros y al mismo Congreso Futuro.

Precisamente esos antecedentes fueron desestimados por la Comisión de Régimen. A esa misma instancia, Guzmán explicó a través de un oficio que la desvinculación de Norero se debía a que su gestión “como jefe de la Unidad Jurídica del servicio, no resultó ser la esperada, presentándose como ineficiente, lo que motivó poner término a su contrata”.

“A modo de resumen, se puede señalar: errores en documentos. En el año 2022 se detectaron al menos 29 documentos con errores y visados por el exfiscal. Entre marzo y agosto del año 2023 se identificaron y representaron 79 documentos con errores provenientes de la Fiscalía del Senado”, decía el oficio.

En este largo historial de conflictos, la mayoría de los senadores ha optado por tomar palco, porque si bien no comparten el estilo de Guzmán, están de acuerdo con la depuración silenciosa que ha hecho de eventuales malas prácticas que había en algunas asociaciones, por ejemplo, una suerte de financiera ilegal, según denunció Guzmán a la Comisión de Régimen.

Prueba de ello es que, desde abril del año 2019 a la fecha, se han instruido 34 procedimientos disciplinarios y, a la fecha, existen 8 sumarios administrativos en tramitación.