Zalaquett en la mira de la Cámara: diputados estudian presentar denuncia a la Fiscalía por reuniones en la casa del lobbista

Una reunión pendiente existe entre el secretario de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Landeros, y el presidente de la Comisión de Ética de la corporación, el legislador Nelson Venegas (PS), para resolver la eventual presentación de una denuncia al Ministerio Público por las reuniones realizadas entre parlamentarios y empresarios en la casa del lobbista y exalcalde Pablo Zalaquett.

Este encuentro quedó programado para el próximo lunes.

Si bien son varios los diputados que creen que las citas en la residencia del lobbista no son constitutivos de delito (aunque exista una infracción de los legisladores por no transparentar estas reuniones según las obligaciones de la Ley del Lobby), la legislación y el mismo reglamento de la Cámara facultan a las autoridades parlamentarias a presentar denuncias por hechos en los que existan sospechas de conductas tipificadas en el Código Penal (por ejemplo, tráfico de influencias) o bien por faltas contempladas en otras normas.

Por ejemplo, la misma Ley del Lobby considera como una infracción que el lobbista no transparente a la autoridad que está representando intereses particulares. Según los testimonios de parlamentarios y ministros, el exalcalde no sinceraba previamente si estaba actuando en representación de otros privados.

Zalaquett -quien no está registrado como lobbista en los listados de la Cámara ni el Senado- ha señalado que no cobraba por estos encuentros.

“Artículo 12.- Las personas que realicen lobby o gestiones de intereses particulares, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley, estarán sujetas a las siguientes obligaciones: 1- Proporcionar, de manera oportuna y veraz a las autoridades y funcionarios respectivos, la información señalada en esta ley, cuando esta les sea requerida, tanto para solicitar audiencias o reuniones, como para efectos de su publicación. 2.- Informar, al sujeto pasivo a quien solicitan la reunión o audiencia, el nombre de las personas a quienes representan, en su caso”, dice la ley.

El problema es que, en el caso de un particular, ni las comisiones de Ética del Congreso ni la Contraloría tienen potestad, a pesar de que la misma norma contempla multas para el lobbista. El problema es que existe un vacío legal respecto de qué institución debe aplicar esas multas al lobbista, aunque exista evidencia de una infracción legal del agente privado.

Por lo tanto, en esos casos la única alternativa sería denunciar a la Fiscalía para que continúe con las pesquisas de si hubo o no delito.

“Articulo 22. - Denuncia al Ministerio Público. El Presidente de la Comisión de Ética y Transparencia, previo acuerdo de la Comisión, deberá denunciar: a) Los delitos cometidos por los sujetos activos (lobbistas) con motivo o con ocasión del desarrollo de actividades de lobby o de gestión de intereses particulares ante cualquier sujeto pasivo de la Cámara de Diputados. b) Los demás delitos de los cuales la Comisión tome conocimiento en el ejercicio de sus funciones”, dice el reglamento de la corporación que “regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares”.

Otras normas legales también le delegan al secretario de la Cámara hacer las respectivas denuncias ante la Fiscalía.

El punto es delicado y la posible acción penal aún no está zanjada. De hecho, se ha conversado en las últimas dos reuniones de la mencionada comisión.

Una posible denuncia implicaría escalar la investigación interna que ya inició la instancia disciplinaria de los diputados, que en el peor de los casos solo puede aplicar multas y hacer un reproche público exclusivamente a los parlamentarios.

Sin embargo, existe una decisión unánime de la Comisión de Ética (desde el PC a los republicanos) de dar señales claras y severas por este tema.

Tan delicado es el tema (pues una medida de este tipo afectaría no solo al lobbista, sino que también a los parlamentarios que asistieron), que existe una estricta reserva de los miembros de la Comisión de Ética para no referirse a esta eventual acción de índole penal.

Además, los diputados que son parte de la instancia tienen un juramento formal de no difundir deliberaciones mientras no haya decisiones definitivas.

“Prefiero mantener reserva”, comentó el presidente de la comisión disciplinaria, Nelson Venegas (PS), al ser consultado por La Tercera de si efectivamente estaban evaluando alguna acción judicial.

Sobre este punto, el diputado Andrés Celis (RN) -quien ha liderado dos presentaciones sobre las reuniones en la casa de Zalaquett (un requerimiento ante la Contraloría por la situación de los ministros que participaron en estos encuentros y otra presentación a la Comisión de Ética de la Cámara)- propone pedir un informe en Derecho Penal para evaluar cursos de acción desde una perspectiva institucional. “Habría que pedirle al abogado que se contrate qué pasa con la figura del lobby en relación al Parlamento, tanto por aquellos que son parlamentarios, como los que se relacionan con el Parlamento. Eso sería lo más prudente y más sano”.

Consultado este martes por el rol del Ministerio Público, el fiscal nacional Ángel Valencia reiteró que “si tenemos en algún momento antecedentes suficientes de que hay hechos que revisten caracteres de delito, vamos a iniciar una investigación. Así lo hemos hecho en el pasado, vamos a seguir haciéndolo en el futuro, y lo vamos a hacer de inmediato. De momento no hemos recibido ni hemos podido advertir antecedentes de esa naturaleza, por el momento, pero si los contratamos, ya sea la Fiscalía Nacional o algún fiscal regional, por supuesto vamos a abrir una investigación”.