2018: el año que la Fiscalía busca reconstruir por el supuesto cohecho en el SII

Es prácticamente rebobinar una película para tomar el final e ir hacia atrás en busca de respuestas. De esta manera está trabajando el Ministerio Público en torno al supuesto pago de sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por parte de Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer.

A partir de la filtración del audio en que los tres últimos dan cuenta de supuestos pagos de coimas, los investigadores Felipe Sepúlveda, Miguel Ángel Orellana y Marcelo Vargas han decretado una serie de diligencias que buscan comprobar lo que se expone en la cita del 22 de junio. Lo que quieren los persecutores es comprobar que cada uno de los delitos que se comentan en el registro tengan una trazabilidad, y para eso las pistas que pueda haber en el SII son fundamentales.

En ese sentido, y a dos semanas de que estallara el caso, ya han surgido antecedentes que le permiten al Ministerio Público orientar las pesquisas que está llevando a la práctica el OS-7 de Carabineros.

Desde el SII, los investigadores obtuvieron el nombre de todas las personas que revisaron el RUT asociado a la empresa de Sauer en 2018. Este es el año que está en la mira en el Ministerio Público, como punto de partida del supuesto pago de coimas en la institución.

De lo escuchado en el audio que dio a conocer Ciper el 14 de noviembre, fiscales y policías pusieron especial atención en el diálogo entre Sauer y Villalobos, donde el primero se ufanaba de lo barato que le salió liquidar una sanción por $3.500 millones que le impuso el Servicio.

“Cuando yo con la Leo no era lo que somos hoy día poh’, hoy día para mí la Leo es familia. Nos estábamos conociendo recién, me cobró gamba 40, me dijo le voy a tirar gamba al Servicio para arreglar tu huevá, son 40 pa’ mí. Lo mío eran 3.500 palos, con mi casa embargada y giro del Servicio hecho y le pagué cero al Servicio y a la Leo le pagué 140 palos. O sea, y por lo demás te quiero decir, ya prescribió (risas), ¿cachái?, fue todo un éxito”, dijo el dueño de Factop.

Por lo mismo, el primer funcionario del SII en ser citado a declarar en calidad de imputado fue Christian Soto, el jueves 22 de noviembre. Ese día, el contador aún era el director de Grandes Contribuyentes del Servicio; sin embargo, tras prestar declaración fue removido de su cargo, tras “perder la confianza” del director del organismo, Hernán Frigolett.

Pero la salida de Soto tuvo que ver con su “responsabilidad administrativa” como director metropolitano oriente del SII, entre 2015 y 2022. La Fiscalía y el Servicio fijaron ahí las primeras sospechas de eventuales ilegalidades en el organismo para favorecer a Sauer.

Fuentes del caso explican que las irregularidades denunciadas habrían tenido origen en esa oficina en 2018, a partir de la trazabilidad de la información. Lo que se hizo para llegar a ese dato fue consultar quiénes habían accedido a las liquidaciones de Sauer y habían visado el “perdonazo”.

Por lo mismo, internamente, el SII decidió suspender a cuatro funcionarios por las supuestas irregularidades en esa toma de decisiones. Sin embargo, los afectados descartan toda responsabilidad.

Quienes han podido conversar con los funcionarios sostienen que estos niegan haber buscado “favorecer” al empresario y menos haber recibido dinero a cambio. Algunos señalan que efectivamente ingresaron el RUT de la empresa, revisaron la información, pero como parte del proceso en que se tramitan este tipo de liquidaciones.

Los funcionarios bajo la lupa hoy por el Ministerio Público, y suspendidos por el Servicio, están analizando apelar a la medida. Otro de los involucrados, de profesión abogado, incluso evalúa presentar un recurso de protección durante las próximas semanas, dado que la resolución en que se fundamentó su suspensión no venía con argumentos suficientes. Esta decisión podría llevar el litigio a la Corte de Apelaciones de Santiago.

La Fiscalía, en tanto, ya cuenta con el nombre de todos quienes accedieron a los sistemas que analizaron el caso de Sauer y las resoluciones dictadas. También el detalle respecto a si en esos días se registraron reuniones entre los funcionarios y representantes de la empresa, como, por ejemplo, Leonarda Villalobos.

La decisión de liquidar una deuda debe estar fundada en dos instancias: a través de una Reposición Administrativa Voluntaria (RAV) o la Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF). Ambas dependen, además, del visto de la Subdirección Jurídica del SII.

En 2018, año en que habrían ocurrido estas irregularidades, los jefes fueron dos: Bernardo Lara y Miguel Zamora. Ambos trabajaron bajo el alero de Fernando Barraza, exdirector que fue cuestionado por terminar por la vía administrativa y no denuncia penal a varias compañías investigadas por casos de financiamiento irregular de la política.

Tanto Zamora como Lara y Barraza serán citados a declarar a la Fiscalía, y así avanzar, tramo por tramo, hasta reconstruir qué paso el 2018 y esclarecer una investigación que nació y surgió desde el escándalo. Su final, por ahora, se mantiene en suspenso.