300 días después: las esquirlas del lío de platas en 10 fundaciones

El 16 de junio de 2023 marcó un antes y un después para buena parte de las fundaciones chilenas. Tras esa jornada, cuando el medio Timeline publicó las irregularidades del convenio entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, algunas organizaciones que poco y nada tienen que ver con los líos de platas empezaron a ver cómo se alejaban fuentes de ingreso, se dificultaba el acceso a aportes del Estado e incluso se les caían donantes y voluntarios. De golpe y porrazo, la realidad de distintas organizaciones como Teletón, Hogar de Cristo, Techo, Coaniquem o Fundación las Rosas, cambió.

“El caso trajo consigo no solamente reglas más exigentes, sino también harto inmovilismo. La gente dejó de ejecutar, se han atrasado los procesos, y eso ha generado que menos organizaciones estén disponibles para trabajar con el Estado”, contextualiza a 302 días del hecho Hans Rosenkranz, director ejecutivo de Comunidad de Organizaciones Solidarias, que asocia a más de 240 instituciones de este tipo. “Ha habido una caída bastante importante”, agrega.

El análisis de Rosenkranz encuentra respaldo en Benjamín Donoso, capellán de Techo Chile, quien asegura que la nueva percepción de la gente “se observa en la fuerte caída de la confianza y reputación del sector”, de acuerdo a diversas encuestas y estudios de los que han sido parte entre 2023 y 2024, mismas que parece mirar Lorenzo Figueroa, director nacional de Caritas Chile, que entre sus líneas de trabajo tiene ayuda humanitaria o la gestión de riesgos y emergencias. “Si ya desde antes de este caso ha sido difícil posicionarse y tener el reconocimiento para desarrollar estas contribuciones, en el marco de desconfianza actual se hace más difícil”, analiza.

Con todo, Tatiana Viveros, directora de Desarrollo de Fundación Las Rosas, institución católica que acoge a adultos mayores, piensa que es difícil medir el impacto directo de los líos de platas, “ya que hay diversos factores por los que la búsqueda de donaciones está cada vez más compleja”.

Aunque en general las instituciones más grandes y antiguas han sobrellevado mejor el impacto de un caso que sacudió a la opinión pública, no por eso han dejado de sentir el golpe que provocó, el que no necesariamente se ha dado en el bolsillo. Esas dificultades apuntan justamente a lo que originó la crisis por los líos de platas: los convenios entre fundaciones e instituciones del Estado.

Desde que se destapó lo de Democracia Viva en Antofagasta, aseguran las organizaciones, todo se ha hecho más engorroso, complejo y dilatado, a veces injustificadamente. “Sin duda que el caso ha tenido un impacto importante para nosotros. Principalmente se concentra en la relación con el Estado y en los convenios particulares”, señala Nicolás Fehlandt, director ejecutivo de Coanil, fundación que recibe a personas con discapacidad intelectual.

Según aseguran algunas de las instituciones consultadas para este reportaje, lo anterior se ve reflejado en algunos ejemplos concretos, como en el hecho de que las garantías que todos los contratos por ChileCompra el Estado le pide a una empresa el 5%, pero para las organizaciones esta cifra es el mínimo. “La Ley de Presupuestos trajo un aumento en las condiciones de restricciones para las organizaciones y es más difícil colaborar con el Estado que para una empresa”, asegura el director ejecutivo de Comunidad de Organizaciones Solidarias.

En tal sentido, Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo del Hogar de Cristo, institución que asegura no se ha visto mayormente afectada a pesar de que el 36% de sus ingresos proviene del Estado, principalmente por licitaciones y subvenciones, expone por el contrario que “la excesiva tramitación genera el riesgo de incumplir con la provisión de derechos sociales que se hacen a través de fundaciones”. Esto lo grafica con una de las fundaciones derivadas del Hogar de Cristo que sí se vio salpicada: “El año pasado hubo cuatro convenios parados y uno era de Fundación Emplea, en la Región de Ñuble, orientado a colocar en el mercado laboral a jóvenes que están fuera de él”. Por eso, dice, esperan que todo se vaya normalizando “y que no sigamos pagando justos por pecadores”.

Desde Coaniquem, donde rehabilitan a niños y adolescentes con quemaduras, su presidente ejecutivo, Jorge Rojas, concuerda en que también han visto que en algunos casos los requisitos se han hecho “más exigentes”, lo que, en todo caso, dice parecerle “positivo en pos de la transparencia del sistema”. Además, detalla que en su caso solo han visto retrasos administrativos asociados a la incorporación del nuevo centro de rehabiilitación en Concepción derivado de su principal convenio con el Estado (suscrito con el Minsal) y que consiste en facturar parte de las atenciones de los pacientes que tienen Fonasa y llegan derivados del sistema público, el que aporta 24% su presupuesto y tiene 40 años de historia. “En términos generales el convenio ha seguido funcionando de buena manera”, dice Rojas.

Mientras, el capellán de Techo Chile revela un dejo de preocupación en torno a cómo los líos de platas pueden generar dificultades en la búsqueda de las soluciones -habitacionales en el caso de esta organización-, las que ya sin Democracia Viva demoraban en promedio ocho años. “Nos preocupa que a partir del caso se generen retrasos para la entrega de beneficios a estos hogares. El retraso en el trabajo en conjunto con el Estado viene a aumentar la demora de los procesos que llevan adelante las comunidades para obtener una solución”.

Fruto de algunas de las razones antes expuestas es que desde Desafío Levantemos Chile, que actúa ante catástrofes naturales, urgencias sociales y medioambientales, tomaron una drástica decisión. “Pese a que la fundación trabaja principalmente con fondos privados, luego del caso decidimos dejar de trabajar con nuevos fondos públicos hasta que las reglas estuviesen claras”, dice Ignacio Serrano, director ejecutivo.

La percepción de la ciudadanía, una arista aparentemente intangible, para las organizaciones ha sido muy palpable. De hecho, según el Estudio de Reputación Corporativa realizado por Ipsos e INC Consultores en agosto de 2023, a dos meses del caso, las fundaciones y las ONG habían perdido 21 puntos porcentuales en su buena reputación pública, la que bajó de 46% en 2022 a 25% el año pasado. Se trató de la mayor caída entre todas las instituciones medidas en esa oportunidad, donde se posicionó a Techo, Teletón y Hogar de Cristo como las fundaciones más reputadas del país.

“Es un ruido destructivo para todos porque finalmente nos hacen incluso refugiarnos, encapsularnos y no hacer las cosas que como Teletón promovemos”, decía el año pasado a La Tercera Benjamín Díaz, director ejecutivo de Teletón. Hoy, desde la misma institución, en todo caso, Nelson Leiva, su gerente de Contraloría, asegura que “por suerte” se vieron poco afectados en la operación “porque estamos preocupados de la transparencia hace ya bastante tiempo”, lo que los ha llevado a seguir postulando a los proyectos en distintas regiones.

Aunque Fundación las Rosas es de aquellas organizaciones que, según dice su directora de Desarrollo, no han visto mermados los aportes, sí revela que una vez estallado el caso lo que han visto es “un aumento en las consultas de los donantes y un mayor empoderamiento de ellos, en el sentido de querer conocer con claridad el uso que se dará a su donación”. En esa línea, según una encuesta de Cadem de fin de año en 2023, 85% declaró conocer y oído hablar de los líos de platas. Y eso, indefectiblemente, se nota. Así lo hace saber Denisse Elgueta, presidenta de Fundación Cuenta Conmigo, quien asevera que desde que estalló el caso “hemos mantenido los aportes, pero en donaciones materiales; económicamente no hemos logrado aumentar la cantidad de socios que aporten dinero, no hemos podido crecer”.

Lo anterior los llevó a que incluso sus beneficiarios se vieran afectados, al postergar proyectos “que cubren necesidades sociales básicas para los niños con cáncer que apoyamos; por ejemplo, proyectos para la salud mental del grupo familiar y alimentación que requieren de socios que aporten mensualmente”. Finalmente, todo les rebotó en sus postulaciones a fondos concursables y campañas de recaudación.

Quizás si lo más evidente para algunas de las fundaciones consultadas en este reportaje es el aspecto monetario. Básicamente, desde que estalló el caso cero, a fin de mes hay más dificultades para acceder a recursos.

Uno de los casos más notorios es el de Fundación Coanil, donde el director ejecutivo detalla la situación de una institución en la que más del 90% del presupuesto -más de $20 mil millones- corresponde a subvenciones del Estado fruto del trabajo con los ministerios de Desarrollo Social, Educación y Salud. “En el segundo semestre del año pasado nos adjudicamos un fondo de $50 millones de Presidencia, y para sorpresa nuestra, después de habernos formalizado la adjudicación nos lo quitaron, sin darnos una respuesta satisfactoria”. Y añade: “Lo asociamos a un primer coletazo del caso”.

Eso, sin embargo, no ha sido todo, puesto que Fehlandt asegura que les redujeron en 25% el dinero que han recibido por más de 30 años. “Históricamente recibimos una asignación directa establecida como glosa presupuestaria, más de mil millones. Oportunamente nos dimos cuenta que no venía en el Presupuesto 2024 y nos obligó a conversar con el Ejecutivo y parlamentarios para entender qué pasó”. Finalmente se cambió esta decisión y se planteó entregar el 75%.

“Pretender que de la noche a la mañana una fundación como la nuestra pueda transitar con decisiones como ésta es bastante irresponsable”, cree el director ejecutivo de Coanil, quien añade que hubo otras esquirlas que atribuye a los líos de platas, como el retraso de una cuota de $1.800 millones de parte del Servicio Nacional de la Discapacidad. Ese atraso llevó a Coanil a endeudarse en 70 millones de pesos para poder costear las operaciones.

En una línea similar, Vivianne Galaz, directora ejecutiva de Fundación San José, que acoge a mujeres con embarazos no deseados, recién nacidos, niños y futuros padres adoptivos, contextualiza que sus dificultades más bien tienen relación con el estallido social y la pandemia, pero que las nuevas reglas por parte del Estado, entre las que se cuentan balances, directorios actualizados, estatutos o memoria, entre otros, les han provocado retrasos.

“Los proyectos, los montos, las exigencias, incluso los nuevos formatos para levantar proyectos, han tenido demora y poca claridad en algunas licitaciones. Antes nunca nos habían pedido tanta información. Si los posibles proyectos se atrasan, uno corre el riesgo de no contar con esos recursos”, concluye.