39.235 imputados que eran inocentes estuvieron presos en la última década

Tarapacá fue el escenario de dos graves errores judiciales que terminaron con un ciudadano y una ciudadana boliviana privados de libertad injustamente, ya que se estableció que eran inocentes. Ambos casos ocurrieron con 10 años de diferencia, el mismo tiempo que ha transcurrido desde que comenzó a funcionar en el país el “Proyecto Inocentes”, en agosto de 2013, liderado por la Defensoría Penal Pública en alianza con la Fundación Probono.

A una década, la iniciativa registra -a junio de este año- 39.235 personas que fueron imputadas de un delito que no cometieron, que estuvieron presas y que luego fueron sobreseídas o absueltas. Un número que el defensor nacional Carlos Mora Jano califica como “una cifra impactante”.

El error judicial más antiguo, que se remonta al año 2003, es el que afectó a Fernando Vásquez Mamani. Se le denomina “el caso cero” del proyecto. Por primera vez en Chile se abordó la necesidad de acusar desprolijidad en una investigación de la Fiscalía desde el inicio de la reforma al sistema de justicia criminal.

El 27 de julio de ese año, el ciudadano boliviano estaba comprando en una feria de la localidad de Colchane cuando fue detenido por la policía. Tras admitir que había ingresado de forma ilegal al país en busca de una oportunidad laboral le revisaron sus pertenencias. Al interior de una mochila hallaron un medicamento para la tos, un champú y un frasco con polvo blanco en su interior. “Huele a pasta base”, dijo uno de los aprehensores.

Luego de permanecer en prisión preventiva durante 61 días formalizado bajo la Ley de Drogas, debido a un test con un “falso positivo”, se determinó que en ese frasco había ni más ni menos que talco para los pies, tal y como Vásquez Mamani sostuvo desde un inicio. Una vez recobró su libertad se fue a su natal Bolivia para no volver más.

El más reciente caso que tramitaron los abogados del “Proyecto Inocentes” ocurrió el año pasado y tiene muchas similitudes al “caso cero”. Es decir, después de 10 años se denunciaron las mismas falencias en un sistema penal que, al parecer, no ha cambiado sustancialmente en evitar este tipo de errores procesales. Ocurrió también en Tarapacá y su protagonista fue Nardy Ribera Méndez (32), ciudadana boliviana que fue inculpada de traslado de sustancias ilícitas que finalmente resultó ser tres tarros de keratina, un producto que se ocupa para alisar el cabello.

Estuvo seis meses y cuatro días tras las rejas. El testimonio de la mujer dice que había adquirido los productos en su país natal, donde eran más baratos, por encargo de una amiga peluquera. Al ingresar a Chile de vuelta a Tocopilla fue detenida. Una prueba de campo, según la formalización, dio “coloración azul positiva a la presencia del alcaloide cocaína con peso bruto de tres kilos 41 gramos”.

Siempre mantuvo su inocencia. Medio año después, sin que las circunstancias hubieran cambiado, fue el propio Ministerio Público que pidió modificar su medida cautelar. En esa oportunidad el fiscal de turno le dijo al tribunal que lo había llamado el titular de la causa y le había dicho que “la sustancia incautada no era droga”. Sólo el 28 de noviembre de 2022 fue “sobreseída por inocencia” a solicitud de la Defensoría Penal Pública.

Los rostros de los inocentes privados de libertad son miles. Van desde casos emblemáticos hasta personas que la injusticia por la que atravesaron ha pasado desapercibida. A ellos apunta este proyecto. “Lo que hacemos ahí es intentar reparar el daño público asociado a una injusta privación de libertad, personas que no debieron haber estado presas y que no tienen ningún tipo de reparación del Estado, ni social, les damos un espacio para visualizar estas personas que injustamente fueron privadas de libertad”, explica el defensor nacional.

Mora Jano, además, advierte que la cifra que registran es una situación grave que debería remecer al sistema. “Es impactante, más todavía cuando le toca a alguien cercano. La gente puede decir ‘bueno, 40 mil personas no es tanto’, pero para cada una de esas vidas el impacto es inmenso a nivel sicológico, laboral, social (...) El mayor problema es la calidad de las investigaciones de la Fiscalía, ahí están al debe aún y creo que están conscientes”, sostuvo.

De los 39.235 inocentes que estuvieron presos en una década, 82% son hombres y 5.089 estuvieron más de seis meses en la cárcel.

Corría el año 2012 y estallaban distintas denuncias de presunto abuso sexual en colegios y jardines infantiles. Fue ahí donde fue imputado, en el denominado caso “Hijitus”, Juan Romeo -monitor de computación del jardín infantil- y su madre, la dueña del recinto, Ana María Gómez. Esta última estuvo siete días en prisión preventiva y otros 200 días bajo arresto en su hogar. En el caso de su hijo, estuvo 181 días tras las rejas, más 230 días sin poder abandonar su domicilio. Los acusaron de violación y actos de connotación sexual, sin embargo, la mujer fue sobreseída y él, absuelto. Una vez aclarado el caso, que contó con una amplia exposición mediática, demandaron al Estado de Chile y obtuvieron $ 265 millones. Actualmente este inocente realiza labores de apoyo en la Defensoría como una forma de reinserción social.

El conductor de CQC Pablo Mackenna también es parte del listado. El 4 de febrero de 2013 una mujer lo acusó de abuso sexual de su hija mientras estaba en el Casino de Viña del Mar. Gracias a las cámaras de seguridad se comprobó que el testimonio era falso. Sólo estuvo 16 segundos con la niña sin tocarla. Tras dos días privado de libertad, en entrevista con TVN sostuvo que lo más grave que le puede pasar al sistema es que “un inocente quede preso”. Fue un caso que lo marcó. “Sin las cámaras, me estaría secando en la Cárcel de Valparaíso”, sentenció.