69 mil estudiantes han perdido la gratuidad desde 2016 por exceder la duración de sus carreras

A través de la Ley de Presupuestos, en 2016 comenzó a regir en Chile la política de gratuidad, que apunta a financiar la educación superior de los estudiantes que más lo necesiten.

Cuando se puso en marcha el beneficio, la ayuda estaba focalizada en aquellos jóvenes del 50% más vulnerable de la población que estudiaran en universidades acreditadas por al menos cuatro años. Al año siguiente se amplió a los centros de formación técnica e institutos profesionales y abarcó hasta el 60% más desposeído.

A cinco años de su implementación, según la información entregada por el Departamento de Financiamiento Estudiantil de la Subsecretaría de Educación Superior, un total de 789.133 jóvenes han accedido al programa de gratuidad. De ellos, 430.562 (54,5%) son universitarios, 206.806 (26,2%) asisten a institutos profesionales y 151.765 (19,2%) a centros de formación técnica.

Actualmente, son cerca de 430.305 los estudiantes que mantienen el beneficio, siendo 112.364 de primer año y 317.941 de años superiores.

Además, las cifras indican que en todo el período 68.766 alumnos han perdido la gratuidad por exceder la duración nominal de sus carreras, es decir, atrasarse en la malla curricular, lo que representa un 8,7% del total. Mientras, el año pasado fueron 22.711 los estudiantes que quedaron sin la cobertura, un 5% de los 401 mil jóvenes que en 2020 estudiaban con el beneficio.

“La política de gratuidad ha permitido a 789 mil jóvenes cursar sus estudios de educación superior sin pagar arancel ni matrícula”, señala Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación Superior, quien añade que “lo más relevante de estas cifras es que evidencian que solo el 8,7% de los alumnos que ha obtenido el beneficio de gratuidad ha excedido la duración nominal de sus carreras, lo que muestra que para la gran mayoría no ha sido necesario contar con financiamiento extra para terminar sus estudios”.

Cuando un estudiante se atrasa pierde la gratuidad, por lo que el tiempo que demore en terminar la carrera debe autofinanciarlo, aunque con ciertos matices, toda vez que la ley mandata a las instituciones cobrar como máximo el 50% del arancel en esos casos.

Por eso, en general la medida de gratuidad es valorada, aunque hay rectores que ponen énfasis en ciertos detalles: “Ha significado un alivio importante para muchas familias que anteriormente tenían becas, préstamos o créditos y que hoy pueden acceder a la política de gratuidad”, expone Ignacio Sánchez, rector de la UC, donde aproximadamente un 25% de los estudiantes tiene el beneficio.

Los “nudos”, como los describe el médico pediatra, son los siguientes: “La gratuidad surgió con falta de financiamiento global para mantener la calidad de las instituciones, se diseñó un arancel regulado que cubre solo parcialmente las necesidades docentes y, en segundo lugar, se mantuvo siempre la duración de la carrera como política, lo que es una complicación mayor”.

Y aunque el rector Sánchez reconoce que de a poco se han implementado algunas correcciones, también advierte que “los años de acreditación no siempre muestran la diferencia de calidad en las instituciones”. Esto, además de que, según dice, el arancel regulado es “un juego de suma cero”, dado que hay un monto definido de recursos y que si sube el presupuesto en una carrera baja en otra.

Desde la Región de La Araucanía, el rector de la UC de Temuco y presidente de las universidades públicas no estatales, Aliro Bórquez, explica que la gratuidad “resuelve una tremenda presión de jóvenes que no tenían la posibilidad de estudiar por recursos”.

El ingeniero acuícola dice, sin embargo, que la gratuidad “parte con una ley que ha generado ciertas dificultades” tanto a alumnos como a universidades. En el caso de los primeros, señala la limitación de los años nominales que dura la gratuidad mientras que, para los segundos, sostiene, recae la carga económica de quienes se atrasan, lo que se traduce en desfinanciamiento.

¿Cómo corregirlo? “Una buena solución es poder avanzar al ‘N+1′ que es sumarle un año más a los plazos nominales de cada carrera”, asegura. “Se le baja presión a estudiantes y también ayudaría a las universidades a no seguir en esta suerte de desfinanciamiento”.

Osvaldo Corrales, rector de la U. de Valparaíso, detalla que su casa de estudios tiene 9.238 estudiantes adscritos al régimen, los que representan el 60% de la matrícula. “Ciertamente, para esas familias la gratuidad ha sido una noticia extraordinaria, porque les ha permitido acceder a educación superior de calidad sin la necesidad de endeudarse”, señala.

Y aunque destaca que para las instituciones también ha sido una buena noticia, porque simplifica el régimen de financiamiento, también aclara que el Consejo de Rectores “ha sido extraordinariamente claro” en señalar que uno de los aspectos que más dificultades crea está asociado a la disposición del Artículo 108 de la Ley de Educación Superior, el que hace mención a la duración del beneficio, que va de la mano con la duración de las carreras. “Evidentemente ha traído dificultades para las instituciones, que pasan a cofinanciar la gratuidad, porque ese año que los estudiantes se atrasan las universidades solo pueden cobrarle la mitad del arancel”.

Juan Oyarzo, rector de la U. de Magallanes, tiene una mirada similar: “La gratuidad es una muy buena política pública”, asevera el ingeniero civil mecánico, quien, eso sí, advierte que la misma política “lamentablemente ha tenido consecuencias no deseadas para las universidades”, y ahonda que en la casa de estudios que dirige “ha significado un déficit por la diferencia entre los aranceles reales y los que estableció el gobierno”.

En ese sentido, Gonzalo Muñoz, académico de la U. Diego Portales y exjefe de la División de Educación General del Mineduc, cree que el programa “ha sido un paso importante para democratizar el acceso a la educación superior”, y que en adelante “el desafío consiste en corregir sus problemas -como el de la extensión temporal de este derecho- y complementarla con otras medidas sistémicas, como una revisión global del sistema de financiamiento y un plan fuerte de fortalecimiento de las universidades y centros de formación técnica públicos”.

Del total de quienes han accedido a la gratuidad, 131.269 estudiantes ya lograron obtener su título técnico o profesional, lo que viene a representar un 17% de todos los beneficiados.

Pero también hay 158.793 estudiantes que en la actualidad se encuentran sin el beneficio activo, por diversos motivos. Puede ser por la suspensión académica de un semestre, el cambio de institución a una que no está adscrita a la gratuidad, la deserción de sus carreras y un porcentaje menor por la renuncia para acceder a la Beca Vocación de Profesor. En casi todos estos casos, eso sí, el beneficio podría recuperarse.

“Para evaluar los cinco años desde la política de gratuidad no solamente hay que evaluar los beneficios monetarios a los estudiantes, sino que el impacto que tiene en las instituciones y la calidad de la educación que entregan”, reseña Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos y exasesora del Mineduc. Y detalla: “Algunas instituciones arrastran déficit. Otras simplemente han tenido que echar a destajo a su personal. Y ahí lo que pasa es que tienes muchísimos menos profesores, los que quedan se revientan con horas de clases, por lo tanto, en general la calidad de clase disminuye en la medida que tienes que hacer más cursos”.

Por eso, concluye, “en algunas universidades, a pesar de esos reajustes, hay pérdidas económicas”.

Comparativamente, 2017 ha sido el año en que más personas accedieron a la gratuidad, con 148.040 beneficiados, mientras que 2020 tuvo el menor nivel, con 113.929 estudiantes adscritos.

Las cifras señalan, además, que a 2021 son 60 las instituciones adscritas al programa, de un total de 203. Sin embargo, el número crecerá el próximo año, con seis nuevos establecimientos: IP Chile, IP y Universidad Santo Tomás y los tres nuevos centros de formación técnica estatales que iniciarán sus funciones en las regiones de O’Higgins, Biobío y Aysén, según detallan desde la subsecretaría. b