Abogado de víctima de un indultado: “La detective siente que ha sido pasada a llevar con la decisión del Presidente de liberar a quien la atacó”

La tarde del 21 de octubre de 2019 quedó marcado en la vida de Danitza Araya González (26), funcionaria de la Policía de Investigaciones (PDI). En medio de las manifestaciones en el contexto del estallido social, fue atropellada por un vehículo en el que huía un grupo de personas que había saqueado un supermercado en Pudahuel. En la trifulca, uno de los policías que participaba en el operativo para detener a este grupo disparó e hirió a la joven.

Las lesiones que dejó el impacto del auto y de la bala en la detective fueron de tal gravedad que nunca recuperó la normalidad. Su columna quedó fracturada y con heridas que hasta hoy no la dejan caminar sola. Danitza, desde octubre del 2019 anda en silla de ruedas.

Casi dos años después, el Primer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago condenó a 15 años de cárcel a Cristián Cayupán Queupil (30) por el homicidio frustrado de la funcionaria. Sin embargo, el 30 de diciembre del 2022 recibió el beneficio de indulto del Presidente Gabriel Boric para zafar de todo tipo de reproche penal.

La decisión del gobierno impactó a los familiares de la detective, a tal punto de pedir una reunión con el Presidente para conocer el porqué de esta decisión.

Pedro Díaz, abogado de la familia, cataloga la decisión como “errada” y “dolorosa”.

¿Cuál es la situación de Danitza actualmente?

Ella sigue siendo oficial de la PDI y está en un tratamiento intensivo de rehabilitación, ya la operaron hace muy poco tiempo y está obteniendo muy buenos resultados.

El Presidente Boric indultó al culpable del atropello de la detective. ¿Qué le parece esa decisión?

Me parece una decisión poco acertada, mal asesorado el Presidente. Hay un juicio pendiente que está también con querella criminal de Cayupán en contra del fiscal por la mala investigación, que yo concuerdo con eso, pero son malas señales. Hay que recordar que este señor atropelló a una oficial de la PDI en servicio a la comunidad en el estallido social y, en definitiva, eso marca a la luz de las personas que deben estar a cargo de la seguridad. Esto marca una mala política, porque pareciera que el atropello a una funcionaria de la PDI es nada, o sea está bien, y que se está respaldando al señor que la atropelló.

Existían cuestionamientos a la investigación, pareciera ser una de las razones del indulto...

Yo no estoy de acuerdo con eso. Si hay error, la forma de poder modificar eso es a través de los tribunales de justicia. Borrar con un plumazo la responsabilidad de una persona, sobre todo a quien atropella, no solamente a una oficial de la PDI, sino que además a una mujer que debiera ser prioridad para un gobierno feminista. Me parece una muy mala señal para lo que viene. Además hay otro elemento a considerar: la salud mental de la víctima, ella está en rehabilitación, y no le hizo bien conocer esta situación. La detective siente que ha sido pasada a llevar con la decisión del Presidente de liberar a quien la atacó.

¿Tomarán alguna acción judicial?

Estamos precisamente en las gestiones para pedir audiencia a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y ahí poder llegar al Presidente de la República, porque -más allá de mandar mensajes por la prensa- queremos expresarle el sentir que provocó su decisión en la familia y en la víctima. Además, me gustaría que el propio Presidente, quien firmó ese indulto, pudiera escuchar de la propia boca de la víctima, cómo se siente y cuál es la función de ella y, en definitiva, darle a entender que con una resolución de este tipo se afecta a todo un grupo familiar y amigos que están atrás de ella. Acá hay personas que sienten dolor y que quieren ser escuchadas y también comprendidas por la máxima autoridad del país. La decisión que tomó el Presidente les afectó directamente.

¿Qué le pediría al Presidente?

A nosotros no nos corresponde pedir cuenta al Presidente, porque él es la primera autoridad del país. Lo que nosotros queremos es manifestarle que nos hubiera gustado que él pudiera tener todos los antecedentes a la vista, incluso nuestra versión. Que tuviera en consideración la opinión de la víctima. Era necesario que alguien le dijera a la detective, “el Presidente quiere conversar con usted, porque va a indultar al señor Cayupán y él le dará las explicaciones o le entregará sus razones”. Era solamente eso y quizás habría aminorado un poco esta molestia psicológica a la familia y a la víctima.

¿O sea que no se comunicaron con usted o Danitza?

No, nadie sabía. Como muchos dicen: me enteré por la prensa de este indulto y para la familia fue llanto, rabia, porque el delito está y la acción del señor está comprobado. Fue condenado por eso y este tipo de situaciones no se pueden pasar por alto.

¿Qué esperan?

Con la institución nosotros tenemos buena relación, a pesar de que empezó mal. Hay muy buenas conversaciones con el alto mando, en torno a ella y su tratamiento. Pero nos queda la sensación de la justicia a medias. Acá hay otro elemento, y es que hay antecedentes para formalizar al oficial que le disparó a mi cliente en medio del operativo. Ese disparo está acreditado, lo que no quita la responsabilidad que tuvo Cayupán al atropellarla e intentar matarla. Esto tiene que resolverse en tribunales, son los jueces los que deben ponderar las pruebas, pero no así que de un plumazo la responsabilidad criminal se borre, generando esa sensación de injusticia para la familia.