Aborto por causal de violación tuvo en 2023 su mayor registro

Luego de años de discusión, varios intentos legislativos e incluso la intervención del Tribunal Constitucional, en septiembre de 2017 entró en vigencia la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en casos de riesgo para la vida de la madre, violación o inviabilidad del feto. Y como los reglamentos no se implementaron de inmediato, los datos anuales que se tienen de 2018 en adelante dicen que se han hecho 4.078 abortos por alguna de las tres causales.

Así lo detalla el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Minsal, que consigna que desde el inicio hubo 4.817 embarazos que se enmarcaron en alguno de los requisitos y que en 84,6% de los casos se optó por interrumpir la gestación, siendo la causa de aborto más frecuente la de inviabilidad fetal (1.221), seguida del riesgo materno (1.874) y violación (983).

Ahora bien, las cifras del último año dan cuenta de un cambio en la tendencia, pues los procedimientos enmarcados en la causal de violación aumentaron, tanto así que 2023 fue el año que registró el mayor número de abortos por esta causa, con 290, 100 más que en 2022, lo que significa un aumento de 52,6%.

De la causal de violación hay varios datos que poner sobre la mesa acorde a la última actualización, como que el 30% de las 983 interrupciones ligadas a esta razón se hizo en 2023; que las violaciones representan el 24% de todos los abortos hechos desde 2018; o que el año pasado hubo 27 mujeres que pudieron haber invocado la causa, pero optaron por seguir adelante con el embarazo, que se suman a las otras 62 que lo habían hecho antes.

Álvaro Insunza, presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, afirma que “no hemos analizado esa cifra desde el punto vista causal; es decir, de cuál podría ser la razón que explique este incremento, así que lo que se puede obtener hasta ahora son especulaciones”. Y suma: “Mi impresión es que hay una mayor conciencia de las usuarias que quieren acceder al procedimiento. No es que hayan aumentado los casos de violación”.

Este incremento ha repercutido en el área penal, pues los requerimientos judiciales relacionados al delito también han aumentado. Según los datos del Minsal, en los últimos cinco años las fiscalías a lo largo del país han registrado 952 denuncias por violación, de las cuales 674 corresponden a mayores de edad y 276 a menores. Según la normativa, en el caso de esa causal, y cuando se trate de una mujer menor de 18 años, el centro de salud que la recibió está obligado a denunciar a la justicia y notificar al Servicio Nacional de Menores. Mientras, en el caso de mayores de edad, y siempre que estas no hayan realizado la denuncia previa, la ley exige que los jefes de hospitales o clínicas deberán poner en conocimiento del Ministerio Público el delito.

En ese contexto, Maurizio Sovino, director de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Explotación Sexual de la Fiscalía Nacional, reseña que sí han aumentado las denuncias y que esto podría tener dos explicaciones: “Puede ser que exista más información pública respecto a la posibilidad de utilizar esta causal y lo otro es que se está detectando mejor a nivel hospitalario y se les están informando de mejor forma a las usuarias sus derechos”. Eso sí, recalca que “no necesariamente implica que haya más delitos, pero sí se puede decir que hay más denuncias”.

Para Iván Paul, jefe de la División de Gestión de la Red Asistencial del Minsal, el aumento podría deberse a que el regreso a la normalidad pos Covid-19 “ha normalizado el acceso de las mujeres a las atenciones sanitarias, sumado al trabajo sectorial e intersectorial para mejorar el acceso a la atención en salud”.

Como sea, Paul dice que como cartera hacen un balance positivo del acceso al aborto terapéutico del que dan cuenta las cifras, “dado que la estrategia de Ley IVE ya está implementada adecuadamente en los 70 establecimientos que cuentan con unidades de Alto Riesgo Obstétrico, con personal capacitado y procedimientos instalados de forma adecuada, permitiendo el acceso y oportunidad de atención de las mujeres -niñas y adolescentes- que desean acogerse a la ley”.

Con todo, diversas organizaciones y especialistas advierten que aún existen problemas que obstaculizan el acceso al aborto. La sospecha es que la norma no está canalizando todos los casos que se presentan. Siomara Molina, vocera de la Asamblea Permanente por el Aborto, sostiene que uno de los problemas es que “la población no sabe, y desde la institucionalidad no se difunde adecuadamente la ley. Si la población no sabe que existe, cómo funciona o las características, difícilmente puede acceder a la ley con tanta facilidad”.

En ese sentido, cuando se promulgó la norma se estimaba que se alcanzarían unos 2.550 casos anuales, pero las cifras están lejos de esa proyección: el año pasado se realizaron 937 abortos, mientras que en 2022 fueron 833.

Por su parte, Daniela Díaz, presidenta del Departamento Nacional de Género y Salud del Colegio Médico, explica que otra de las barreras para acceder al procedimiento es garantizar el derecho de las pacientes y al mismo tiempo el de la objeción de conciencia del personal de salud para negarse a practicar el procedimiento. Hay establecimientos donde el 100% de los profesionales se manifiesta en contra.

“Es muy importante diferenciar objeción de conciencia de obstrucción de conciencia, entendiendo que la objeción es un derecho de los profesionales, pero también hay responsabilidades que cumplir, como la derivación oportuna en caso de que no exista ningún profesional más que pueda realizarlo”, asegura.

Ese tipo de situaciones llevó a que en marzo de 2023 los ministerios de la Mujer y Salud lanzaran el Manual de Consideraciones para la Inspección Sanitaria y la pauta de chequeo de la Ley IVE, que busca definir y fiscalizar el proceso de aplicación para velar por el cumplimiento de esta legislación y sus estándares.