Acoso sexual: la nueva ley que obliga a las universidades a erradicar este delito

“Por una educación no sexista”. Esa fue la consigna que el 16 de mayo de 2018 miles de chilenas levantaron en diversas ciudades del país, para manifestarse en rechazo a la violencia en las universidades, en contra del acoso en las aulas y por una educación sin estereotipos de género. Tan solo en Santiago la marcha reunió a más de 150 mil personas en la Alameda, fenómeno que comenzó a visualizarse en 2016 y que algunos denominaron como “revolución feminista chilena”. “¡Lo que el pueblo necesita es un Chile feminista!”, gritaron las asistentes, con énfasis en consignas contra el “machismo” y el “patriarcado”.

Las manifestaciones feministas estallaron el 17 de abril de ese año, cuando estudiantes de la Universidad Austral realizaron una toma para exigir justicia frente a casos de acoso y abuso sexual. Diez días después se sumó la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En menos de un mes, en pleno mayo, ya eran más de 15 casas de estudio y 30 facultades en toma o paro en el país con un objetivo común: que se implementaran protocolos y medidas para garantizar la protección frente a hechos de violencia contra las mujeres.

Este período se forjó en medio de otras consignas, como el “Ni una menos” o el apoyo espontáneo por el caso de Nabila Rifo. A su vez, el movimiento Me Too -que surgió a fines de 2017 para denunciar las agresiones sexuales a raíz de las acusaciones de abuso contra el productor de cine Harvey Weinstein-, también inspiró a muchas chilenas. Así, pronto hubo un efecto dominó que produjo que se pusieran sobre la mesa denuncias en el ámbito académico chileno.

A tres años de las marchas feministas más masivas, parte importante de sus demandas se transformaron en ley. El 15 de septiembre pasado se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en todos los establecimientos de educación superior, tanto universitarios como técnico-profesionales. La normativa tiene el fin de crear espacios seguros, libres de estas conductas. Por esta razón, la ley contempla a todos los miembros de la educación superior: estudiantes, académicos, administrativos y otros funcionarios. De esta manera, condena cualquier tipo de estas faltas, ya sea verbal o física y sean presenciales, virtuales o telemáticas.

Tatiana Hernández, socióloga e investigadora del Observatorio de Género y Equidad, considera que “la ley es tremendamente importante, por varias razones: muestra el logro que significa que las organizaciones feministas de mujeres están en todas partes, para ir garantizando el derecho que tenemos las mujeres, disidentes y las diversidades”.

El primer artículo de la normativa establece que “el objetivo es promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género”. Además, ordena que todos los establecimientos de educación tengan un protocolo y una política integral con las medidas para cumplir con estos objetivos.

Ante esta obligación, Hernández destaca que “implica una revisión por parte de las instituciones de educación superior de las políticas y normativas ya existentes, en materia de acoso sexual y los convoca a tener una política integral, que tiene un alcance mucho mayor de las que tienen los protocolos que actualmente tienen las instituciones”.

Tal como explica la norma, el protocolo es la herramienta que tienen las universidades para actuar frente a casos de violencia de género, ya que define las sanciones y los pasos a seguir para atender el aso de la mejor forma posible. La política integral, por su parte, apunta a la prevención y erradicación de estos actos. La elaboración de estos le corresponde a cada casa de estudio y debe hacerse con la participación de sus miembros y con paridad de género.

La ley otorga un plazo acotado para que las universidades y centros de formación técnica tengan listo lo que se les solicita. Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación Superior, explica que “tendrán el plazo de un año desde la publicación de la ley, es decir hasta el 15 de septiembre del próximo año, para implementar los modelos de prevención y de sanción construidos participativamente. Una vez implementados los modelos, se otorga un plazo de 90 días, prorrogables por otros 30, para difundirlos, realizar actividades relacionadas con su perfeccionamiento y orientación”.

Varias universidades ya tienen protocolos y políticas de género o están trabajando en ello de forma voluntaria. Como a partir de ahora es una obligación contar con estas medidas, cuando se finalice el plazo las instituciones serán inspeccionadas y en el caso que no cuenten con lo solicitado habrá sanciones.

Jorge Avilés, superintendente de Educación Superior, explica que “las casas de estudio que no adopten una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en los términos dispuestos por la presente ley, además de poder ser sancionadas por esta superintendencia, no podrán obtener la acreditación institucional”.

Antonia Santos, coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género del Cruch, recalca que “las 30 universidades en el consejo de rectores tienen protocolos. Ahora es ley y la ley es importantísima, porque reconoce la violencia de género en los espacios de educación superior e indica qué actuación hay que tener para prevenirla, atenderla y sancionarla”.

Los centros de formación técnica y los institutos profesionales no se quedan fuera. Varios de estos centros también ya cuentan con reglamentos para actuar frente a los casos de violencia de género. Leopoldo Ramírez, director ejecutivo del Consejo de Rectores de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica acreditados (Vertebral Chile), organización que agrupa 25 socios, afirma que “la mayoría tiene protocolo y las que no lo tienen lo vienen trabajando desde hace algún tiempo, pero cabe señalar que en este caso es el propio Ministerio de Educación el que ha dado protocolos supletorios, de modo que todas tienen”.

La Universidad de Chile ha sido una de las que han reaccionado más rápido respecto de los protocolos. La directora de Igualdad de Género, Carmen Andrade, relata que esta casa de estudios “fue pionera entre las instituciones de educación superior en abordar el problema de la violencia de género y, en particular, el acoso sexual”. “Desde 2014 se viene trabajando en este tema y hoy contamos con una política de prevención del acoso sexual y la violencia de género, que fue construida con la participación de distintos actores de la comunidad universitaria”, comenta.

La Universidad Católica también dio primeros pasos importantes. Marisol Urrutia, prosecretaria general, señala que “para abordar de manera integral este tema, desde el año 2016 (la UC) cuenta con la Política de Prevención y Apoyo a Víctimas de Violencia Sexual en contextos universitarios, estableciendo protocolos claros de acción frente a estos hechos, e indicando los apoyos dispuestos por la universidad en al ámbito psicológico, médico y legal”

La Universidad de la Frontera, por su parte, comenzó a trabajar en esta materia después de las movilizaciones feministas. Bárbara Eytel, directora de Equidad de Género, señaló que “contamos con un protocolo de actuación para situaciones de acoso sexual, acoso laboral, maltrato laboral y discriminación arbitraria, desde mayo de 2019″.

La nueva ley también establece que los planteles de educación superior cuenten con unidades que se hagan cargo de implementar estos reglamentos y al mismo tiempo que sea otra unidad la que lleve a cabo procesos de denuncias e investiguen estos casos y los sancionen de ser necesario. A la fecha, las universidades tienen direcciones de género, órganos internos dedicados a analizar las denuncias y sistemas de acompañamiento psicológico o legal para los denunciantes.

Aunque varios establecimientos de educación superior han dado pasos importantes para avanzar en esta materia, está pendiente una política integral con foco en la prevención y la sanción de estas conductas, algo exigido por la nueva normativa.

Algunos de los puntos que el modelo de prevención debe considerar es el desarrollo de programas de capacitación y especialización a todo el personal y la incorporación de contenidos de derechos humanos, violencia y discriminación de género en los planes curriculares. A su vez, el modelo de sanción debe incorporar órganos con competencias especiales dedicados a la investigación de estos casos y que se garantice el tratamiento reservado de la denunciantes.

Angélica Marín, secretaria ejecutiva de la Oficina de Género y Sexualidades Umce, comenta que “a partir del Diagnóstico de Relaciones de Género, desarrollado entre 2020 y 2021, se planificó la elaboración de una Política de Género, la que en un proceso participativo iniciará su construcción en el último trimestre del presente año”.

La directora general de Géneros y Equidad de la Universidad del Bío-Bío, Fancy Castro, comenta que están en la misma situación: “Nos encontramos en proceso de levantamiento del segundo diagnóstico de género en la Universidad, que nos dará los antecedentes para formular la política integral de género que pide la ley”.

La primera encuesta nacional sobre acoso sexual callejero, laboral, en contexto educativo y ciberacoso, realizada por El Observatorio Contra el Acoso Callejero de Chile durante el año pasado, arrojó que al menos un 34,1% ha vivido por lo menos una situación de acoso sexual en contexto educativo. Además, hay una brecha importante entre sexos, porque el 41,4% de los afectados son mujeres.

La Tercera consultó a las 30 universidades que conforman el Cruch acerca de cuántas denuncias sobre acoso, abuso, violencia o discriminación de género han reunido desde 2017, con denunciantes y denunciados que pueden ser cualquiera de sus miembros. De estas, 20 contestaron, mientras que algunas solo tienen registros del 2018 o posterior, o bien algunos planteles entregaron la cifra total, pero no separadas por año. En total, esto suma 1.339 denuncias.

El secretario general de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, José Luis Guerrero, comenta que en el caso de la PUCV, las acusaciones se interponen por diversos hechos: “La ley se remite al acoso sexual, violencia y discriminación de género, y nosotros además incorporamos hostigamiento, no solo sexual o de género, sino que también acciones de hostigamiento o discriminación arbitraria por cualquier tipo de consideraciones”.

Karin Baeza, al mando de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Usach, explica que en el caso de ellos han observado una baja en las denuncias. “La baja sostenida desde 2020 se explica por dos variables: la pandemia y el hecho de que en 2020 implementamos un modelo de acompañamiento integral de las orientaciones, donde hay una sicóloga y una abogada, ambas especialistas en violencia de género. La mayoría llega por consulta y no para hacer una denuncia”.

También enfatiza que “hay un desafío con los tiempos de la resolución de los procesos, ya que se demoran en promedios dos años, pero hay algunos que demoran cinco, lo que implica que una persona pasa toda su trayectoria académica con un proceso encima y es costoso emocionalmente”.

No todas las universidades tienen registro de cómo terminan las denuncias, principalmente por la razón que explica Baeza. Mariana Gaba, directora del Departamento de Género de la Universidad Diego Portales (UDP), señala que en el caso de este establecimiento, “en el 61% de las denuncias presentadas dentro del ámbito de aplicación (es decir, que la conducta podía ser investigada bajo los parámetros de la normativa) se aplicó algún tipo de sanción”.