Alcaldes bajo amenaza narco y con protección policial

Diciembre de 2022 y el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro (DC), se trasladaba a su oficina para continuar con una jornada laboral larga. Sin embargo, a medida que avanzaba, una camioneta roja se acercaba amenazantemente. Al comienzo, no le prestó mayor atención, pero luego de percatarse que ese vehículo doblaba en las mismas calles que él, paraba en los mismos lugares e imitaba todos sus movimientos, le llamó la atención. A él y también al personal de Protección de Personas Importantes (PPI) que lo protegen desde 2020.

Por lo mismo, el alcalde y su chofer decidieron acelerar y enfilar directamente al municipio, pero al entrar, en Avenida Ossa N°1771, seis disparos al aire los hicieron agachar la cabeza y correr a la oficina. Los carabineros que lo escoltaban rastrearon el lugar y recogieron dos vainillas de balas 9 milímetros.

Si hasta antes de este hecho Toro ya era una autoridad potencialmente en riesgo, luego su perfil aumentaría. Hechas las evaluaciones por el Ministerio Público y la policía, debía entonces contar con mayores resguardo para sus desplazamientos.

Su caso no es el único, pues tres de sus colegas están en la misma situación: Claudia Pizarro (DC), alcaldesa de La Pintana; Germán Codina (RN), alcalde de Puente Alto, y Rodolfo Carter (independiente), jefe comunal de La Florida, también han sido objeto de amenazas en su contra, hecho que los ha obligado a contar con escolta policial.

Lo del alcalde Toro está asociado -dicen fuentes policiales- a lo crítica que fue la administración de Miguel Ángel Aguilera (PS), quien fue formalizado en julio de 2021 por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y cohecho reiterado, en una causa donde se indagan sus nexos con narcotraficantes de la comuna.

Es por eso que para la policía no fue muy complejo asociar los vínculos entre esta investigación y las amenazas contra Toro. El alcalde señala que “no me parece que tengamos que tener medidas especiales, porque somos ciudadanos, pero cuando nos vemos en riesgo, sobre todo con amenazas de muerte, cuando estamos haciendo el trabajo, denunciando el crimen organizado, el narcotráfico o los grupos que tratan de permear la política, es bastante complejo poder mantener la tranquilidad”.

El jefe comunal explica que el resguardo policial con el que cuenta implica que tenga dos carabineros que son PPI, y que deben velar por su seguridad. Ellos están disponibles en turnos de 24/7 y se mueven con el alcalde siempre.

Algo similar vive el alcalde de La Florida, quien desde inicios de este año ha recibido amenazas desde distintas agrupaciones de narcotráfico. Si bien durante el estallido social ya había sido objeto de amedrentamientos -colgaron una figura suya cerca de su casa-, ahora, a raíz de su cruzada para derribar las denominadas “narcocasas”, el riesgo aumentó.

Así se lo hicieron ver desde la Fiscalía Oriente cuando decidió comenzar con esta medida. “Al comienzo no estaba muy convencido de tener protección policial. Había amenazas directas, lienzos, rayados cerca de mi domicilio. Disparos en los lugares donde íbamos y así, pero recibí una alerta importante, porque me dijeron: ‘Un día llegará un repartidor de comida en una moto cuando se esté bajando de su auto y le dispararán. Hasta ahí llega nomás’”, relata Carter.

El Ministerio Público realizó una evaluación de riesgo y sí: su perfil calificaba para disponer de escolta policial, por lo que desde entonces -enero de este año- cuenta con carabineros de civil que lo escoltan, aunque, tal como le pasó a su colega de San Ramón, eso no reduce el ímpetu de quienes quieren amenazarlo.

El miércoles 22 de marzo, cuando Carter presenciaba la demolición de una casa perteneciente a un imputado por narcotráfico en la población Los Quillayes, se sorprendió con uno de los tantos gritos de quienes se oponían a esta medida. “Sabemos que vives en la calle (...), número de casa (...). Estás avisado”, le dijeron.

El alcalde recuerda que le relataron correctamente su dirección y número de casa, como también que sabían que vivía con sus hijos. “Es incómodo salir hablando sobre esto, porque ojalá todos los chilenos contaran con la protección que se merecen, pero yo sólo cumplo con lo que me recomendaron los expertos. Además, no tengo nada que decir de los funcionarios policiales que me acompañan”, añade.

Los escoltas que están con Carter lo acompañan en todas sus actividades, como también revisan constantemente los accesos a su domicilio y también del municipio. Todo desplazamiento es previamente analizado por una avanzada.

Cuando el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, se dirige a alguna reunión, dos carabineros llegan primero al lugar. Allí revisan las instalaciones, los accesos, las salidas y ven todo tipo de detalle que pueda servir para disminuir las posibilidades de riesgo de la autoridad. Cuando está todo chequeado y limpio, se autoriza el traslado.

De esta manera se ha estado moviendo Codina desde el año pasado, cuando a su correo electrónico comenzaron a llegar mensajes amenazantes en su contra que lo ponían en una situación, al menos, incómoda.

Tal como les pasaba a sus colegas, al comienzo las amenazas del calibre “preocúpate por tu vida”, “déjate de hablar. Te estamos observando”, no eran más que una mala anécdota. Además, según revelan fuentes policiales, las autoridades siempre son reticentes a la protección de escoltas para no dar una imagen de privilegio frente a la población, más cuando lideran comunas populares, donde la inseguridad es el principal tema de preocupación.

En esa postura estaba Codina cuando recibió otra amenaza más: su nombre, junto a una serie de improperios y advertencias sobre su vida comenzaron a aparecer reiteradamente en varias murallas de Puente Alto. Sospechosamente -deslizan fuentes que conocieron estas evaluaciones de riesgo- estos hostigamientos aparecían casi siempre en lugares que el alcalde podía ver.

Y la última y decidora advertencia la recibió en persona, mientras participaba de una actividad. Ahí se le acercó una persona y le dijo: “Te vamos a matar”.

Por lo mismo, cuando el alcalde conversó con la Fiscalía Sur sobre este tema, le señalaron que debía contar con protección: tenía altas probabilidades de ser atacado.

Al igual que sus colegas Toro y Carter, Codina ha mantenido un discurso directo contra el mundo del narcotráfico, lo que le ha valido una animadversión frente a estos grupos, y más -explican quienes elaboran los perfiles de riesgos antes de asignar los PPI- en una comuna que cuenta con sectores dominados por estas bandas.

“La crisis de seguridad está destruyendo la cohesión social y está permitiendo que los narcos se tomen el territorio. Cuando las bandas se enfrentan entre ellas para ganar el territorio es porque el Estado no está dominando el territorio. Las bandas se van haciendo más fuertes para desafiar al Estado y tener a la gente amedrentada y con miedo. Eso hay que frenarlo de una vez por todas”, dijo el edil en octubre de 2022.

El rol del Ministerio Público es clave para la asignación de escoltas, pues es desde esa institución que nacen estas recomendaciones, a raíz de las denuncias por amenazas que reciben. Y, dado el aumento en los hostigamientos -con el auge de las redes sociales- es que la Fiscalía Nacional creó una nueva unidad para perseguir focalizadamente estos delitos (ver al final).

Claudia Pizarro es una de las primeras alcaldesas de la Región Metropolitana que contó con este tipo de protección, a raíz de las graves amenazas y ataques que recibió.

Fue en 2017 cuando la alcaldesa de La Pintana presentó una denuncia en la Fiscalía Sur por una serie de amenazas que recibió por teléfono. “Dijeron que me iban a matar. Y en forma grosera”, señaló el día que concurrió a la Fiscalía.

Desde entonces, Pizarro cuenta con protección policial, lo que -al igual de lo que le ocurrió a Toro y a Carter- no fue impedimento para ser objeto de más ataques. El más grave ocurrió en octubre de 2020, cuando el 13 de ese mes la alcaldesa llegó a su oficina y se percató de que el segundo pisto había marcado más de un disparo en el exterior.

La fiscal sur Nadia Mendogio explicó esa vez que “estos hechos fueron vistos por la alcaldesa al momento de ingresar a su oficina el día de hoy, siendo estos impactos balísticos en ventanal”.

Es tal el nivel de riesgo de la alcaldesa Pizarro, que cuando en abril de 2022 participó del programa de televisión La Divina Comida, en Chilevisión, se le recomendó no usar su casa para recibir a los invitados. Esta determinación no tenía que ver con que esa noche pudiera ser atacada, sino porque se mostraría de manera pública cómo era su domicilio, dónde vivía y las características que tenía.

Para el coronel (R) Arturo Urrutia -quien fue parte del grupo de escoltas presidenciales entre 2010 y 2014- “toda planificación que se desarrolle depende del nivel de riesgo de la autoridad. En estos casos de amenazas, lo principal es asegurar las zonas donde se traslada, evitar exponerlo a situaciones donde puedan acercarse a él y, además, se estudian las rutas por las cuales se traslada”.

El coronel (R), sin embargo, advierte: “Hoy por hoy los riesgos son altísimos. Si ya para una persona que no es autoridad es complejo andar, por ejemplo, en el centro en la noche o transitar una autopista, para quienes han sido objeto de amenazas es más complejo. Hay que siempre evitar riesgos”, sentencia.

Fue uno de sus anuncios cuando era candidato a fiscal nacional: la creación de una nueva unidad encargada de investigar las amenazas contra fiscales, jueces, parlamentarios y toda autoridad que ostente un cargo público.

Esa era una de las pretensiones que tenía Ángel Valencia antes de ser escogido jefe del Ministerio Público y, ahora, esta medida finalmente podrá ver la luz.

Valencia ya firmó el oficio que crea la Unidad de Investigación de Amenazas contra autoridades, donde designó al fiscal regional sur, Héctor Barros, a cargo de este equipo.

Este grupo se encargará de recibir todas las denuncias por amenazas contra la autoridad que lleguen a sus oficinas regionales para luego compartimentarlas y designar a quienes estarán a cargo de las pesquisas.

El objetivo es dividir el trabajo en tres zonas: Macrozona Norte, Sur y Región Metropolitana, donde se perseguirá a quienes sean identificados como imputados de amenazar a una autoridad.

Para esta labor, Barros contará con un equipo de 13 fiscales, quienes indagarán los casos de manera “cruzada” por región, es decir, si una amenaza es detectada en el sur, la podrá indagar un fiscal de la Región Metropolitana, para así evitar que este persecutor a cargo del caso también sea amedrentado.

El perfil de los fiscales que investigarán estos casos no será al azar, sino que el Ministerio Público designará a los investigadores que tengan formación en técnicas investigativas contra el crimen organizado y también quienes hayan desarrollado funciones en el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), que es la unidad donde se cruza la información estadística de las tendencias delictuales en el país.

Es por eso, explican, que tampoco fue casualidad que se designara a Héctor Barros a cargo de este equipo, pues es un fiscal que cuenta con una formación de fiscal neto, 100% operativo y que lidera una zona compleja en cuanto al auge del crimen organizado y el narcotráfico.

La unidad ya cuenta con sus dos primeras causas: dos amenazas a fiscales en la Macrozona Sur.