La abogada y doctora en Antropología Antonia Rivas (40) -comisionada de Convergencia Social- participó en la Convención como asesora de la exconvencional rapa nui Tiare Aguilera. Cuando era estudiante fue ayudante del rector de la Universidad Diego Portales (UDP), Carlos Peña, en la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas. Luego se doctoró en la Universidad de California, Berkeley. Ahí hizo su tesis sobre el pueblo rapa nui, la cual la llevó a vivir y trabajar en Isla de Pascua.
También fue ayudante de Javier Couso en la cátedra de derecho constitucional en la UDP. Ahora, trabaja como jefa de la Unidad de Investigación y Coordinación del Ministerio de Justicia y pedirá un permiso sin goce de sueldo para desempeñarse en la Comisión Experta.
La abogada dice que se debe recoger la consulta indígena que realizó la expresidenta Michelle Bachelet en su proceso constituyente, la consulta indígena de la Convención, y espera que el anteproyecto que redacten los expertos también sea sometido a consulta. “Yo tengo una sensibilidad especial por los temas indígenas, pero yo no soy representante de los pueblos indígenas”, advierte Rivas.
¿Fue un error de la Convención proponer la plurinacionalidad?
Fue un error no haber logrado explicar la plurinacionalidad, porque yo siempre la entendí como la convivencia de distintos pueblos en un mismo país con el reconocimiento de sus derechos colectivos. A mí me interesa el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, algo que ya Chile está obligado por la ratificación de los convenios internacionales.
¿Le parece suficiente simplemente avanzar en el reconocimiento constitucional?
Es suficiente el reconocimiento constitucional de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que no es lo mismo que el reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas.
¿Qué vendrían siendo los derechos colectivos?
Los derechos colectivos a la tierra, identidad, vida cultural, participación política, integridad cultural, los derechos que están reconocidos en los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas de los cuales Chile es parte.
¿Los derechos colectivos son la plurinacionalidad de este nuevo proceso?
Son conceptos distintos. La plurinacionalidad es un proyecto político sobre cómo un Estado se reconoce a sí mismo, pero esto es otra cosa.
¿Hay piso político y social para aceptar una idea como esa?
Yo espero que sí. Me interesa avanzar en una idea no estereotipada ni esencialista de lo que son los pueblos indígenas. Por eso es importante reparar la deuda que dejó el proceso anterior.
¿Los derechos colectivos implican sistemas de justicia especiales?
No, pero es importante reconocer un enfoque intercultural en la aplicación de la justicia, o sea que cuando se trate de casos entre indígenas los tribunales consideren las costumbres y el derecho propio de esos pueblos, pero eso es algo que existe y sucede en la actualidad.
Respecto del derecho a la participación política, ¿cree que eso va acompañado de escaños reservados?
Sí, es fundamental que el Congreso considere escaños reservados para pueblos indígenas en proporción a un sistema que se establezca en un registro de electores indígenas. Esto es clave para asegurar una forma de entender el Estado que reconozca la existencia de los pueblos indígenas en la identidad nacional del presente.
Cuando habla de tierra, ¿es necesaria una regulación más exigente que la Ley Indígena?
Eso no es materia constitucional. Insisto, lo importante es el reconocimiento constitucional de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. No podemos caer en el error de regular asuntos legales en la Constitución. La forma en como se ejerce el derecho a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas será algo que tendremos que regular y discutir en la ley.
¿Qué otros temas le gustaría defender e impulsar?
El paraguas que tiene que iluminar toda nuestra discusión es el Estado social y democrático de derecho. Desde ahí tiene que surgir un sistema político que habilite la política y permita que sea quien sea la fuerza política que gobierne, lleve adelante su programa, es decir, un texto que supere la Constitución del 80 en impedir ejercer la democracia.
¿Significa el fin del Estado subsidiario?
Es el fin del Estado subsidiario entendido como la mercantilización de los derechos. Eso no quiere decir que la provisión de derechos sea solo del Estado, sino que solamente tiene que tomar un rol preponderante en la garantía de esos derechos.
El texto pasado, además, avanzó hacia un texto feminista, ¿le gustaría insistir en eso?
Esta Constitución tiene que ser moderna y entender los desafíos de Chile para desarrollarse como lo son la descentralización, la crisis climática y ecológica. Quiero un texto que entienda de derechos digitales y que mire hacia los próximos años. Por supuesto que también creo que debe ser una Constitución que consagre la igualdad de manera importante y consagre principios como la paridad, los derechos de las mujeres, que hable del derecho al cuidado. También necesitamos resolver, mediante el sistema político, la crisis de legitimidad que tienen los partidos políticos. Es importante que sea un texto bien trabajado y que técnicamente sea impecable en su desarrollo.
