El 21 de junio de 2017, Antonia Urrejola fue elegida por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) como presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para un período de cuatro años, que inició en enero de 2018.
La abogada de la Universidad de Chile se ha desempeñado como consultora de diversos organismos internacionales, entre ellos el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En Chile, fue asesora de la Presidencia, especialmente en la elaboración y tramitación de proyectos de ley relacionados a la institucionalidad de derechos humanos, infancia y diversidad sexual.
En medio de una apretada agenda, Urrejola conversó con La Tercera sobre su reciente visita a Colombia para investigar las denuncias de represión y brutalidad policial en las marchas que empezaron en abril, además de referirse a la crisis en Nicaragua, donde más de una veintena de opositores han sido detenidos en el último mes.
¿El Presidente colombiano Iván Duque hizo algún compromiso con la CIDH para reformar la policía?
El Presidente no tomó compromisos en ese sentido durante la visita de la CIDH. Eso debido a que las recomendaciones al Estado se le han comunicado hace muy poco, y recién han sido publicadas hace un par de días, todo ello ha ocurrido con posterioridad a la visita. En base a los hallazgos durante la visita de la CIDH, se identificó la necesidad de producir cambios relevantes en los cuerpos policiales. Las recomendaciones que la CIDH hizo al Estado en relación con reformas policiales, dicen relación con varios aspectos muy importantes, como su dependencia orgánica, el uso de formas especiales de privación de libertad; formación, procedimientos y mecanismos de rendición de cuentas; protocolos de actuación en contextos de manifestaciones públicas de protesta; todo ello con el fin que los cuerpos policiales tengan una orientación diferente a la defensa nacional, enfocada en la seguridad ciudadana y en el libre ejercicio del derecho a manifestación pacífica. Por supuesto que esperamos y confiamos en que el Presidente Duque tome compromisos para el cumplimiento de esas recomendaciones.
¿Cree que Duque anunció la reforma policial previo a la visita de la CIDH como un gesto?
Como presidenta de la CIDH, no puedo hacer ese tipo de evaluaciones, pues no es ese el mandato de la CIDH. Sí le puedo decir que las recomendaciones que la CIDH ha hecho sobre modificaciones en materia policial, son posteriores al anuncio de la reforma a la que usted se refiere, lo que refleja que hay ahí espacio para cambios en pos de una policía que funcione como garantía del ejercicio de los derechos ciudadanos, dentro de los cuales se encuentra el derecho a la protesta social.
¿Cuáles fueron los principales hallazgos de su visita?
Uno de los hallazgos centrales de la visita es, justamente, el clima de polarización existente en el país, la estigmatización, la violencia, la persistencia de lógicas bélicas en la interpretación y respuesta a la actual movilización social. Por otra parte, la CIDH observó que las actuales manifestaciones se vinculan con reivindicaciones estructurales e históricas de la sociedad colombiana, que a su vez están consignadas en la Constitución Política de 1991 y en los Acuerdos de Paz de 2016. La Comisión constató un amplio consenso entre representantes del Estado y la sociedad civil frente a las causas del descontento que subyacen a las protestas, tal como la profunda inequidad en la distribución de la riqueza, la pobreza, la pobreza extrema, y el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, en particular, educación, trabajo y salud. Igualmente, los altos niveles de violencia e impunidad, así como la discriminación étnico-racial y de género. Todos estos factores se han visto exacerbados con los efectos de la pandemia por Covid-19. Adicionalmente, la CIDH considera que las manifestaciones en Colombia tienen una complejidad especial, no solo debido a que se han extendido a diferentes regiones del país, sino además porque la multiplicidad de peticiones, reivindicaciones y demandas sociales son de índole nacional, regional y municipal. La Comisión también registró denuncias del Estado y de organizaciones de la sociedad civil, sobre la infiltración de las protestas por parte de grupos o sujetos que han efectuado actos violentos y/o vandálicos durante el transcurso de las manifestaciones. En este marco, recibió información sobre vulneraciones a derechos fundamentales de terceras personas, así como afectaciones a bienes públicos y privados en el marco de las manifestaciones. Ha resultado extremadamente preocupante el alto número de muertes y personas lesionadas, así como las graves denuncias de personas desaparecidas, violencia sexual y la utilización de perfilamiento étnico-racial, en el contexto de las protestas sociales. Igualmente, las agresiones a periodistas y a misiones médicas, el uso de formas especiales de privación de la libertad y denuncias por detenciones arbitrarias. En estas materias no puede haber dos lecturas, y así lo reflejan las observaciones y recomendaciones de la CIDH, los Estados tienen la obligación internacional de investigar diligentemente, establecer la verdad, administrar justicia, reparar a las víctimas y tomar medidas que eviten que hechos de este tipo de vuelvan a producir.
¿Ve una pronta salida a la crisis en Colombia?
Las salidas para situaciones complejas, como las que enfrenta Colombia, dependen, en gran medida, de la manera cómo las actoras y actores locales actúen; la Comisión ha considerado en sus observaciones que el Estado y la sociedad colombiana tienen una oportunidad única para revertir la situación actual hacia una nueva etapa, con las herramientas propias de una democracia: participación ciudadana, un diálogo efectivo e inclusivo que aborde las demandas legítimas de la población, así como el respeto irrestricto a los derechos humanos con especial consideración por las víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Todo ello debe ocurrir además en el marco democrático de un Estado de Derecho.
¿Qué gestiones está haciendo la CIDH respecto a Nicaragua?
En 2018, frente al escalamiento de una crisis producida en el contexto de protestas sociales duramente reprimidas por las autoridades nicaragüenses, y luego de haberse producido una cantidad alarmante de víctimas fatales, instaló en Managua -con la aquiescencia del Estado- su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) el 24 de junio de 2018, con el objetivo principal de dar seguimiento a las recomendaciones realizadas por la CIDH, luego de la visita en terreno que realizara entre el 17 y el 21 de mayo de ese año. La CIDH además instaló un Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI Nicaragua) para coadyuvar a las autoridades en la investigación de los hechos violentos ocurridos en determinado período de la crisis. El informe final de dicho grupo determinó que en Nicaragua se habían cometido hechos graves que deben ser calificados incluso como crímenes de lesa humanidad.
¿Daniel Ortega les ha prohibido entrar al país?
Las autoridades del Estado pusieron fin al trabajo en terreno del MESENI y del GIEI Nicaragua en diciembre del 2018 y desde entonces la Comisión no ha podido volver a entrar al país, pues no se cuenta con la aquiescencia del Estado. Pese a eso, el MESENI continúa haciendo un riguroso seguimiento remoto de la situación del país.
¿Cómo evalúa la actual crisis en Nicaragua?
Se trata de una crisis de derechos humanos muy grave que se inicia en 2018 y que persiste hasta ahora, por medio del desenvolvimiento de varias etapas de la represión. Luego de un ataque letal a la población civil manifestante, en 2018, que arrojó al menos 328 personas fallecidas, el Estado dispuso de medidas que evitaran cualquier manifestación cívica de protesta en pos de la democratización del país y del fin de la impunidad por graves los atropellos a los derechos humanos. Esta situación ha escalado en el último mes y, en el contexto de las elecciones generales a realizarse en noviembre próximo, han sido detenidas, bajo cargos infundados, seis personas que habían manifestado su intención de ser candidatas presidenciales, además de una veintena de líderes y lideresas de alta visibilidad pública. Entre ellas hay políticos, defensoras de derechos humanos, periodistas y líderes campesinos, empresariales y estudiantiles. Hasta ahora, además, se ha privado arbitrariamente de la libertad, de acuerdo con los registros de la CIDH, al menos, a 1.614 personas en el contexto de la crisis; más de 130 de ellas continúan detenidas; hay más de 100 mil personas que han migrado forzosamente con el fin de proteger su vida y libertad, de acuerdo a información publicada por ACNUR. Todo lo anterior ocurre además en un contexto de grave deterioro de las instituciones democráticas, en que no existen poderes públicos independientes. En Nicaragua se requieren medidas urgentes por parte del Estado para poner fin a la represión y recuperar las garantías propias de una democracia. La Comisión sigue trabajando día a día para que eso ocurra, por medio del monitoreo exhaustivo de la situación, por la activación de sus mecanismos de protección de los derechos humanos, así como por la denuncia pública internacional de lo que ocurre en el país.
