Aula Segura: 5.205 alumnos han sido expulsados desde su promulgación

Promulgada el 19 de diciembre de 2018, la Ley 21.128, más conocida como Aula Segura, ha sido desde su propia concepción motivo de debate. Por un lado están quienes defienden que la iniciativa aumentó la capacidad de directores de colegios ante hechos violentos al interior de sus establecimientos. Y, por otro, quienes señalan que el carácter punitivo de la norma se aleja de la idea formativa que tienen que tener los recintos educacionales.

Recientemente, de hecho, las diferencias se vieron en el Congreso cuando la Cámara de Diputados y el Senado rechazaron y aprobaron, respectivamente, una indicación en el marco del Presupuesto 2025 que impedía el acceso a la gratuidad a sancionados por Aula Segura.

El recurrir a ella o no ha llegado a tal punto que estudiantes de una misma comuna se han visto primero enfrentados y luego eximidos de Aula Segura dependiendo del alcalde de turno. El caso más decidor es Santiago. Con el RN Felipe Alessandri (2016-2021) se recurrió en 76 oportunidades a ella, mientras que con la PC Irací Hassler (2021-2024), ninguna, optando por otras medidas.

Como sea, lo cierto es que según datos proporcionados por el Centro de Estudios del Mineduc, desde promulgada la ley, 5.205 alumnos han sido expulsados, con la precisión de que todos los casos de expulsión desde 2018 a la fecha, tras Aula Segura, los consideran como tal. El conteo considera a todos los expulsados que han sido reportados a la Superintendencia de Educación e incluye a todos los de 2018, aun cuando la ley se promulgó a fin de año.

Cristóbal Villalobos, académico de la Facultad de Educación y subdirector del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación UC, contextualiza que Aula Segura más que una política fue un cambio de atribuciones a los equipos directivos, permitiendo generar procesos expeditos de expulsión cuando se producen hechos que afectan la convivencia. “No se pensó nunca como una política que buscara prevenir la violencia o faltas graves de la convivencia, sino como un mecanismo rápido de solución de ciertos hechos”, dice.

Al ver las cifras año a año, se tiene que progresivamente se expulsó a 784 estudiantes en 2018, 692 en 2019, 10 en 2020, 22 en 2021, 1.068 en 2022, 1.741 en 2023 y 877 en lo que va de 2024, bajando sustancialmente el número respecto del año pasado (ver tabla).

“No es sorprendente la disminución -por pandemia y tras ella- sobre todo pensando en los diagnósticos que mostraron las dificultades socioemocionales producidas en la pandemia. De ahí que políticas como la Política Nacional de Convivencia Educativa (aprobada este año) hayan abordado de forma más integral que Aula Segura problemas graves desde una perspectiva muy diferente, pues se pone el centro en la corresponsabilidad y mediación más que en la expulsión”.

De todos los expulsados en estos años, casi un tercio son de la Región Metropolitana. Más atrás aparecen Valparaíso, Biobío, Maule y Coquimbo.

Desde el Colegio de Profesores son tajantes sobre lo aquí descrito: “Nosotros dijimos cuando se promulgó que era más mediática que efectiva y las cifras lo demuestran: los expulsados no son tan diferentes a lo que había antes y el porcentaje de reincorporados es alto porque es una norma que implica una serie de procedimientos difíciles de cumplir cabalmente”, señala su presidente, Mario Aguilar.

Y es que los datos aportados por el Mineduc dicen que de todos los expulsados, al año siguiente de producirse fueron reincorporados al sistema respectivamente 697, 601, 9, 26, 908 y 1.484, con un promedio de revinculación del 86%.

“La cifra de reincorporaciones muestra no solo lo que podría ser la parcialidad de muchas expulsiones, sino también que en muchos casos la decisión de expulsión podría haberse prevenido”, dice al respecto Villalobos, mientras que Ingrid Olea, directora ejecutiva de Educación 2020, asevera que “un estudiante que cae en conductas tan graves que ameritan la expulsión es un estudiante a quien no se puede dejar solo. Si las escuelas lo expulsan, entonces debe ser una preocupación para el sistema que ese estudiante continúe su trayectoria y no termine cayendo en peores conductas”.