Becas Chile: El caso de los becarios que no han devuelto lo pactado

Desde 2017, las becas de posgrado entregadas por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) han permitido a 11.370 profesionales acceder a estudios de magíster o doctorado en prestigiosas universidades de Chile y el mundo, de forma gratuita y con un único requisito: en el caso de los becados en el extranjero, regresar al territorio nacional para retribuir al país. Sin embargo, el incumplimiento de esta cláusula en algunos casos ha encendido las alarmas. En noviembre de 2023, un documento del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, constató que al menos 55 alumnos se encontraban en situación irregular por no devolver lo retribuido una vez que terminaron sus procesos de estudios gracias a las becas. Aunque el porcentaje es pequeño en comparación con el total, el hecho abre una grieta respecto del funcionamiento de estos beneficios.

En concreto, la situación llamó la atención en la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, desde donde se solicitó al Ministerio de Ciencia –cartera a cargo de la ANID- el detalle de los beneficiarios que incumplieron las obligaciones estipuladas en sus becas. ¿Quiénes son estos becarios en situación irregular? La Directora Nacional de la ANID, Alejandra Pizarro, aclara que los 55 estudiantes contabilizados entre el 2017 y 2023 por el ministerio corresponden tanto a participantes de los programas de Becas Nacionales de Posgrado y Becas Chile -hacia el extranjero-.

Las condiciones de las becas varían según el tipo de beneficio. Para las nacionales, los requisitos van desde la obtención del grado académico hasta la retribución desempeñándose en el ámbito académico o público del país. Para las Becas Chile al extranjero, se debe regresar al país y permanecer en su territorio por la misma cantidad de años que duró el programa. En caso de no cumplir con las exigencias estipuladas, el estudiante debe reembolsar los fondos brindados por el estado correspondientes al programa de estudios. De no hacerse cargo de la restitución, se inicia el proceso cobranza, que consta de etapas a nivel administrativo y judicial.

Pizarro revela que, producto de la gestión de la agencia tras el oficio que dio a conocer la irregularidad de los 55 becarios, hoy ese número ha cambiado: del recuento inicial, 21 ya empezaron el proceso de pago, mientras que los otros 34 casos figuran judicializados. “De esos 34 becarios tenemos solo 10 de Becas Chile que se encuentran en el extranjero, el resto tiene que ver con incumplimiento de obtención del grado o retribución al país”, explica la directora. Acorde a datos recientemente publicados en el sitio web de ANID, entre 2014 y 2023, se habrían iniciado 75 procesos de demanda por incumplimiento de normativas de beca, 49 nacionales y 26 en el extranjero.

De las 10 personas que se encuentran en incumplimiento respecto de sus obligaciones, tras haber obtenido una beca en extranjero, los fondos comprometidos suman $351.099.569. En ese grupo, cuatro se encuentran en Estados Unidos, dos en España y los otros cuatro en Alemania, Suecia, Canadá y Noruega

Pese a que desde la ANID insisten en que el porcentaje de casos irregulares es muy bajo respecto a los 5.000 profesionales con becas vigentes, el senador y miembro de la comisión Desafíos del Futuro, Alfonso de Urresti (PS), advierte que la gravedad del asunto está en que “el Estado de Chile ha apostado por personas con alta formación para graduarlos y pagar sus estudios y creo que hay que ser extremadamente riguroso en esos fondos, aunque sea solo una persona la que no cumple”, expresa.

Para el parlamentario, los 55 becarios serían “la punta del iceberg” en la gestión de adjudicación de los fondos de la institución. “De los que han cumplido, es importante saber cómo se cumple la devolución, porque el Estado de Chile y la sociedad hemos invertido recursos para formación de capital humano. Ese capital debe tener una retribución al a la sociedad”, dice.

Esta semana se publicó el informe final de la auditoría financiera a la ANID realizada por la Contraloría General de la República. El documento reveló que el presupuesto asignado a los programas de las Becas Nacionales de Postgrado y Becas Chile durante 2022 se elevó a 89 mil millones de pesos, de los cuales, alrededor de 50 mil millones correspondieron a becas para el territorio nacional y los otros 39 mil millones para formación en el extranjero.

Desde la agencia explican que los valores de cada beca oscilan entre los 40 y 80 millones de pesos, dependiendo de si corresponden a magíster o doctorado. Cada beneficio comprende la cobertura de los pagos de arancel y matrícula, pasajes de ida y vuelta del becario y su familia y asignaciones de instalación, anuales y mensuales para cubrir los gastos de estadía, salud y para la compra de materiales, dependiendo del programa y país de destino.

Más allá del monto, el senador De Urresti destaca que “el incumplimiento no solo es avaluable en dinero, sino también en la prestación de servicio de retorno en alguna universidad o institución del país, especialmente con un foco en regiones”.

El informe de Contraloría reveló otro antecedente importante sobre la gestión de las becas entregadas por la institución: “Se constató que la ANID no mantiene información respecto a la identificación de los becarios, estado o situación de la beca, monto y fecha de las transferencias otorgadas, fecha de término del beneficio y período de retribución de éste, deudores categorizados a raíz de incumplimiento(s) y solicitud de restitución y/o gestiones de cobranza de corresponder, entre otros, lo que impide a la ANID realizar un seguimiento oportuno a las obligaciones pactadas en los convenios con cada becario”.

La explicación de la directora ante la falta seguimiento de los deudores que consignó Contraloría apunta a las becas otorgadas previo a la creación del Ministerio de Ciencia en 2018 y la ANID en 2020 –ex Conicyt-. Según explica Pizarro, es ahí cuando se estableció un mayor seguimiento y transparencia en los procesos de adjudicación de las asignaciones. “Respecto a las becas que entregó Conicyt, las más antiguas tienen información parcializada y desde 2014 en adelante tienen la información completa. ANID tiene completamente identificada a sus becarios, las transferencias y los beneficios entregados”, asegura.

El incumplimiento del requisito único de volver país no ha sido la única razón de críticas al sistema de exigencias de las asignaciones de ANID. En marzo de este año, a petición del senador De Urresti, la Comisión de Desafíos del Futuro dirigió un oficio a las ministras de Ciencia y de la Mujer, donde se les solicitaba informar sobre la existencia de otorgamiento de becas de postgrado a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos (RNDPA). El resultado llegó un poco más de una semana después: dos beneficiarios de becas de doctorado nacional se encontraban en el registro.

En el documento, el Ministerio de Ciencia se refirió también a las medidas correspondientes ante estos dos casos, mencionando que, si bien la ley no considera ser deudor de alimentos como una causal de inhabilitación para acceder a los beneficios, si se realizaron los descuentos correspondientes a la deuda de acuerdo con la normativa.

Consultados por esto, desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género afirman que “junto al Ministerio de Ciencia propondremos al Congreso una reforma a la normativa para incorporar legalmente esta restricción, es decir, que no puedan ser adjudicatarios de los programas o de los diferentes instrumentos ejecutados por la ANID quienes tengan inscripción vigente en el RNDPA”. Además, concluyen que “en las bases de Fondecyt 2024, publicadas el 4 de abril, la ANID incorporó como requisito para la adjudicación el no tener deuda vigente en el registro, pero sabemos que es importante que esto no quede como una facultad discrecional del servicio, sino que establecido en la ley”.

Desde la comisión de Desafíos del Futuro, de Urresti advierte el caso de los dos becarios como “extremadamente grave” y agrega que desde la comisión enviaron un nuevo oficio para verificar si existen beneficiarios registrados por violencia intrafamiliar. “Creo que hay que subir los estándares para la postulación a becas. No pueden ser asignatarios de becas personas que están en el listado de deudores de pensiones de alimentos o condenados por violencia intrafamiliar “, indica el senador.

De Urresti profundiza en la necesidad de mayor transparencia en el otorgamiento de becas como sobre aquellos becarios en situación irregular. “Creo que se deben aplicar las normas generales de declaración de intereses y patrimonio de los consejos de asignación de becas, me preocupa que este tipo de instituciones estén capturadas por los propios beneficiarios y eso lleve a relajar la persecución”, explica. Asimismo, el senador agrega: “Hemos hablado de un DICOM de deudores de becas, debiera haber eso, porque sin un registro, ese becario que no cumplió puede postular a otros beneficios del Estado”.