“Hicieron de nuestras necesidades el mejor de sus negocios”, se leía en un lienzo que desconocidos dejaron el viernes en la sede de Revolución Democrática (RD). El mensaje aludía al caso de presunta corrupción que involucra a militantes del partido político, al Minvu y a la fundación Democracia Viva (DV) en la Región de Antofagasta. A él se sumó otra indagación en el Maule, donde la investigación de la Fiscalía apunta al seremi de Vivienda, Rodrigo Hernández (RD), y la fundación Urbanismo Social, ONG que integró Hernández por siete años y donde tuvo un rol de asesor jurídico y también de director regional en la zona.
Los cuestionamientos apuntan a que la Seremi de Vivienda del Maule cerró un contrato por $ 89 millones con Urbanismo Social en diciembre del 2022, ocho meses después de que Hernández pasara de la fundación a la oficina de gobierno. Además, entre octubre y noviembre, esta misma ONG se adjudicó contratos por más de $ 577 millones con la Seremi de Antofagasta.
Por esta razón, Urbanismo Social contactó al abogado Luis Hermosilla para su representación.
Camila Ramírez (41), la directora ejecutiva de Urbanismo Social, afirma que lo más importante es “que se clarifique todo, porque se ha sembrado un manto de dudas en todas las fundaciones”.
¿Lo dice por Democracia Viva, Urbanismo Social o ambas?
Es relevante que no se generalice en este proceso por casos aislados, como el de Democracia Viva. Nosotros somos una fundación que tiene 15 años de experiencia, somos autónomos, transversales a los distintos gobiernos, hemos trabajado con los últimos cinco gobiernos, somos profesionales ejecutando proyectos de calidad. Por lo tanto, confiamos en lo que hemos realizado. También confiamos porque tenemos muy buenas evaluaciones, no solamente de todos los gobiernos o de nuestros mandantes, sino que también de las comunidades.
¿Cómo enfrentan la investigación de la Fiscalía?
Lo relevante es no perder la confianza de las comunidades con las que trabajamos. Y hay que relevar el rol de la sociedad civil. Si hay que esclarecer, nosotros lo vemos como algo que tiene que ocurrir.
¿La Fiscalía les ha solicitado documentos o información? ¿Han colaborado de alguna forma?
Cuando supimos que éramos parte de una investigación nos contactamos con el fiscal para ponernos en disposición de entregar todo lo que fuera necesario.
¿Cómo y cuándo se genera el trabajo de Urbanismo Social en las regiones del Maule y Antofagasta?
Primero quiero clarificar que esto no es un traspaso (de dineros), no es que el Estado nos pase plata. Nosotros firmamos un convenio que nos mandata para ejecutar políticas públicas. Y eso es importante aclararlo. En el Maule llevamos 15 años, hemos entregado 1.600 viviendas, sobre todo en el contexto de reconstrucción. Llevamos mucho tiempo trabajando ahí, en Talca, Constitución... Respecto a los convenios del año pasado en Maule, nos adjudicamos una licitación por una participación en un programa urbano-habitacional. El seremi (Hernández) se inhabilita en los cuatro convenios vigentes: una es licitación y los otros tres son convenios directos que fueron trabajados con el Serviu de la región para poder realizar tres programas de habitabilidad primaria en Constitución.
¿Qué rol cumplió Hernández en Urbanismo Social?
Tuvo el rol de director jurídico de la fundación, trabajó seis años acá y lo hacía desde la Región del Maule. En abril del año pasado renunció para asumir el cargo de seremi del Maule.
¿No vieron conflicto de interés en trabajar con él? ¿Por qué postulan en el Maule con él como seremi?
Hay dos cosas: uno, nosotros trabajamos históricamente en el Maule y con comunidades con las que seguimos trabajando en ocho regiones. La fundación nace en la Región del Maule. Con Rodrigo tenemos una buena relación, porque trabajamos hartos años, pero por esa misma razón es que él se inhabilitó en los cuatro convenios que fueron firmados el año pasado.
Entonces, ¿no vieron un posible conflicto de interés?
Como le digo, él se inhabilitó. Y deja a un subrogante, que son dos personas con trayectoria y seleccionados a través de Alta Dirección Pública. Son funcionarios de carrera.
¿No les saltó alguna alarma por el pasado del seremi como trabajador de Urbanismo Social?
Lo que pasa es que él, al inhabilitarse, sale de los procesos. No vimos conflicto, porque él se inhabilitó.
Más allá de inhabilitarse, él igual podría haber influido en quienes tomaron las decisiones.
Quiero dejar algo súper claro: nuestra fundación no es una fundación política, no tiene vínculos políticos, no tiene ingresos de ningún partido y tampoco destina esos recursos para nada. Nosotros somos una fundación técnica y nos regimos por eso. En este caso había comunidades con las que trabajamos y nuevas que requerían trabajar en el marco de asentamientos precarios. Y en este contexto es que Rodrigo se inhabilita. Finalmente, nosotros trabajamos con Serviu de la región.
¿Milita en algún partido?
No. Todo el directorio y los que están en el directorio ejecutivo no somos militantes. Dentro de la fundación hay pocos, pero respetamos su intimidad, su derecho a militar en partidos o religiones. Y esas personas son de diversos partidos políticos.
¿Es cercana a RD?
Soy cercana a personas de RD, pero también de otros partidos políticos. Mis amigos no son por partido. Tengo amigos en Evópoli, la UDI, tengo amigos PS... Creo que es como cualquier persona. Es parte de la democracia y de la transversalidad.
¿Qué diferencia hay entre Democracia Viva y Urbanismo Social o alguna otra fundación? ¿Qué los diferencia?
¿De Democracia Viva? Nosotros no somos una fundación de papel. Tenemos trayectoria, hemos sido autónomos, transversales, tenemos un propósito claro de lo que queremos hacer, que es construir mejores ciudades desde el trabajo con las personas. Tenemos profesionales capacitados, tenemos procesos internos de calidad y transparencia para llevar a cabo nuestros proyectos.
Democracia Viva cambió su giro meses después de firmar convenios... ¿A eso se refiere con fundaciones de papel?
Exacto. Nosotros no solo decimos que lo hacemos, sino que lo hacemos. Urbanismo Social tiene solidez para hacer lo que hace, tiene la capacidad y las competencias instaladas para poder llevar a cabo lo que nos mandatan hacer.
Entiendo que en Urbanismo Social trabajó Carmen Gloria Drago, madre del ministro Giorgio Jackson. ¿Sigue trabajando con ustedes?
No, ella hizo un reemplazo de posnatal hace algunos años en la dirección de administración. Ella postuló y pasó por todos los procesos de selección y entrevistas, y quedó en el cargo y trabajó nueve meses en la fundación.
¿Ha trabajado alguien acá que tenga algún vínculo con alguna autoridad de gobierno?
Lo que quiero dejar claro es que como institución no tenemos ningún vínculo con ningún político, no nos debemos a ningún partido, no tenemos fondos de partidos ni tampoco ejecutamos para partidos políticos. Para hacer participación con la persona necesitamos plena neutralidad en el terreno. Si no, las participaciones son instrumentalizadas.
¿Ustedes han contratado personas que, a su vez, tienen oficinas en el Minvu o en otro organismo del Estado, que es una de las fórmulas que se han detectado en este caso?
No, no utilizamos ese mecanismo.
¿Qué le parece ese mecanismo?
Son temas muy relevantes de esclarecer en la investigación.
¿Los comparte?
No los conozco con mayor detalle, nosotros no contratamos a las personas. En definitiva, será Contraloría o Fiscalía la que determinará lo pertinente o lo legal de estos procedimientos.
La primera persona que levantó una “alerta” contra Urbanismo Social fue el senador Fidel Espinoza. ¿Han tenido algún contacto con él? ¿Por qué creen que lo hizo?
No conozco al senador Espinoza y como fundación no hemos tenido vinculación o acercamiento a él. Creo que siempre es importante en una democracia clarificar ciertas cosas que puedan generar dudas. Pero lo que veo es que se entregan antecedentes incompletos respecto de la fundación y no todo lo necesario para poder clarificar las cosas.
¿Tiene algún equipo levantando información por si Fiscalía se las solicitara?
Sí, hemos estado en procesos de ordenar toda la información para que esté lista cuando la solicite el fiscal.
