En la declaración que la denunciante del ex subsecretario Manuel Monsalve entregó a la Fiscalía detalla con nombre y apellido a cada uno de los funcionarios de gobierno a los que les compartió los hechos que ocurrieron la noche del 22 de septiembre, cuando tras salir a comer con la exautoridad, amaneció en la habitación 719 del Hotel Panamericano, con lesiones y evidencia de haber tenido actividad sexual, hechos que la llevaron a denunciar a la exautoridad, quien fue formalizado este viernes y permanece en detención transitoria.
En su denuncia ante la PDI el 14 de octubre, la asesora de Monsalve, de 32 años, detalló que le contó lo que había ocurrido al asesor socialista Ricardo Lillo y a Catalina Arrey, una excompañera de la Digempol.
Pero ayer en su declaración ante la Fiscalía la funcionaria revela también compartió lo ocurrido con la periodista Ilse Sepúlveda, quien la instó a denunciar y, dos semanas después, le advirtió que su integridad física podría estar en peligro si recurría a la justicia. También recurrió a uno de sus compañeros de universidad en Concepción, Rodrigo Candia, y a otro funcionario de La Moneda: el sociólogo Camilo Araneda Carrasco, quien actualmente trabaja en la División de Gobierno Interior.
“También le comenté a otra persona, que es Camilo Araneda, quien trabaja en la División de Gobierno Interior, fue la última persona a quien le conté. Siento que en el momento necesitaba que alguien me ayudara a denunciar, a orientarme, porque no me atrevía”, dice la declaración de la denunciante dada a conocer este jueves por La Tercera.
El profesional es una figura conocida en el círculo del Presidente Gabriel Boric y en Convergencia Social, el partido de origen del Mandatario, aunque en el entorno presidencial ayer tomaron distancia de su figura.
Araneda es amigo cercano del periodista Felipe Valenzuela, quien en algunos periodos ha vivido en la residencia del Mandatario y compartió departamento con Emiliano Salvo, actual asesor del gabinete de la ministra Carolina Tohá en el Ministerio del Interior. Todos provienen de la Región de Magallanes y suelen mantener una nutrida agenda social.
Cuatro fuentes reafirman que Araneda es un rostro frecuente en los asados y otras instancias sociales que organiza el grupo más cercano al Mandatario, eventos a los que suelen asistir otros funcionarios y autoridades, como la vocera Camila Vallejo y la exadministradora de la Presidencia Antonia Rozas, entre otros, y que incluso han generado polémica porque se señalaba que en esas instancias se tomaban decisiones de gobierno.
Araneda tiene una larga historia de militancia en Convergencia Social. Proviene del Movimiento Autonomista y luego en CS se unió a De Cordillera a Mar, el lote que encabezan la ministra Antonia Orellana (Mujer) y el diputado Diego Ibáñez.
A partir de 2020, Araneda se desempeñó como encargado de finanzas de Convergencia Social, dentro de la directiva que encabezó Alondra Arellano. En ese rol, formó parte de la campaña presidencial de Boric, al igual que el resto de esa mesa.
Su gestión, sin embargo, fue cuestionada por la directiva del diputado Ibáñez, que asumió dos años más tarde. En noviembre de 2022, Mega dio a conocer que el Servicio Electoral (Servel) remitió al partido un informe con 61 observaciones pendientes de subsanar. Entre ellas, se impugnaban $ 43 millones de pesos que no estaban debidamente justificados en el balance del ejercicio contable de 2021.
El lío de platas terminó con Araneda, junto a otros dos dirigentes, en el tribunal supremo de Convergencia Social y finalmente se le suspendió su militancia. Algo que se extendió hasta los tiempos en que el partido ya estaba fusionado. En el Frente Amplio consideran que ese episodio terminó por alejar al sociólogo de la vida partidaria y por acotar su llegada al círculo frenteamplista.
De todas maneras, al asumir el gobierno, Araneda manifestó su interés por integrarse a la Unidad de Gestión de Conflictos de la División de Gobierno Interior y se unió al equipo de La Moneda.
La Tercera contactó al profesional, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
Si bien la ministra del Interior, Carolina Tohá, este viernes recordó que existe un sumario administrativo ordenado por el gobierno para despejar eventuales responsabilidades en torno a los hechos ocurridos en la Subsecretaría del Interior, desde la repartición que encabeza Luis Cordero señalan que no está en duda la permanencia de los funcionarios que prestaron apoyo emocional a la denunciante. Pero será la Contraloría la que determine los pasos siguientes, una vez que termine la investigación que lleva a cabo.
