El 21 de marzo, a 10 días de asumir el gobierno del Presidente Gabriel Boric, el robo de 82 armas desde el interior del Instituto de Investigaciones y Control (IDIC) del Ejército llenó las páginas policiales. Ese caso se transformaría en la primera querella presentada por la nueva administración, las que a la fecha suman 39.
En cifras de la Subsecretaría del Interior, del total de acciones interpuestas por la nueva administración, seis han sido presentadas directamente por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, entre ellas la del robo de armas del Ejército. El resto de ellas han sido ingresadas por las delegaciones presidenciales regionales.
El Decreto con Fuerza de Ley 7912 permite a los gobiernos ejercer acciones legales bajo dos factores. El primero, cuando los hechos “impidan o perturben gravemente la regularidad de las actividades empresariales, laborales, educacionales, sociales o el funcionamiento de los servicios públicos o esenciales para la comunidad”. Además de aquellos que afecten “uno o más derechos, libertades o garantías reconocidos por la Constitución”.
El segundo caso es cuando se altera “la seguridad pública, generando en toda la población o en un sector de ella el temor de ser víctima de delitos de la misma especie”.
Bajo ese contexto, las acciones legales del Ejecutivo son por una variedad de delitos. Además de por Ley de Seguridad del Estado (LSE), destacan aquellas por los delitos de incendios y homicidios, así como también por casos como el piedrazo contra el Presidente o el saqueo en Talagante.
La Subsecretaría de Interior explica que las querellas presentadas tienen como “directriz general una respuesta punitiva proporcional a la gravedad de los hechos delictivos que se cometen”. Además, agregan, se dan por “un compromiso especial con la persecución de los delitos de crimen organizado, (...) crímenes de odio y de aquellos delitos que atenten o comprometan el orden y la seguridad pública, la vida y la integridad física de las personas”.
Para el exministro del Interior Francisco Vidal, las querellas del Ejecutivo responden a su obligación por mantener el orden público y el Estado de Derecho: “Más allá de la historia, las trancas, los prejuicios, el gobierno tiene que asumir su rol, porque si no lo hace la ciudadanía lo empieza a rechazar”.
Camioneros
Durante la última semana, varias carreteras del país fueron ocupadas por camioneros para manifestarse luego del ataque armado en La Araucanía, en el que resultó gravemente herido el conductor Ciro Palma (35). Luego de fracasadas negociaciones, la ministra Siches dio un “ultimátum” a los transportistas para que despejaran las rutas.
“Queremos dar un plazo hasta las 16.00 de hoy para liberar las carreteras de nuestro país y permitir el libre tránsito, y recuperar la seguridad para las personas”, señaló la ministra el martes 26 de abril.
Sin embargo, algunos camioneros hicieron caso omiso a la orden de Siches y mantuvieron los bloqueos. Horas más tarde la misma cartera anunció que invocaría la LSE contra los transportistas. Hasta la fecha, es por ese motivo por el cual más querellas ha presentado el gobierno de Boric.
En total, son nueve las querellas bajo la LSE: dos se presentaron en Tarapacá, tres en Antofagasta y una en Coquimbo, Maule, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes. De hecho, en esas regiones las únicas acciones legales presentadas por el Ejecutivo son por ese motivo, a excepción de Los Lagos, donde Interior también se querelló contra una banda por trata de personas y en Coquimbo por el piedrazo en contra del Presidente.
El escrito presentado por la delegación de Antofagasta, señala que se debe a que “distintos camioneros que no pertenecen a ninguna asociación gremial bloquearon diversas zonas de la Ruta 5 a lo largo del país, dificultando y obstaculizando gravemente el tránsito y el libre acceso a las carreteras”.
Vidal sostiene que la decisión del gobierno fue correcta, ya que “no es posible que en Chile un grupo de personas, por muy justificadas que sean sus demandas, paralice el país”. Pero, además, para el exministro “lo que está sucediendo en la Macrozona Sur en los últimos días es de gravedad, y si yo fuera gobierno me querellaría también por Ley de Seguridad del Estado”.
Macrozona Sur
El segundo delito por el que más se ha querellado el gobierno es el incendio. La primera acción legal fue presentada el 4 de abril en la Región de La Araucanía luego de un ataque incendiario en Contulmo, el que dejó 11 viviendas y dos vehículos destruidos. En esa región, el Ejecutivo también ha presentado acciones legales por desórdenes públicos y por disparos.
La Multigremial de La Araucanía ha registrado 70 actos de violencia desde que terminó el estado de excepción el sábado 26 de marzo y hasta el 24 de abril. A pesar de eso, en esa región el Ejecutivo se ha querellado en cuatro ocasiones. De esas, dos fueron por incendio, una por lesiones menos graves y una por homicidio frustrado, además de lesiones graves. Estas dos últimas acciones por el caso de Ciro Palma.
La última acción legal anunciada por el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, fue en la Región del Biobío, producto de la quema de 35 camiones y maquinarias que ocurrió la madrugada del jueves. Por esos hechos la autoridad señaló que “este no es el camino en democracia, no lo compartimos, no lo aceptamos, lo rechazamos y, por lo tanto, lo vamos a perseguir desde el punto de vista penal”.
En esa región, el Ejecutivo también se ha querellado por cuatro homicidios, dos de ellos en grado de frustrado. Además de tres querellas por incendio, por porte y tenencia de armas y una por maltrato de obra a Carabineros. En Los Ríos, en tanto, presentaron una por “disparos injustificados”.
El excoordinador nacional de Seguridad de la Macrozona Sur Pablo Urquízar considera como “lamentable” que el gobierno actual “tenga apenas cuatro querellas presentadas”. Además, cuestiona la calificación que se le ha dado a estas, ya que a su juicio “no interponen las querellas respectivas en los términos que corresponden, porque de esas cuatro que se interpusieron, ninguna está, por ejemplo, por Ley Antiterrorista”.
Urquízar asegura que durante toda la administración anterior se presentaron 832 acciones legales, lo que demuestra “una diferenciación concreta entre un gobierno que busca encarcelar y perseguir penalmente a los responsables de hechos de violencia, versus uno que deja de ejecutar sus deberes constitucionales y legales en beneficio de los que él denomina presos políticos mapuches”.
RM, la con más querellas
Una de las últimas acciones presentadas por el Ejecutivo fue anunciada por el mismo Monsalve el pasado jueves 28 de abril por la quema de un bus afuera del Liceo Manuel Barros Borgoño, en medio de sucesivas manifestaciones de estudiantes secundarios. “Nos vamos a querellar en todos los casos en que haya ataques incendiarios en el ámbito del transporte público, que es un servicio que se le presta al conjunto de la población”, sostuvo.
En total, son 16 las querellas que ha presentado el Ejecutivo en la Región Metropolitana, siendo la que más acumula hasta hoy. De todas estas, cinco han sido presentadas directamente por Interior, otra por la delegación presidencial provincial de Talagante y el resto por la delegación regional.
Respecto de los delitos de estas causas, cuatro querellas se han presentado por la Ley 19.327, que regula los derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional. A eso se suman tres acciones judiciales por homicidio, uno de ellos frustrado. Además de otras tres por incendio, una por amenazas y otra por el delito de porte y tenencia de armas.
También existen dos querellas presentadas por desórdenes públicos, una de ellas con robo en lugar habitado. En estos casos destaca la acción legal por la destrucción y robo de la Municipalidad de San Bernardo durante la conmemoración del Día del Joven Combatiente.
Finalmente, otra causa interpuesta por Interior en la RM fue por los hechos ocurridos el 25 de abril en Talagante, presentando una querella por el delito de saqueo a un supermercado en esa comuna.
La delegada presidencial Constanza Martínez explica que las nueve querellas presentadas “van orientadas a delitos que afectan la seguridad pública de los y las ciudadanas, así como los incidentes que interrumpan el acceso de las personas a servicios y derechos que consideramos básicos, como el transporte y la educación”.
Al cierre de esta edición, la delegación anunció querellas por hechos de violencia en los partidos de Colo-Colo y Universidad Católica.
