Carabineros eleva estándares de protección a funcionarios y podrán usar subfusiles UZI

Como una ceremonia de alta convocatoria fue calificado el funeral, en Rancagua, del cabo Daniel Palma Yáñez, funcionario de Carabineros que fue asesinado la noche del miércoles 5 de abril, en el centro de Santiago. Su caso conmocionó a la capital de la Región de O’Higgins, pero también impactó en toda la opinión pública, pues se trata del tercer homicidio de un policía uniformado en apenas 23 días.

Por lo mismo, en el gobierno no ha sido fácil asimilar lo ocurrido la noche del miércoles. La primera en dar señales fue la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien sostuvo ese mismo día en la Posta Central que se tomarían “medidas adicionales” ante la escalada de violencia contra la institución.

A partir de eso, el gobierno comenzó a acelerar algunos anuncios en materia de seguridad, los cuales tenía contemplado, originalmente, para mayo o junio de este año, como por ejemplo el reforzar los controles policiales en 30 comunas del país, para bajar los niveles delictuales.

El jueves también se promulgó la Ley Nain-Retamal, como señal de su respaldo a las iniciativas que estaban por aumentar las condenadas a quienes atacan a Carabineros. Pero faltaba un anuncio más. A la 10 horas de ayer, la ministra Tohá y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se reunieron con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y el director general de la PDI, Sergio Muñoz.

En la cita se abordó otro elemento que preocupa en La Moneda: el equipamiento y los medios con los que cuenta Carabineros para cumplir sus labores de patrullaje. Esto, tomando en cuenta que tanto en el caso del cabo Palma como en el de la sargento Rita Olivares -asesinada el 26 de marzo en Quilpué- fueron atacados cuando portaban sus elementos de protección.

Tomando en cuenta que no todas las patrullas de Carabineros están blindadas en su totalidad, es que la Subsecretaría del Interior dispuso la compra de nuevas patrullas blindadas para la policía a través de una inversión de $ 26.200 millones.

¿Por qué esta medida? Actualmente las patrullas sólo tienen las puertas delanteras blindadas -cuentan fuentes policiales-, pues solo estas eran abordadas por dos carabineros. Los controles preventivos se hacen en pareja y el vehículo que usan para esto está “acondicionado” para esta realidad.

Pero a raíz de lo ocurrido en el último mes -y de acuerdo con otros estudios internos que se hicieron entre Interior y Carabineros- se decidió que ahora sean tres los policías que integren estos vehículos para sus labores de patrullaje. Y, para eso, con el objeto de brindar la protección necesaria, se necesitan nuevos autos, con sus cuatro puertas blindadas.

Este tercer integrante de la patrulla, sin embargo, tendrá una misión concreta: estar certificado para disparar la subametralladora UZI que, a partir de ahora, todas las patrullas deberán tener en su interior.

Tanto en la policía como en el Ejecutivo están conscientes de que las UZI, si bien están en buen estado, datan de los años 80, por lo que se necesita renovar su stock. Para eso, Interior solicitó un estudio técnico a la policía acerca de cuáles son las subametralladoras automáticas más modernas del mercado para incorporarlas al nuevo armamento de la institución. Ya con esa información, se tomará la decisión de cuál es la más indicada.

“Se pondrá urgencia para poder concordar las medidas para mejorar la seguridad de los funcionarios cuando concurren a procedimientos (...). Todavía tenemos vehículos, algunos blindados y otros no, pero tenemos que llegar a tenerlos todos asegurados. Esa es la primera tarea. Durante la semana se entregará la propuesta en los procedimientos policiales al Presidente”, dijo Monsalve.

Otra de las medidas que se tomaron, a raíz del fallecimiento del cabo Palma, fue que se suspenderán los patrullajes en moto del personal policial entre las 21.00 y las 5.00, pues se concluyó que -por ahora- no contaban con la protección necesaria para repeler un ataque.

En tanto, el general Ricardo Yáñez reiteró el llamado a seguir trabajando y señaló que la reunión con el Ejecutivo es “una demostración de que cuando las instituciones policiales se unen en un trabajo colaborativo con el Ministerio de Interior y las subsecretarías estamos dándoles una señal a los delincuentes de que no estén tranquilos, que los vamos a seguir, los vamos a encontrar, a detener y poner en los tribunales. Se acabó la fiesta para ellos y para eso vamos a trabajar con más esfuerzo que nunca”.

En la misma línea de elevar el estándar de los procedimientos policiales, el gobierno pidió a Carabineros reforzar el Sistema Computarizado de Despacho para que todo funcionario que vaya a un procedimiento sea alertado de las condiciones que enfrentará y los resguardos que se deben tomar.

La advertencia del jefe policial tiene un sentido, dado que las unidades investigativas de OS-7, OS-9, Labocar y SEBV intensificaron la búsqueda de los sospechosos del crimen, Luis Lugo Machado y Carlos Cortez Florez.

Los denominados “sujetos de interés” por parte de la Fiscalía Centro Norte eran buscados con premura por los investigadores, y Carabineros emitió una alerta en todas sus unidades para fiscalizar a cualquier persona que presente las característica de Lugo y Cortez, como también desplegar todos sus recursos para encontrarlos.

En ese sentido, las unidades más activas son las desplegadas en la Macrozona Norte, pues se sospecha que los imputados puedan haber huido en esa dirección. En los caminos internos y la frontera sus fotos ya están siendo distribuidas en los cuarteles.

Marco Bahamondes, comisario de la Cuarta Comisaría de Santiago -a la cual pertenecía el cabo Palma- sostuvo que “hemos recibido una serie de llamados telefónicos con información de estos sujetos de interés criminalísticos. Han sido observados en diferentes lugares. Canalizamos esa información directa al departamento especializado del OS-9″.

Otro elemento que ha surgido en la investigación que dirige la Fiscalía Centro Norte es que se detectó el punto exacto desde donde el sospechosos Cortez habría desactivado su cuenta de Instagram durante las últimas horas.

Este “movimiento” se realizó justo después de que su foto y su nombre fueran difundidos por el Ministerio Público, pues en esta red social mantenía una serie de fotografías donde, incluso, mostraba sus tatuajes.

Otro elemento que sumó ayer la investigación fueron las querellas que presentaron el Ministerio del Interior y la viuda del cabo Palma, Darline Vergara Troncoso (27), quien pidió acciones indemnizatorias.