Con un equipo de dedicación exclusiva permanece en la Región del Biobío una dotación especial del OS-9 de Carabineros y del Laboratorio de Criminalística (Labocar). El objetivo:avanzar en las pesquisas que permitan esclarecer el triple homicidio de los uniformados Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal, registrado el 27 de abril en la comuna de Cañete.
Pero, además de las labores investigativas, Carabineros también está desplegado para el resguardo del orden público entre la Región de La Araucanía y el Biobío. Y es a partir de eso que después del fatídico atentado surgió una preocupación no menor para la institución: la integridad de sus funcionarios en los controles de medidas cautelares que se realizan en distintos puntos de la Macrozona Sur.
Es que la emboscada que cobró la vida de los carabineros se produjo en medio del control de una medida cautelar de arresto domiciliario de un imputado por porte de munición. Cuando los policías llegaron eran esperados por los delincuentes que los asesinaron y luego quemaron sus cuerpos en la camioneta en que se transportaban.
Fue a partir de este caso -sumado a otras agresiones en este tipo de fiscalizaciones- que Carabineros pidió al Poder Judicial modificar la manera en que se controlan las medidas cautelares domiciliarias que se deben practicar en los puntos más peligrosos de la Macrozona Sur.
El prefecto de Control y Orden Público (COP) de La Araucanía, coronel Pablo Olivares, explica a La Tercera que Carabineros ha recibido más de un millón y medio de solicitudes de control judicial, específicamente notificaciones, citaciones, medidas cautelares y medidas de protección.
“Ese cumplimiento genera una importante cantidad de horas de trabajo, que van en directo desmedro de nuestro rol de apoyo a las operaciones policiales de las unidades territoriales y servicios especializados institucionales. Y, en menor grado, pero no menos importante, afecta el rol preventivo, que esta especialidad ha reforzado conforme a las constantes, crecientes y dinámicas necesidades operativas del día a día”, dice el coronel Olivares.
Por lo mismo, agrega que “a raíz del asesinato de nuestros mártires el pasado 27 de abril, quienes concurrían precisamente a verificar el cumplimiento de una medida cautelar, y considerando los factores y las variables de riesgo asociados a determinadas zonas de alta conflictividad, hemos solicitado formalmente al Tribunal de Garantía de Cañete que dichas medidas de control sean modificadas, requiriendo al tribunal pueda disponer otra forma de cumplimiento por parte del infractor de ley”.
Fuentes de la institución agregan que no se descarta presentar más requerimientos de este tipo, pero en otros tribunales de garantía de la zona, tomando en cuenta las complejidades de control también, por ejemplo, en La Araucanía.
Según explica el coronel Olivares, la solicitud en Cañete tiene como finalidad “resguardar debidamente la seguridad y protección del personal de Carabineros de Chile y de toda la ciudadanía”.
En la policía uniformada advierten que una de las alternativas que se podrían implementar son los llamados telefónicos, conexiones telemáticas o bien derechamente la firma en unidades policiales.
Ataques a uniformados
El informe de violencia rural del mes de abril de la Multigremial de La Araucanía midió, entre otras cosas, los ataques a Carabineros en la Macrozona Sur.
“Entre 2018 y 2024 se han registrado 199 ataques contra Carabineros. Solo 22 de ellos adjudicados a grupos radicalizados (1 de cada 10 atentados a Carabineros es adjudicado)”, se detalla en la medición.
El 2021 fue el año con más ataques, registrándose 46 atentados. En 2022 la cifra bajó a 45, y en 2023, a 18. En lo que va de este año no han sido más que cuatro, según la Multigremial. Su presidente ejecutivo, Patricio Santibáñez, advierte que “se necesitan medidas urgentes que aceleren la desarticulación, y que esta no tenga que esperar las acciones poshechos de violencia que hacen las fiscalías. Se necesitan medidas preventivas de parte de la autoridad que tiene a cargo el orden público; no se trata solo de cuidar, hay que desarticular”.
Sobre la solicitud de Carabineros para que se les suspenda el control de cautelares en determinadas zonas de peligro, Santibáñez sostiene que “lo que solicita Carabineros respecto a buscar otras formas para controlar las medidas cautelares parece lógico, y es posible que con inversión en tecnología se pueda mejorar. Pero si solo serán otras personas las que harían la misma la labor, el riesgo no desaparece”.
Por el momento Carabineros sigue a cargo del control de medidas cautelares en la Macrozona Sur, hasta que los tribunales contesten su solicitud. Sin embargo, la manera de llevar a cabo estas fiscalizaciones ha sufrido leves cambios, apuntando a mejorar sus métodos de prevención.
Carabineros ya activó un plan que está en curso. Contempla que al momento de realizar el control de una medida cautelar en una “zona roja” se trasladen en dos camionetas blindadas, o bien bajo la modalidad de “1+1″.
Esto último tiene que ver con que cuando no se pueden enviar dos camionetas blindadas, se solicita el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y se traslada un vehículo policial más uno militar para cubrir los traslados.
El atentado en Cañete marcó un antes y un después en la policía uniformada. No solo tocó en lo emocional, sino que también en la manera en que de ahora en adelante asumirán sus despliegues en una zona que siempre es de alto riesgo.
