A nueve meses de asumir, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), define este periodo como “intenso y de aprendizaje”. Sobre todo luego de dar marcha al Plan de Emergencia Habitacional que busca dar 260 mil soluciones habitacionales antes de que termine el periodo.

¿Cuántas viviendas se lograron construir en 2022?

Creo que es importante tener claro por qué hablamos de emergencia. Hay muchas familias que están viviendo bastante mal; hay una pérdida de cohesión social y hay un potencial problema político fuerte en la medida que la sociedad no se hace cargo de que hay una cantidad importante de familias que no acceden a las viviendas. El plan comenzó hace seis meses. En este periodo se han entregado un poco más de 30 mil viviendas y creemos que 2023 va a ser un año mucho más de ejecución, no solo de preparar y crear condiciones, sino que de llevar adelante proyectos sociales.

¿Cuál es la meta para 2023?

Tenemos una meta no solo acá, sino región por región y que nos permite acercarnos a la meta global, porque se nos va acabando el tiempo. Lo que iniciamos en 2022 esperamos terminarlo a fines de 2023 o a comienzos de 2024. Y a fines de 2024 o comienzos de 2025 pretendemos llegar al resultado de las 260 mil viviendas.

¿No cree que 260 mil viviendas es una cifra inviable?

Es una cifra que tiene riesgos, sin duda. Pero se puede alcanzar. Estas son viviendas entregadas a las familias. Y, a su vez, tenemos que iniciar viviendas para el próximo periodo, a lo menos una cantidad similar a la que el gobierno actual recibió en ejecución. Pero creemos que es posible. Es exigente. Hay líneas que aún no tienen el ritmo que quisiéramos.

¿Como cuáles?

La autoconstrucción, que es una norma muy fuerte y que en el norte ha costado instalarla. En la vivienda rural estamos muy atrasados; la vivienda industrializada va a ayudar mucho en eso. Estamos trabajando en la línea de cumplir las metas. Pero hay que tener clara una cosa: la meta no significa resolver el problema. Tenemos 643 mil familias sin viviendas y la meta son 260 mil no porque seamos restringidos, sino que porque no podemos más. Las capacidades de empresas, insumos, organización, son muy restringidas. El 2023 vamos a entrar al máximo de rendimiento.

Quiero insistir en la cifra, ¿se puede alcanzar?

Esto es exigirse más de lo que estábamos antes (…) para avanzar tenemos que resolver varios cuellos de botella. Necesitamos procesar eso con un ritmo más realista. Todo eso lo trabajamos. Yo no le digo que es carrera corrida, no hay la certeza de lograrlo, pero hemos orientado todos los esfuerzos en función de estos objetivos que esperamos poder lograr, pero no es solo la cantidad de casas. En eso quiero ser claro, porque nos preocupa mucho el tema social: no basta que un Estado contribuya a que haya más casas si no se preocupa también de construir la vida en común.

En mayo comentó la meta de las 5 mil viviendas al año para arriendo. ¿Eso se cumple?

Lo que yo dije es que el gobierno se puso una meta de 20 mil viviendas para arriendo en cuatro años y eso significaba 5 mil por año. Pero eso ha costado avanzar (...) el problema de los arriendos es que no basta con que haya recursos, sino que quién se hace cargo, quién administra y cómo se hace. Y eso no es fácil. El proyecto no ha avanzado. Chile no tiene historia, no tiene experiencia en vivienda pública y es un aprendizaje.

Frente al incendio de Viña del Mar, ¿se ha avanzado en el catastro de familias damnificadas?

Desde la subsecretaría esta semana informaron 252 viviendas con daños de distinta magnitud. La experiencia de incendios ha llevado al Estado a tener un protocolo. Hay una primera etapa que cubre el Ministerio de Desarrollo Social, que ve a las familias afectadas. A partir de ese análisis entra el Minvu, que ve la situación de vivienda, de equipamiento, de infraestructura, cosa que ya hacemos.

¿Hay alguna fecha para comenzar la reconstrucción?

Se está viendo. Nosotros esperamos que sea lo antes posible, pero con seriedad. Hay un conjunto de cosas que se están evaluando para ver cómo será la etapa de reconstrucción. Pero queremos hacerlo lo antes que podamos y de la mejor manera posible, tanto en la urbanización como en las viviendas.

En agosto el Serviu recibió un terreno en Ciudad del Niño para ayudar en el problema habitacional. ¿Cuánto costó ese terreno?

Compramos una superficie de 98.465 metros cuadrados por 1.244.954,66 UF. Esta es una cuestión súper importante. Nosotros compramos en San Miguel porque es una zona que tiene todos los servicios que se necesitan: farmacias, colegios, transporte. Un desafío era combinar lo habitacional con lo urbano, no dejar las viviendas sociales en la periferia. El proyecto será grande, junto al municipio de San Miguel. Tendrá mucho impacto en la comuna y es otra manera de vincular a los sectores bajos con la ciudad. Esto es un paso histórico.

¿Puede hacer una evaluación de lo que ha hecho el Minvu?

Espectacular (se ríe). Lo que ha habido acá es asumir conciencia de la envergadura del problema que tenemos, ponernos metas y trabajar en función de esas metas. En algunas cosas hemos avanzado más, en otras menos. Y eso lo reconozco. Pero en suelo hemos avanzado más rápido de lo que esperábamos. En los campamentos hemos avanzado, pero no estamos ni mucho menos satisfechos al ritmo en el que estamos. Tenemos que apurarnos.