Carlos Pavez Tolosa (56) es abogado e ingeniero comercial, por lo tanto, cuando entra en terreno jurídico sabe reconocer el camino que está recorriendo, y lo mismo ocurre cuando habla de finanzas, capitales y activos. Tal vez por esa dualidad es que el Presidente Gabriel Boric lo seleccionó -luego de participar de un concurso público- para ser el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad a cargo de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero para la comisión del delito de lavado de activos.
Generalmente, dice, su exposición pública está suscrita al ámbito económico, sin embargo, dada la contingencia, actualmente es el combate al crimen organizado lo que ocupa gran parte de sus preocupaciones. Es más, es parte de la mesa que creó el Ministerio del Interior para abarcar la persecución de este tipo de organizaciones delictuales y, además, el Congreso aprobó aumentar la dotación de la UAF, justamente, para abocarse a esta labor.
“Nuestro rol es detectar actividad ilícita y quitar esa fuente de ingreso que tienen estas organizaciones para colaborar en la entrega de seguridad y así se genere una condición favorable de inversión”, explica a La Tercera.
¿Qué elementos en esas actividades miran con preocupación?
Ha habido un aumento en la actividad de inteligencia que nosotros hacemos y en cómo hemos podido ir contribuyendo al trabajo que hace el Ministerio Público. Hemos notado un aumento considerable de la actividad en cuanto a los reportes que envían los sujetos obligados (bancos, entidades de seguros, corredoras, entre otros), porque para blanquear o para darles apariencia de legalidad, los recursos tienen que llegar a instituciones financiera formales. Y ahí hay un aumento importante en el número de reportes de operaciones sospechosas.
¿Ese aumento tiene que ver con una mayor profesionalización del crimen organizado?
De todas maneras. Las organizaciones criminales se están profesionalizando y creando una estructura financiera robusta para alejar sus ingresos de quienes cometen los delitos y ahí hay dos tipos: organizaciones que se constituyen especialmente para lavar el producto y otras que se especializan en proveer ese servicio de lavado.
¿Son muchos estos grupos que prestan estos servicios?
Son bastantes, porque además la variabilidad de tipo ha ido aumentando. El narcotráfico sigue siendo lo más relevante, pero también hay mucha presencia en la trata de personas, el tráfico ilegal de inmigrantes y el robo de madera, entre otros delitos en que se puede ver la complejidad de las estructuras delictuales.
¿Qué complejidades presenta el robo de madera para ustedes?
Es un mercado grande, hay estadísticas que da cuenta del pago de seguros asociados a la venta ilegal o tala de madera. El tema se ha ido complejizando y uno puede observar que las organizaciones criminales comienzan a tener presencia en varias áreas, ya no en un solo tipo de delitos, sumado al nivel de recursos que tienen, lo que les da la posibilidad de profesionalizarse también (...). Otro elemento de trabajo, además de esto, es el que estamos haciendo con la Contraloría para perseguir responsabilidad de cohecho y responsabilidad funcionaria.
¿Eso tiene que ver con detectar si dentro de las entidades públicas se están incubando actividades criminales?
De una amplia naturaleza de responsabilidad funcionaria: en el proceso de compras públicas, en la incidencia de decisiones, en eventualmente omitir cierta información o tener un patrón de ingreso que no se condice con su situación funcionaria.
Una de las recomendaciones que hizo Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) fue incorporar a los abogados como sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas de lavado. ¿Han avanzado en esa intención?
Hemos tenidos conversaciones desde la UAF con los dirigentes del gremio de abogados y hemos adelantados algunas ideas. Una de las cosas que generaron preocupación es que la UAF podría imponer la obligación de que ellos fueran sujetos obligados y no es así. Todos los sujetos obligados están fijados por ley y ahí tiene que haber un proceso legislativo.
¿Y ven que pueda legislarse sobre eso?
Hay algunas iniciativas. Eso es resorte del Ejecutivo, pero nosotros como colaboradores estamos tratando de generar esas instancias de discusión.
¿No roza el secreto profesional que deben tener los abogados o bien el derecho a defensa de todas las personas?
La experiencia internacional da cuenta de que se garantiza el derecho a la defensa. Una cosa es que cuando un profesional es contratado para defender a una persona en un determinado proceso judicial o administrativo, y otra cosa es cuando un abogado eventualmente presta otro tipo de servicios, y en el ejercicio de eso pueda obtener información que podría dar lugar a alguna sospecha.
¿Cómo miran el mercado de las casas de apuestas online?
Las casas de apuestas son un sector de preocupación y ahí hay dos proyectos de ley, uno que ratifica las actividades de casino y, por otro lado, uno que evalúa someter esas plataformas a regulación. Ese es un ámbito de la Superintendencia de Casinos, pero lo que a nosotros sí nos interesa es que es un sector reconocidamente riesgoso, donde se ha identificado que pueda haber riesgos de lavado y, por lo tanto, en este proyecto que busca regular esta actividad pasarían a ser sujetos obligados de reportes de operaciones sospechosas.
¿Dónde radica ese riesgo?
El lavado se materializa en distintas formas, no solo en la diversificación de los recursos, donde todo apunta a alejar el origen ilícito y en algún minuto hacerlos aparecer con origen lícito. Entonces, toda esta transaccionalidad que hay a partir de las apuestas puede usar las facilidades de transacción para destinar y distribuir los dineros, donde el anonimato es clave.
