Según estadísticas Vitales 2019 del INE -el informe más actualizado sobre el tema-, por primera vez desde que hay registros en el país los tumores ocupan el primer lugar en causas de muerte, desplazando a las enfermedades del sistema circulatorio, que estuvieron en ese sitial durante los últimos años. Una triste estadística que marca un nuevo Día Mundial Contra el Cáncer, hoy sábado.

Para sensibilizar sobre el tema, la Fundación Foro Nacional sobre el Cáncer lanzó la primera versión del concurso relatos breves “Mi cáncer, Mi Palabra” -las bases están en foronacionaldel cáncer.cl y chilesincáncer.cl-, que busca que los pacientes cuenten su experiencia en no más de 250 palabras.

La directora ejecutiva del organismo, Carolina Goic, exsenadora e impulsora de la ley nacional sobre esa enfermedad, advierte que no hay que demorar más para tomar medidas extremas sobre este asunto: “A uno le cuesta entender por qué en un país que fue capaz de enfrentar la pandemia con medidas excepcionales no hace lo mismo en cáncer, cuando incluso en términos de costo de vida la situación del cáncer es más dramática”.

¿Cuál es el actual panorama del cáncer en el país?

Hoy el cáncer es la principal causa de muerte en Chile, desde el 2019. Estamos hablando de cerca de 60 mil diagnósticos al año y entre 28 mil y 30 mil muertes. Es decir, la mitad de los diagnosticados mueren. Esto significa 72 personas que diariamente mueren por esta patología, es decir, tres por hora, y lo duro de esta cifra es que de esas tres personas, al menos una se muere sin oportunidad, sin diagnóstico oportuno o sin haber accedido a un tratamiento. Si uno mira estos datos y los relaciona con la esperanza de vida, tenemos más probabilidades de tener cáncer, porque vivimos más años y estamos expuestos a factores de riesgos importantes. Si pudiera decir en una frase la realidad del cáncer en Chile, diría que es una suerte de tsunami, en términos de carga de enfermedad y de costos de vida.

¿Se le ha dado la urgencia que necesita?

Hay voluntades, pero se quedan cortas respecto al desafío que tenemos. Con las mismas herramientas estamos enfrentando una situación que es excepcional y agravada por la pandemia. Las estimaciones que tenemos es que va a haber siete mil muertes más por cáncer en estos dos años debido a los retrasos por diagnóstico, cuando ya teníamos una lista de espera grave. Tenemos una realidad que necesariamente requiere tomar medidas excepcionales, para no solo enfrentar los retrasos, sino que también esta carga. Insisto, es una ola de tsunami que se nos viene y que estamos tratando de contenerlas como si fueran marejadas. Y también hay otros desafíos importantes. Cuando uno ve los factores de riesgo, nosotros somos de los países más obesos de la OCDE, a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho en el etiquetado de alimentos. En consumo de alcohol somos campeones, al igual que en tabaco. El cáncer se puede prevenir, pues cerca del 40% de cánceres se pueden prevenir si atacamos a tiempo los factores de riesgo, pero en eso estamos siendo muy ineficientes como país. Hay sufrimiento que se les podría aliviar a las personas y también se le podría ahorrar costos al Estado, pero no estamos tomando las medidas.

¿Por qué no se están tomando las medidas?

A uno le cuesta entender. Según los datos del primer trimestre del año pasado, había 17 equipos de radioterapia a lo largo del país, distribuidos en siete centros. Con eso cubrimos menos de la mitad de los tratamientos de radioterapia que teníamos que hacer. Entonces, más de la mitad de las personas que necesitan radioterapia no pudieron hacerse tratamiento. Y se usaron todas las capacidades que hay en lo público, no es que no se quiera, sino que es lo que dan las 17 máquinas. Son 17 máquinas, cuando necesitamos 60.

Entonces, eso requiere medidas excepcionales como las que se tomaron con el Covid-19. Se necesita forzar al sector privado a que ponga a disposición todas sus capacidades y no solo lo que le resulta rentable. En cáncer necesitamos usar los aprendizajes de la pandemia y mi preocupación es que nos estamos demorando demasiado.

¿Es tarea de las autoridades darle la urgencia que necesita?

Sin duda, hay una responsabilidad de las autoridades, pero también de todos. Más que decir un gobierno u otro, el cáncer tiene que ser abordado como un tema de Estado, y es lo que hemos planteado siempre, desde que iniciamos la propuesta de la ley. Respecto de los factores de riesgo, a mí me da vergüenza lo que veo en el Parlamento respecto del lobby de la industria. Es inaceptable que el proyecto de la Ley de Tabaco llevé años detenido o que estemos discutiendo una reforma tributaria que no tiene impuestos a los cigarrillos y a las bebidas azucaradas, por el lobby de las industrias.

¿Debería el cáncer ser una prioridad?

Sí, es lo que nos hace falta. Hay una realidad que sigue siendo muy invisibilizada, a pesar de que diariamente cobra vidas. Ha faltado la decisión y la voluntad de todos los actores de asumir esto como una urgencia y tomar medidas en consecuencia. Tenemos la capacidad, entonces hay que pasar del discurso a la acción.

Han pasado más de dos años desde que se publicó la Ley Nacional de Cáncer, ¿cuál es la evaluación que hace de la implementación de la norma?

Lo primero que uno dice es: que suerte que tenemos ley, porque fuimos capaces como país de tener una herramienta de política pública permanente, sin embargo, a mí me parece que no hay explicación para que al día de hoy no tengamos algunos componentes de la ley implementados. El registro que tenía el financiamiento, y que al día de hoy todavía no esté funcionando después de dos años, es algo que todavía no tiene explicación. Se puede pensar que la pandemia retrasó el proceso, pero la crisis sanitaria que provocó el Covid-19 ya pasó a segundo plano. Sabemos que la pandemia significó retraso, pero fuimos capaces de hacer seguimiento de los casos de Covid-19. La ministra dice que están trabajando en eso, pero no puede ser que hayamos perdido dos años, que significan tomar mejores decisiones en cáncer o dos años en los que el reglamento de la ley sigue en discusión en La Contraloría, porque esa es la respuesta que tenemos para la creación del Fondo del Cáncer. A la par, sí hay otras cosas que han avanzado. Hoy está constituida la Comisión Nacional de Cáncer, se está haciendo trabajo en regiones, o cuando uno ve que se empieza a definir la red de gestores oncológicos, y eso es porque hay una ley que mandata que así sea.

¿Cómo cree que lo ha hecho el gobierno en salud? Porque a los pocos meses de trabajo hubo cambio de ministra y ahora están enfrentados al gran problema de las isapres?

Ha habido cambios de ministros que sin duda generan costos y cambios de equipos. Yo tengo muy buena opinión de la ministra Aguilera. Creo que están las capacidades, sin embargo, creo que todavía pesa mucho más la burocracia en algunos aspectos que el avanzar. El gran desafío en salud y a propósito de lo que está sucediendo en el seguro privado es poder instalar un acuerdo de mediano plazo de lo que queremos hacer como país. El mundo político ha sido incapaz de generar un acuerdo político de mediano plazo y en el fondo se trata de imponer una postura versus a la del otro sector y los que pierden ahí son los pacientes, las personas.

¿Qué va pasar con los pacientes de cáncer si cae una isapre?

Frente a cualquier escenario, lo que se tiene que garantizar es la continuidad de la atención de las personas, en condiciones similares a las que están hoy. A mí me parece que hoy no existe conciencia de lo que eso implica y lo difícil que puede ser. Fonasa tiene que tener la capacidad de negociar con los prestadores para garantizar coberturas que sean similares y mi preocupación es que no esté dimensionando la envergadura de eso. Lo que se requiere hace mucho tiempo es un plan que permita hacer la transición en materia de seguros de salud, pensado en el suficiente tiempo para no afectar a las personas.

Y parece que se va llegar tarde.

Sí. La incapacidad de ponerse de acuerdo en esa transición es lo que hoy hace que la gente enfrente esta incertidumbre. La responsabilidad de garantizarles a las personas la continuidad de los tratamientos es del gobierno.