Caso Convenios: 2 diputados desaforados, $ 60 mil millones bajo sospecha y 41 imputados en 20 meses
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A un año y ocho meses de que se iniciara la primera investigación que abrió la puerta a indagaciones por transferencias a fundaciones, el Ministerio Público suma una serie de resultados, aunque se adelanta que 2025 sería un año clave.
Este lunes 10 de febrero la Fiscalía de Antofagasta concretó un esperado hito en el marco de la investigación de la arista Democracia Viva del caso Convenios.
A más de un año y medio de que se abriera de oficio dicha hebra de esta megacausa, la Corte de Apelaciones de la misma ciudad acogió la solicitud de desafuero de la diputada Catalina Pérez (ex FA), a quien el fiscal Cristián Aguilar pretende formalizar como autora de tres delitos de fraude al Fisco.
De esta forma, y aunque su defensa anunció que apelará ante la Corte Suprema, la otrora militante del Frente Amplio se convirtió en la segunda parlamentaria en ser desaforada, sumándose al exintegrante de la bancada de diputados del Partido Republicano Mauricio Ojeda, quien fue formalizado y recientemente acusado -solicitando la Fiscalía 19 años de cárcel-, en el marco de la denominada arista “manicure”.
Ambos hechos fueron catalogados como trascendentales por el ente persecutor y ocupan un lugar preferente en el balance que realizan, donde además se advierte que el monto total que está bajo la lupa asciende a $ 60 mil millones.
Se contabilizan, además, un total de 41 imputados formalizados en 20 audiencias, 21 de ellos correspondientes a indagaciones que se siguen en la Región del Biobío. O sea, más del 50% corresponde a personas vinculadas a convenios que se firmaron en esa zona del país.
Del total de los formalizados, además, desde la Fiscalía Nacional detallan que 22 han sido sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva.
Hasta ahora, tres son las acusaciones presentadas. Sin embargo, los 12 equipos investigativos especializados que trabajan bajo la coordinación de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional alistan nuevas arremetidas judiciales. Esto, con apoyo de 81 funcionarios de la PDI que tienen dedicación exclusiva para esta causa, y que se distribuyen en 15 equipos a lo largo del país.
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