Caso Democracia Viva: Andrade y Contreras quedan en prisión preventiva

Esposados de manos y pies y vistiendo el chaleco amarillo de imputados fueron trasladados Daniel Andrade y Carlos Contreras la tarde del jueves 14 de diciembre hasta la excárcel de Antofagasta.

Ese día, ambos enfrentaron su primera audiencia de formalización en el marco del denominado caso líos de platas, donde el fiscal Cristián Aguilar les imputó cargos por tres delitos de fraude al Fisco, cometidos en medio de la suscripción de tres convenios entre la fundación Democracia Viva, comandada por el ingeniero civil, y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, liderada en ese entonces por el arquitecto.

La imagen de ambos engrillados, eso sí, funcionó como una suerte de presagio para lo que ocurrió 24 horas después, cuando la jueza Sissi Bertoglio-Talap accedió a lo solicitado por el Ministerio Público y decretó que ambos quedasen en prisión preventiva, pese a que sus defensas argumentaron que la disposición resultaba desproporcionada.

Acotó, de la misma forma, que existían “antecedentes fundados de la participación” de los imputados en los hechos indagados. Y agregó el que Contreras no supervisara “el correcto cumplimiento de las condiciones necesarias para suscribir los convenios”, fue lo que permitió, a juicio de la magistrada, que el fraude se materializara.

Como describió el persecutor, se les apunta por haber pactado, pese al vínculo que mantenía -militantes del mismo partido y conocidos- convenios entre las entidades que lideraban. También por haber gastado los fondos en honorarios que superaban la norma establecida, y por haber omitido que la fundación de Andrade no cumplía con la totalidad de los requisitos para adjudicarse los $ 426 millones que le fueron asignados.

Aunque las defensas de las partes intentaron aclarar que entre ambos no había una relación estrecha, el fiscal insistió en el punto, dado el vínculo que ambos habían tenido con la diputada Catalina Pérez. Y es que mientras Andrade era su pareja en el momento en que se firmaron los contratos, con anterioridad Contreras había ejercido como su jefe de gabinete.

Mencionó, en la misma línea, que “Contreras logró modificar intencionalmente la nómina de fundaciones que en 2022 serían consideradas para ser receptoras de fondos públicos, logrando la incorporación de Democracia Viva”.

Respecto de Andrade, además, Aguilar indicó: “El imputado cambió a su beneficio el giro de Democracia Viva, lo que estaba en conocimiento de Contreras”.

Frente a los hechos, el abogado de Andrade, Juan Pablo Roncone, descartó la idea de que el exdirigente estudiantil quisiera favorecer a sus amigos, indicando que no tenía relación y no conoció a la mayoría de las personas que trabajaron en la fundación de la que era representante legal.

Sobre los pagos a honorarios, además, señaló que correspondieron a fondos que fueron rendidos de manera correcta.

Asimismo, el defensor hizo un duro reproche respecto de cómo se ha llevado el caso. “Nadie repara en si él se quedó con dinero, si él obtuvo un beneficio económico, si los gastos se realizaron o no. El linchamiento público ocurre desde el comienzo”, expresó.

Desde la defensa de Carlos Contreras, en tanto, se cuestionó la tesis del Ministerio Público respecto de la configuración de supuestos delitos de fraude al Fisco, deslizando que la Fiscalía pudo haber acusado por “una negociación incompatible”.

De igual forma, la abogada Paula Olivares recalcó que Contreras y Andrade no eran amigos y que habían cortado diálogo desde antes de que se realizaran los convenios.

Mientras las defensas quedaron disconformes con las medidas cautelares, los querellantes manifestaron que se trata de una decisión adecuada.

“Estamos conformes con lo resuelto. Es la cautelar proporcional a hechos tan graves. Asimismo, lo más importante es que se reconoce que actuaron en grupo o pandilla, por lo que ahora debe dirigirse la indagatoria hacia todos ellos y lograr su formalización”, manifestó Sergio Rodríguez, querellante por los diputados del Partido Republicano.

Por su parte, el representante de la UDI Pablo Toloza indicó: “Por supuesto que estamos conformes. Además, creo que los seis meses del plazo de investigación son razonables para la cantidad de diligencias que quedan pendientes”.