Cuatro femicidios han ocurrido en diferentes puntos del país durante los últimos 10 días de 2022. Uno de ellos se registró el 22 de diciembre pasado en la ciudad de Arica, donde el psiquiatra del Servicio Médico Legal, Ricardo Yébenes, asesinó a golpes a su pareja en medio de una discusión. Si bien el agresor trató de explicarle a la policía que las lesiones fueron producto de una caída, su versión fue rápidamente descartada. Hoy, el médico, se encuentra en prisión.

Un día después, en Coronel, en vísperas de navidad, el engaño de René Jiménez fue descubierto. Tras estrangular a su pareja y esconderla arropada en plástico dentro de un armario, Jiménez fue a carabineros a denunciar que su esposa estaba desaparecida. Incluso fue a un canal regional a dar una entrevista para pedir ayuda, pues estaba dispuesto a iniciar una búsqueda. Sin embargo, tras peritajes realizados por la policía, su coartada inicial se desplomó y terminó confesando el crimen.

De acuerdo a cifras del Ministerio Público, 41 femicidios se contabilizaban hasta los últimas semanas de 2022. Una cifra inferior si se compara con los registros de años anteriores en los que siempre se superaba el medio centenar de femicidios. Sin embargo, hay un conteo de casos que esconde un alza en la violencia en estas materias: los femicidios frustrados, los cuales crecieron un 32% durante el último año. Es decir, si en 2021 se registraron 215, al cierre de este año se contabilizaban 283, según el Ministerio Público. Al comparar los números a cinco años el alza llega a más de 400%, pues en 2018 se ingresaron 66 casos.

La directora de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Ymay Ortiz, explica que ha habido un cambio en los ingresos de causas por violencia intrafamiliar y contra las mujeres en específico. “Esto se debe a las intensas capacitaciones que hemos realizado en los últimos años en las fiscalías, por lo que hay un mejor entendimiento de este fenómeno. Se está persiguIendo de mejor forma los delitos”, señala Ortiz.

En ese sentido, la ex fiscal jefe de Quillota, sostiene que ahora los golpes y asfixias u ahorcamientos que sufrían las mujeres y que se tipificaban como lesiones menos graves, ahora se están investigando como amenazas de muerte e incluso como intento de femicidio. “Antes no se estaba viendo la intención femicida. Ahora sí se está viendo, entonces muchos casos que eran lesiones graves y menos graves hoy día se están leyendo en perspectiva de género como femicidios frustrados”, asegura la directiva de la Fiscalía Nacional.

A pesar de estos esfuerzos y mejoras en el estándar de persecución penal, las víctimas asociadas a la violencia intrafamiliar también han crecido en el tiempo. Por ejemplo, en 2018 se constataron 72.426 mujeres agredidas en los sistemas del Ministerio Público entre enero y septiembre, mientras que en ese mismo periodo en 2022, las denunciantes alcanzaron 89.074 víctimas. Casi 294 casos por día.

“Hay desafíos muy relevantes en materia de prevención, atención y avance hacia la erradicación de las violencia contra las mujeres. Queremos cambiar la calidad de la respuesta del Estado”, afirma la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Mientras que la diputada Carolina Tello, presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, mira los números con alerta: “Hay un aumento de casos en los cuales afortunadamente las víctimas no perdieron la vida sólo por factores puntuales y por la acción de las instituciones públicas y las policías en algunos casos. La violencia contra las mujeres lamentablemente no ha bajado en las cifras y vemos que a pesar del desconfinamiento luego de la pandemia, los índices siguen preocupantemente altos”.

En este aspecto concuerda la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación de Municipalidades (ACHM), Carolina Leitao, quien advierte que en sus recorridos territoriales ha notado que no se lo toma la importancia a las señales de maltrato en los hogares.

“Hay una baja percepción del riesgo y en la toma de medidas de resguardo. Creer que se puede controlar la situación es un error. Entonces que aumenten los casos frustrados es igual de grave, porque el victimario no pudo concretar lo que quería hacer”, dice la jefa comunal

Las capacitaciones a los fiscales para detectar de mejor manera los casos de violencia intrafamiliar ha puesto el foco también en otros delitos graves, los cuales no se investigaban con perspectiva de genero años atrás. Es el caso de los incendios y secuestros, cuyos casos pasaron a formar parte de los boletines del Ministerio Público sobre VIF recién en 2020.

Sin duda, lo que llama más la atención son las investigaciones por secuestros en estas materias. En el periodo de un año, los casos crecieron un 97%. Si en 2021 se registraron 38 casos, en 2022 alcanzaron casi el doble: 75. La mayoría de esas causas se tramitaron en la Fiscalía Centro Norte, en la Región Metropolitana. Desde ahí transmitieron que el grueso de las investigaciones es por sustracción de menores, las que finalmente terminan en los tribunales de familia.

Sin embargo, también ocurren secuestros de mujeres. Tal es el caso que vivió una vecina de Cerro Navia a fines de 2019. El 30 de diciembre, su ex pareja Felipe Manzanarez llegó a su domicilio portando una pistola. Le dijo que si no se iba con él, mataría a sus dos hijas y quemaría su casa.

Sin otra opción, la mujer dejó el lugar. Manzanarez la trasladó a una pieza que arrendó en Quinta Normal, donde la tuvo cautiva hasta el 3 de enero de 2020. La madre de la mujer comenzó a buscarla al darse cuenta de su desaparición. Así terminó en la 45 Comisaría de Cerro Navia, donde llegaron también funcionarios de la BIPE de la PDI. Mientras la rastreaban, Manzanarez le propinó todo tipo de golpes e incluso le quemó colillas de cigarros en las brazos. Tras lograr breves comunicaciones por una aplicación de mensajes, finalmente la policía logra dar con el paradero de la víctima, quien estaba en shock.

La investigación duró cerca de un año y Felipe Manzanarez fue condenado a 13 años de cárcel a fines de 2021 en el contexto de un caso de secuestro abordado como violencia intrafamiliar.

“Muchos de estos casos están vinculados a casos de narcotráfico y crimen organizado. Las técnicas se replican en casos de femicidios y eso es muy grave”, asegura la presidenta de los alcaldes, Carolina Leitao, quien sugiere analizar cambios legales para enfrentar estas nuevas dinámicas más violentas en materias de violencia contra la familia. “Hay que modificar la legislación, adaptándose a los nuevos tiempos y a las nuevas formas de cometer delitos”, dice.

Mientras que para Francisca Millán, socia abogada de AML Defensa de Mujeres, “la manera que esa violencia se verifica no es casual y tienen que ver con esta manifestación de poder sobre los cuerpos de las mujeres”.

Los delitos de amenazas y desacato registraron más de 40 mil casos hasta septiembre de 2022 en el país. Estas denuncias están entre las que más se tramitan en el Ministerio Público y las que más tienen que atender los municipios en los barrios. Sobre todo los más vulnerables.

Tal es el caso de la comuna de Puente Alto. De acuerdo a las cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, este territorio registra la mayor cantidad de denuncias asociadas a violencia contra la mujer con 2.196 casos hasta septiembre de 2022. Desde el municipio explican que la alta vulnerabilidad de sus habitantes expone a sus vecinas a situaciones de riesgos por VIF.

“Muchas familias se ven sujetas a vivir en pocos metros cuadrados, lo que impone una tensión adicional a la convivencia. Y no olvidemos que todavía permanece viva en ciertos sectores una cultura patriarcal”, comenta Katty Durán, Directora Social de la Municipalidad de Puente Alto.

En esa línea, reconocen que las medidas cautelares no son respetadas por los agresores. Por ello, implementaron un programa denominado “Alerta Mujer”, cuyo sistema identifica a las vecinas más expuestas a sufrir delitos de violencia intrafamiliar. A ellas, se les entrega un teléfono que está conectado a las cámaras de seguridad del municipio. “Se trata de un georeferenciador, que permite ubicar rápidamente a la mujer si lo activa, mientras se alerta a carabineros para que pueda socorrerla. Esto permite suplir la falta de control sobre los agresores”, detalla la jefa social de Puente Alto.

Al otro extremo de Santiago, en Maipú, otra de las comunas con mayor frecuencia de estas causas, definieron enfrentar esta problemática con capacitaciones, apoyo psicológico y acciones judiciales. Según el municipio, en 2022 se trabajó con 350 mujeres.

Además, cuentan con un casa de acogida para casos extremos, donde refugian a mujeres con alto compromiso de riesgo que vienen desde otras comunas para que puedan estar protegidas de sus agresores.

Este sistema, según el Ministerio de la Mujer, es uno de los más usados para protección. “Se atienden anualmente cerca de 60 mil mujeres. Hay una buena acogida de este tipo de dispositivos por parte de la ciudadanía, que se expresa en una creciente demanda por aumento de oferta de estos”, afirma la ministra Orellana.

La alcaldesa Carolina Leitao tiene un diagnóstico claro sobre los desafíos a enfrentar en materias VIF para los próximos años. Señala que “vencer el miedo” a denunciar es muy relevante para mantener una persecución total contra los infractores de violencia intrafamiliar.

Por ello, dice, que junto al gobernador metropolitano Claudio Orrego viajaron hace unas semanas a Buenos Aires, Argentina, para conocer un modelo de protección a víctimas que justamente busca darle confianza y cobertura si enfrentan un problema de VIF. El sistema entrega una alerta cuando el agresor se acerca a la víctima, independiente del lugar donde se encuentre. “Este es un buen mecanismo para implementarlo como piloto en Santiago”, anuncia la edil, quien cuenta con un sistema similar de alertas y alarmas en Peñalolén.

“Tenemos que mejorar la percepción de seguridad en las víctimas y que no retiren las denuncian. Tienen que creer en el sistema para que funcione”, afirma la presidenta de la Asociación Chilena de Municipios (ACHM).

De todas formas, Leitao cree que antes que la tecnología, lo primero que se debe enfrentar es la independencia económica de las mujeres, que dejen de depender de sus agresores.

La ministra Antonia Orellana está de acuerdo. Por ello destaca que este año se aprobara la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos. “Nuestro desafío es lograr su implementación a partir de mayo (2023). Se crea un mecanismo de pago efectivo, entregando al Estado la facultad para buscar los fondos de esas cuentas financieras y ordenar los pagos”, detalla Orellana, quien agrega que esto se combinará con el registro nacional de deudores que a la fecha ya registra 5.858 inscritos.

Por otra parte, Francisca Millán, de AML Defensa de Mujeres, cree que se le debe sacar mejor provecho a la campaña #Siesmiproblema del Ministerio de la Mujer, pues expone que esta problemática es un problema social y las mujeres deber “ser parte, observarlo y denunciarlo”.

Otros de los desafíos tienen que ver con la entrada en funcionamiento de la denominada “Ley Antonia”, cuya normativa se impulsó en memoria de Antonia Barra, joven que se quitó la vida en 2019, a raíz de la agresión sexual que sufrió por parte de Martín Pradenas, quien fue condenado a 20 años por este hecho. Sin embargo, la Corte Suprema ordenó un nuevo juicio para este caso tras detectar que el imputado no tuvo un juicio imparcial.

Para Ymay Ortiz, de la Fiscalía Nacional, este nuevo enfoque en materias de VIF, además de agregar dos nuevos delitos (inducción al suicidio y el suicidio feminista), entrega una serie de herramientas para el resguardo de las víctimas durante la investigación y asegura que los testimonios y denuncias puedan seguir vigentes, independiente si la víctima, de manera justificada, opta por retirar sus relatos.

Es por eso que Ortiz iniciará una serie de capacitaciones a los fiscales del país durante las próximas semanas. La expectativa es que se logre el mismo fenómeno que generaron las charlas realizadas anteriormente para abordar delitos graves con perspectiva de género como ha ocurrido en varias causas de secuestros, incendios y lesiones.