Fuel el pasado viernes 19 de abril que la diputada Catalina Pérez llegó hasta la Fiscalía Nacional para declarar ante los persecutores que indagan el caso Democracia Viva, Juan Castro Bekios y Cristián Aguilar.
Lo hizo en calidad de imputada y en compañía de su abogado, Gonzalo Medina, remarcando que cuando se le informó de eventuales irregularidades, su entonces pareja y director ejecutivo de la ONG, Daniel Andrade, siempre le transmitió que “estaba todo en regla”.
“Antes de octubre (2022), Daniel me mencionó que tenía una reunión para trabajar con el Serviu o el Minvu en Antofagasta. (...) No me parecía nada raro, ya que Democracia Viva tenía reuniones con instituciones públicas o privadas (...) No supe nada más, Daniel no me contó que había sido favorecido con estos convenios”, dijo la parlamentaria.
De acuerdo con su testimonio, al cual tuvo acceso La Tercera, fue su exjefa de gabinete Romina Neumann la primera en advertirle de eventuales irregularidades: “En enero de 2023, desde el equipo del diputado Jaime Sáez le señalan a mi jefa de gabinete de la época que tenía una preocupación por el trabajo de la fundación con el seremi de Vivienda, Carlos Contreras, ya que hacían cosas diversas a las que hacían habitualmente. (...) De ahí me contó Romina y me preocupé por este tema”.
Fue en ese momento, según dijo, que supo que Andrade seguía a la cabeza de la fundación. “Pensaba que Daniel se había retirado de Democracia Viva cuando entró a Defensa (en octubre de 2022), ahí me entero que todavía seguía siendo director ejecutivo”.
La situación, transmitió Pérez, llevó a que la relación entre Neumann y Andrade se tensionara. Según la diputada, “por la preocupación sobre el impacto político y comunicacional”.
Sin embargo, dijo haberse quedado tranquila, porque ella “no había influido”.
En su declaración, la diputada por Antofagasta fue consultada sobre el nombramiento de Contreras como seremi. Y ante ello, Pérez se desligó de la determinación y apuntó directamente a la directiva de RD, que en ese momento encabezaba la hoy embajadora Margarita Portuguez y contra el, en esa fecha, subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere) y hoy jefe de asesores del Segundo Piso del Presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi (RD).
“La directiva de RD propuso los nombres para posibles candidatos para ser designados por el gobierno, dentro de los cuales estaba el de Carlos Contreras. Esa propuesta se entregó a Miguel Crispi, que formaba parte de la Subdere. En ese proceso no tuve ninguna participación, pero antes de resolverlo me consultaron por los antecedentes de Contreras y Gustavo Riveros, indicando que los conocía y que no me parecían malos candidatos”, se lee en la declaración.
En la misma versión que entrega Pérez a la Fiscalía se da cuenta de que, una vez le llega la carta de la Asociación de Funcionarios del Serviu de Antofagasta que acusaba situaciones comprometedoras entre Democracia Viva y Carlos Contreras, la parlamentaria se contacta con la directiva de RD y con la exsubsecretaria Tatiana Rojas (ex-RD).
“Se atribuía influencias por medio de su relación conmigo, que era la vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Además, se hablaba de irregularidades en los convenios de Democracia Viva. Decido avisar a mi partido, hablo con la subsecretaria Tatiana Rojas y pongo esta información en conocimiento de la Contraloría como denuncia. La subsecretaria me señaló que estaba reuniendo antecedentes y elaborando un informe, y que hasta donde ella veía estaba todo en regla. Además, le pido una reunión a la directiva del partido y que se convoque a todos los involucrados”, se cita en la declaración.
