Chile ha reconocido la condición de refugiados a 68 venezolanos desde 2010

El último registro que existe de Ronald Leandro Ojeda Moreno (32) fue la madrugada del miércoles 21 de febrero. Esa noche cuatro sujetos -aparentando ser funcionarios de la PDI- llegaron hasta su departamento en Independencia y lo secuestraron. Desde entonces, el hombre de origen venezolano y exmiembro del Ejército tiene movilizadas a todas las autoridades que aún no logran despejar si se trata de una operación de inteligencia venezolana u otra hipótesis.

El caso tiene otra particularidad: la víctima pertenece al reducido número de extranjeros con calidad de refugiados en Chile.

Ojeda Moreno logró ese estatus en noviembre del 2023. Venía tramitando esa solicitud ante el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) desde que abandonó Venezuela en 2018. Acogido el trámite, el exmilitar de 32 años pasó a integrar la lista de 68 venezolanos que desde el 2010 han sido reconocidos con esa condición en Chile.

Sólo días antes de su secuestro el régimen de Nicolás Maduro lo había degradado militarmente después de acusarlo de conspiración.

La Ley 20.340, que regula la forma en que una persona es calificada como refugiada, entró en vigencia el 2010.

A diferencia del asilo político, el refugio amplía el rango de protección a otros tipos de persecución ya sea en razón de raza, religión, grupo social determinado y nacionalidad, así como también de la violencia generalizada, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos, entre otros.

La aplicación de la normativa hasta el 2023 suma 30.598 solicitudes de refugio. El peak se registró el 2018, cuando 5.725 extranjeros pidieron ser calificados en esa condición. (Ver infografía)

Pese al gran número de solicitudes, el Servicio Nacional de Migraciones sólo ha acogido 957, lo que corresponde a un promedio de aprobación de 3,1%.

Luis Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, asegura que ese bajo nivel de reconocimiento “responde a que la política de refugio está́ orientada a darles este estatus a las personas que efectivamente lo requieren y que apunta a casos en que la persecución y el peligro para la vida de la persona es efectivo”.

Desde el 2021 la mayoría de los requerimientos son de venezolanos opositores al régimen de Nicolás Maduro. De hecho, hasta junio del año pasado el 62% de estas solicitudes son de ciudadanos de ese país.

Sin embargo, de las 201 solicitudes de refugio acogidas durante el año pasado, sólo el 17,4% corresponde a venezolanos (35 personas).

A pesar de ser la mayor comunidad de extranjeros en el país, los venezolanos son la cuarta nacionalidad de refugiados en Chile, detrás de Colombia con 442 personas, Afganistán (144) y Siria (106). Tras la guerra con Rusia se han aprobado 67 solicitudes de refugio a ciudadanos de Ucrania.

El director de Migraciones explica a La Tercera que el alto número de solicitudes de personas venezolanas se debe al enorme éxodo desde ese país. Pero no todos logran comprobar que están en condición de persecución y peligro inminente como señala la ley para otorgar esa condición especial.

“En el análisis de las solicitudes que se realiza caso a caso y en detalle, no se ha configurado la condición de refugiado en la mayoría de los casos”, detalla Thayer.

“La solicitud de refugio depende en gran medida de las realidades de los países de las personas solicitantes. Por ejemplo, la guerra en Ucrania y la situación de Afganistán han incidido en un aumento de las solicitudes de esos países”, añade.

Álvaro Bellolio, exdirector de Migraciones, señala que mientras él dirigió el organismo “nos tocó revisar los casos pendientes, eran solicitudes por situaciones en Colombia y Siria, para luego analizar casos de ciudadanos venezolanos. Por supuesto, sólo se analizaba en comisión los casos en que se habían concretado las entrevistas y la entrega de documentos para validar la necesidad de protección”.

Bellolio sostiene que los refugiados venezolanos que fueron reconocidos en aquel entonces “acreditaron ser perseguidos políticamente y/o que se viola flagrantemente sus derechos humanos en su país de origen”.

Quienes conocen el proceso también sostienen que existen pocas solicitudes de refugio aprobadas porque se trata de un proceso largo y que muchas veces es mal utilizado.

Lo anterior, porque la normativa hasta hace poco permitía que el solicitante accediera a una visa temporal mientras se tramitaba su condición de refugiado.

Esa situación cambió después de que en enero de este año entró en vigencia la reforma a la ley de Migraciones (Ley 21.325) que estableció una etapa previa para evaluar las solicitudes de refugio y descartó la entrega de visas anticipadas. La norma se tramitó en el marco de la agenda de seguridad impulsada por el Ejecutivo.

El abogado Mijael Bonito -de Hurtado y Bonito Abogados-, quien colaboró con el Servicio Nacional de Migraciones en la administración de Sebastián Piñera, afirma que antes de la nueva ley, algunas personas hacían “mal uso de este instrumento. No sufrían persecución, sino que sólo buscan la regularización migratoria”.

Thayer reconoce que “muchas personas que no han experimentado situaciones que ameriten el refugio y que salieron de sus países por motivos económicos o laborales, buscan en el refugio una alternativa para regularizar su situación, lo que a todas luces es una distorsión”.

Bellolio añade: “la gran mayoría de los solicitantes no necesitan protección del Estado, sino que necesitan un carnet para poder trabajar de forma más sencilla”.

Los intentos por utilizar la condición de refugiados de mala forma generó un estrés en el sistema. Así lo explica el abogado José María Hurtado, especialista en materia migratoria, quien detalla que una solicitud de esta naturaleza puede tardar hasta cinco años.

Hurtado agrega que aparte del mal uso de la herramienta, la legislación chilena es muy amplia, lo que aumenta exageradamente el número de personas que busca conseguir la condición de refugiado. “La ley va más allá de la Convención de Derechos Humanos, incorporando el concepto de refugiado de la Declaración de Cartagena, que extiende la protección, no sólo a perseguidos políticos, por razones de raza, grupo social en específico, nacionalidad o religión, sino que también, a aquellas personas en cuyos países existe una grave alteración del orden público, violación sistemática de los derechos humanos, etc.,”, dice el experto.

Para Rebeca Cenalmor, jefa de la Oficina Nacional de ACNUR “es innegable que la gran cantidad de personas que han llegado en los últimos años a Chile y otros países del continente, han generado sin lugar a dudas una presión pocas veces vista sobre los sistemas de asilo, cuyas instituciones estaban preparadas para abordar números de personas mucho menores. Esta situación, definitivamente, ha impactado en el acceso y los plazos de respuestas en las solicitudes de la condición de refugiado y en las posibilidades de las personas para solicitar asilo”

Bonito también apunta a que los retrasos en las solicitudes “se debe a que es un procedimiento complejo, que requiere entrevista personal, análisis de los antecedentes por parte de la secretaria técnica y una comisión (que está integrada por el Sermig, Interior y Cancillería)”.

Una prueba de que el trámite no es ni simple ni rápido es que en los 13 años que tiene la normativa de refugiados en Chile, hasta el 2023, 10.290 solicitudes han sido archivadas y otras 8.792 fueron rechazadas, lo que representa el 28,7%.

El retraso en la revisión de estas solicitudes explica Thayer, se debe a que “una parte está en análisis y otra parte importante se archiva puesto que las personas desisten al acogerse a otros trámites migratorios”.

Bellolio sostiene que la “política migratoria de la actual administración, en materia de refugio, ha mantenido un trabajo serio y una política de Estado”. Sin embargo, cuestiona que “lleven más de 100 mil ingresos clandestinos en estos dos años, realicen un registro biométrico y el plan para el 2024 sea, a través de los criterios de la política migratoria, darle una visa a los extranjeros que ingresaron ilegalmente”.

Pero la materia de refugiados no queda sólo en una etapa administrativa, ya que no son pocas las solicitudes que terminan judicializadas. Según afirma Hurtado, hasta ahora aquello se daba, principalmente, “por cuanto el Servicio Nacional de Migraciones denegaba la entrega de formularios, para así evitar entregar visas temporales, cuestión que las Cortes, generalmente, resolvían en favor del extranjero”.

Cosas que según exponen los consultados deberían cambiar con la entrada en vigencia de la nueva normativa, dando espacio sólo a aquellas personas perseguidas por diferentes razones en su país de origen, como es el caso del ahora secuestrado exteniente Ronald Ojeda.