En un trimestre normal, la actividad de los pabellones en la red pública debería alcanzar no menos del 70%. Pero entre enero y marzo de este año, la ocupación cayó al 23%, muy por debajo el 69,7% que promedió el uso de estas unidades en igual período de 2020.

Se trata de la mayor baja en la producción quirúrgica del sistema público en lo que va de la pandemia, que el año pasado anotó su peor índice entre abril y junio -38,7%-, coincidiendo con el peak de la primera ola, que por primera vez obligó a suspender las cirugías electivas.

Y es que pese a que en los primeros meses de este año la pandemia estuvo relativamente bajo control, la llegada de marzo obligó a aumentar los cupos críticos en la red integrada de salud para responder a la demanda de pacientes graves. Eso obligó, a mediados de ese mes, a paralizar toda intervención que no fuera de urgencia u oncológica.

Así, si bien la lista de pacientes que esperan cirugías no se ha abultado exponencialmente -por el retraso de exámenes diagnósticos y de consulta de especialidad-, sí ha aumentado el tiempo de espera para la solución de este diagnóstico. Según la última actualización del Minsal, mientras en marzo de 2020 la demora de una cirugía era de casi un año -348 días-, ahora la espera subió a 18 meses o 558 días.

Frente a esta situación, y a medida que cede la presión asistencial al Covid-19, Salud ya determinó reactivar la actividad quirúrgica, pero desde una lógica territorial. Así, cada una de las 16 regiones del país -atendiendo a sus indicadores epidemiológicos- podrá ir retomando la cirugía mayor ambulatoria y electiva, lo cual quedará plasmado en un decreto que se publicará hoy.

Según explica el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, “cada dirección de los servicios de salud será responsable de autorizar la cirugía mayor ambulatoria y electiva (...). Por lo que es fundamental ir preparando los equipos para retomar la actividad quirúrgica. En la medida en que esta tendencia a la baja se mantenga, podrá ir incrementándose cada día más y consolidarse nuestro plan de reactivación”.

Sin embargo, esto no significa una desescalada en la cantidad de camas UCI habilitadas, pues uno de los requisitos es mantener la apertura de estos cupos ante eventuales aumentos en la presión asistencial por Covid-19.

Asimismo, para que el director de salud correspondiente entregue esta autorización, los casos deben ir a la baja en el promedio de siete y 14 días.

En aquellas regiones donde la capacidad total de UCI -contando a la red pública y privada- sea menor a 150 camas, la ocupación promedio de los últimos siete días debe ser igual o menor a 90%.

En cambio, aquellas regiones con más de 150 camas habilitadas -como la Región Metropolitana, que concentra más de 2.500 cupos- deberá mantener en el promedio de siete días una ocupación promedio igual o menor al 95%.

El coordinador de camas críticas del Minsal, Luis Castillo, confirma que ya se han conversado estas instrucciones con los recintos de salud. “Hay regiones que actualmente tienen una ocupación del 85% y menos de 100 camas habilitadas. Esas regiones, por ejemplo, pueden abrir sus cirugías. Prontamente va a salir el decreto que lo va a autorizar, para que sea de forma regional, pero con las mismas condiciones para todos”, comenta.

Una vez que los casos y la internación en UCI descienda a números más estables, Castillo señala que “también estamos trabajando el plan de desescalamiento (de camas críticas) junto a las clínicas privadas, porque luego de eso viene cómo enfrentamos la lista de espera”.

Frente a la gran cantidad de atenciones postergadas, el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez, explica que “las consecuencias en la salud de las personas que llevan tiempo aguardando por una cirugía son tres: que la patología se vuelva crónica, que afecte en la calidad de vida o que derechamente afecte la vida, dependiendo de la gravedad de esta”.

A su juicio, con una capacidad tan limitada aún en UCI -como el margen del 90% o 95% de ocupación-, la cantidad de cirugías a las que se va a poder dar abasto, muchas veces con recuperación en camas críticas, será marginal.

“El incremento en la actividad quirúrgica puede que no sea muy sustancial, para que ello sea sustancial el uso de camas críticas por Covid-19 tiene que bajar del 80%”, señala.

Asimismo, el académico de la U. de Santiago Claudio Castillo propone -una vez que se reanuden las atenciones- priorizar a quienes llevan más tiempo en espera por una intervención.

“Se deben utilizar criterios basados en el riesgo sanitario, por patología, gravedad de esta, discapacidad que genera e impacto social para la persona. Por ejemplo, sus costos asociados, como la imposibilidad de trabajar”, concluye Castillo.