Son más de $ 114.855 millones los que están destinados en el Presupuesto 2021 -en el fondo especial de salud- para los gastos asociados a la resolución de la lista de espera quirúrgica de los hospitales.

Hasta antes de la pandemia -según los datos a marzo de 2020- un paciente aguardaba 348 días (casi un año) para acceder a una intervención quirúrgica, pero a marzo de 2021 esa cifra creció a 558 días (18 meses): alza de un 60%. Acorde a esa misma actualización, aproximadamente 291.207 pacientes aguardan por una intervención.

Y si bien durante la pandemia esta cifra no ha crecido exponencialmente, las autoridades sanitarias y expertos proyectan que esto se debe, en realidad, a que muchos pacientes no han sido diagnosticados, por las dificultades adicionales que ha generado la pandemia para acceder a consultas médicas de especialidad y exámenes.

Por lo mismo, se teme que una vez que se controle la pandemia, eso signifique una ola de enfermedades crónicas en la red sanitaria. En ese contexto, a fines de 2020 el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) definió licitar la lista de espera quirúrgica no GES, tanto a prestadores públicos -en horario no institucional, es decir, aumentando las horas de uso de pabellones- y, por primera vez, a clínicas privadas.

¿El resultado? A fines de mayo se cerró el proceso, y en el caso del sector privado, 35 clínicas y centros médicos se adjudicaron algunas de las 17 especialidades licitadas. Mientras, 57 recintos públicos en horario no institucional también licitaron atenciones.

Hasta ahora, el proceso de derivación de los pacientes para resolver en el más breve plazo su problema de salud había estado en receso, debido a la suspensión de la cirugía mayor ambulatoria y electiva.

Sin embargo, durante la última semana, Salud definió por decreto reanudar la actividad de pabellón, siempre y cuando la región -dependiendo de sus camas UCI habilitadas- tenga una ocupación igual o menor al 90% o 95% para las regiones con un mayor volumen de cupos críticos.

Así, al menos en las próximas semanas, existirá un período de “marcha blanca”, pues aún se deben definir los últimos detalles antes de que el plan de resolución de listas comience a operar.

Este proceso, tanto en la red pública como privada, será seguido de cerca por el coordinador de camas críticas del Minsal, Luis Castillo, quien cautelará que pese a que se reanuden las atenciones, la capacidad UCI para pacientes Covid-19 se mantenga.

“La lista de espera se va a priorizar por conceptos sanitarios, de edad o patologías. Pero, además, los hospitales a través del decreto publicado el sábado pasado van a tener que mantener un número de camas críticas habilitadas que permitan complejizar y descomplejizar las unidades de acuerdo a las necesidades epidemiológicas”.

En ese sentido, Castillo explica que “a mí me parece extraordinariamente importante, como precedente, que las clínicas hayan efectivamente participado. Esta experiencia que hemos tenido en pandemia de la red integrada fue el camino natural para que se integraran a la resolución de las listas de espera”.

Prestadores como Clínica Bupa, Vespucio, Red Christus UC y Dávila figuran entre los privados que se adjudicaron especialidades. En regiones, en tanto, destaca la Clínica Portada de Antofagasta; la Clínica Reñaca y Ciudad del Mar, en Valparaíso, ya la Clínica Alemana de Osorno.

El procedimiento establece criterios de priorización. Así, serán los comités derivadores -existirá uno a nivel nacional y otras instancias por regiones- los encargados de determinar, según el diagnóstico clínico, la complejidad de la intervención a realizar, el número de hospitalizaciones cumplidas, la presencia de patologías de base y la vulnerabilidad social, así como el tiempo de espera transcurrido, a los pacientes candidatos a ser intervenidos.

El primer criterio es que, de reaubicarlo en algún recinto con disponibilidad inmediata, la región donde reside el paciente tendrá la primera prioridad y el prestador se hará cargo integralmente de su hospitalización: lo que incluye medicamentos hospitalarios y ambulatorios, insumos, honorarios médicos, entre otros.

Sin embargo, las bases de la licitación también establecen que cuando haya ofertas equivalentes -la misma operación, a un precio similar- en un prestador público y privado, el hospital de la red tendrá la preferencia para llevar a cabo la cirugía.

Asimismo, las especialidades se dividen en distintos clusters, pediátricos o adultos. El primero agrupa intervenciones ginecológicas, de urología y de vesícula; el segundo digestivas, de mama, maxilofacial, entre otras; el tercero traumatológica y de tórax y el cuarto corresponde a cirugía cardiaca. Además, el modelo considera “paquetes” de atenciones, por el cual se paga un costo fijo que incluye la resolución total del problema de salud.

Con esto, se espera que solo durante 2021, y si la situación epidemiológica lo permite, se logren resolver 40 mil cirugías.

El director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, Héctor Sánchez, explica que, a pesar de que la prioridad del sistema de salud debe ser fortalecer su red pública, el contexto de pandemia, con las atenciones retrasadas, allana el camino para la colaboración público-privada.

“Se hace necesaria esta complementariedad público-privada para evitar que la gente siga esperando más tiempo. No es un tema opcional, las cirugías ya se reanudaron en algunas regiones, pero llevan meses en receso”, explica Sánchez.

El académico aborda que para los pacientes que llevan más de 15 meses en espera por una cirugía “la consecuencia es la calidad de vida, que se deteriora dependiendo de la patología. Incluso, si no se trata a tiempo, muchas de las personas con cirugías en espera tienen desenlaces fatales”.

Mientras que el salubrista Juan Carlos Said señala que, si bien siempre los esfuerzos del Estado y de Fonasa deben estar apuntados en fortalecer la institucionalidad hospitalaria, en estas condiciones “hay que priorizar el derecho del paciente a que su problema de salud se resuelva. Si ese plazo no se cumple, es del todo razonable que se realicen licitaciones para dar acceso”.

Desde el sector privado, en la Asociación de Clínicas de Chile, explican que “varios de nuestros asociados apoyarán la resolución de esta urgente situación sanitaria. En materia de salud pública, creemos que la complementariedad público-privada es un valor y un aporte concreto. Como sector, apoyamos estas iniciativas y nos manifestamos disponibles a seguir colaborando”.