Por Carolina Martínez, directora del Observatorio de la Costa, académica de Geografía UC

Dos socavones y cuatro edificios evacuados en las dunas de Concón, un campo dunar muy antiguo, dan cuenta de un hecho que la ciencia viene advirtiendo hace años: no se puede construir sobre ecosistemas de alto valor natural, como dunas, playas y humedales. Son ecosistemas sensibles a la degradación, que conforman una “barrera de contención” contra eventos climáticos extremos, terremotos y tsunamis.

Sin embargo, pese a su importancia ecológica y cultural, carecen de protección por la falta de una política pública que resguarde la costa como un todo, en un contexto de cambios acelerados causados por fenómenos como el cambio climático y el aumento del nivel del mar. Pese a estas amenazas, Chile no cuenta con una Ley de Costas que reconozca el dominio público que requieren las áreas litorales para su preservación, incluyendo dunas, playas y humedales. Este vacío normativo, es el que en definitiva permite que cualquier persona pueda construir en estas áreas, mientras sea propietario del terreno.

El colapso de estas dunas nos muestra de forma dramática las consecuencias. Se trata de un campo dunar único en Chile, conformado por antiguas dunas colgadas que descansan sobre una terraza marina y que ya no tienen interacción directa con el mar. No cualquier sistema soporta estos niveles de urbanización, con edificios de hasta 18 pisos que no son aptos para sistemas frágiles como un campo dunar.

Las dunas vivas se mueven e interactúan con playas y desembocaduras de ríos, como parte de un proceso natural que retroalimenta todos estos paisajes costeros. Pero la urbanización descontrolada y actividades productivas, en muchos casos interrumpen estos procesos, causando su degradación. A esto se suma el contexto geográfico de nuestro país, localizado en un margen continental muy activo, sujeto a frecuentes terremotos.

Aunque la evidencia científica sugiere la urgente necesidad de contar con una Ley de Costas, la propuesta que ingresamos en noviembre de 2022, no registra avances en el Parlamento. Muy por el contrario, todavía se discuten iniciativas legales y enmiendas constitucionales, que proponen concesionar estos espacios, otorgando el derecho de propiedad privada.