Por Alexandra Maringuer Pastene, abogada y Socia del Estudio Maringuer, Fuller y Cia

El martes se aprobó en general en el Senado el proyecto de Ley de Sala Cuna Universal, proyecto presentado en 2022 por el gobierno de Sebastián Piñera, que tiene como principal objetivo que todas las trabajadoras puedan acceder al derecho a sala cuna, con independencia del número de trabajadoras contratadas por un mismo empleador.

Para lograr esto se crea un Fondo de Sala Cuna con dos fuentes de financiamiento: una nueva cotización del 0,1% de la remuneración imponible de cargo del empleador o del trabajador independiente en su caso y un aporte estatal anual como complemento. Además de la creación de un Registro Nacional de Cuidadores, con el objetivo de incorporar en una sola plataforma los antecedentes actualizados de los cuidadores y las cuidadoras de niños y niñas menores de dos años.

La aprobación no estuvo ajena de conflictos, por cuanto el gobierno había anunciado durante el 8M de 2023 la presentación del proyecto de Sala Cuna para Chile, que buscaba el mismo objetivo, pero que era dependiente de la reforma tributaria.

Pese al rechazo del oficialismo, el proyecto de Sala Cuna Universal pasó a comisión respectiva para su estudio, arguyendo como principal motivación de modificaciones, la búsqueda de un enfoque desde la perspectiva educativa.

Ante este escenario, pareciera ser que oficialismo y oposición están de acuerdo en lo necesario de ampliar el derecho de sala cuna. Sin embargo, se han enfrascado en una discusión ideológica que no tiene que ver con la primera infancia, perdiendo el foco principal.

El problema de base desde la perspectiva de la infancia tiene que ver con el derecho y deber de ser cuidados, ya sea por su madre, padre o cuidador principal o por un tercero. Hay que tener alturas de miras, mejorar el proyecto, sin perder el foco principal: el bienestar físico y psíquico de los niños y niñas, y dejar de usarlos como excusa para justificar materias netamente políticas e ideológicas.