Columna de Aziz Huq: Deportaciones ¿Enemigos políticos de Trump?

Por Aziz Huq, profesor de Derecho de la Universidad de Chicago.

El domingo 23 de marzo, un destacado académico de derecho constitucional iraquí, profesor de la Universidad de Princeton, descubrió que su visa estadounidense le había sido denegada, sin previo aviso ni explicación, mientras viajaba a Libia en una misión de Naciones Unidas. La inexplicable revocación de la visa lo separó de su cónyuge y familia, y repentinamente se quedó sin trabajo. Este uso aparentemente arbitrario, incluso cruel, de las facultades migratorias ha sido un sello distintivo del enfoque de la administración Trump hacia la ley de inmigración.

En consonancia con el trato que la Casa Blanca da a las universidades, los bufetes de abogados y la sociedad civil, la ley de inmigración se está utilizando como un instrumento para atacar a quienes la administración percibe como enemigos políticos, en lugar de como una herramienta para la formulación de políticas en beneficio del interés nacional.

La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege la libertad de expresión. Sus protecciones se extienden tanto a ciudadanos como a no ciudadanos en Estados Unidos. Las protestas públicas que cuestionan las políticas del gobierno nacional se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Primera Enmienda. No hay excepción alguna en materia de política exterior. De hecho, uno de los precedentes judiciales más importantes bajo la Primera Enmienda se refiere a los manifestantes contra la guerra de Vietnam.

Sin embargo, el gobierno ha detenido, o intentado detener, a los líderes de las protestas estudiantiles del año pasado. Estas detenciones constituyen violaciones flagrantes, incluso flagrantes, de la Primera Enmienda. Se han investigado más arrestos similares. Ciudadanos franceses y británicos han sido detenidos y luego deportados, aparentemente por criticar al Presidente Trump en redes sociales. Es cierto que los ciudadanos no estadounidenses carecen de derecho constitucional a la libertad de expresión fuera de Estados Unidos. Sin embargo, los ciudadanos estadounidenses sí tienen derecho a escuchar las expresiones del extranjero, un derecho que se ve comprometido si el gobierno puede impedir la entrada de críticos al país.

El uso de la ley de inmigración para silenciar la disidencia política no es nuevo en Estados Unidos; fue una característica del Temor Rojo de la década de 1950. Pero resulta sorprendente que el gobierno, al revivir esta práctica tan despreciada, se haya presentado como defensor de la libertad de expresión en otras ocasiones. Nada más lejos de la realidad.