Por Carlos Maillet Aránguiz, Arquitecto. Director del Diplomado en Gestión Sustentable del Patrimonio Construido. Universidad San Sebastián

El anuncio sobre la implementación del anhelado proyecto de recuperación y puesta en valor del eje Alameda, entre el hito de Pajaritos y Providencia y que por cierto incumbe el devenir de la Plaza Baquedano, es una noticia que no deja a nadie impávido. Son proyectos que se les denomina “republicanos”, pues independiente de quien gobierne o sea oposición, deben perpetuarse en la imagen colectiva y en el desarrollo de una ciudad.

La situación “espejo” entre Santiago capital y las regiones es relevante. La ola de violencia y destrucción del 18-O de 2019 dejó un sinnúmero de dudas en la significación de las artes de la ciudad, y se cuestionó la capacidad de gestión de un municipio, una gobernación, una intendencia o del mismo gobierno central ante los desafíos urgentes.

Los conceptos de capitalidad y autonomía deben ser considerados fundamentales en los debates de las ciudades capitales latinoamericanas y singularmente, en el de Santiago Centro Histórico, esto es, incorporar la óptica política a los desafíos que subyacen a la decadencia urbana: la polis, la política y el poder en ella. Pero aún más relevante, la dimensión económica que traspasa en demasía el carácter local de una municipalidad.

La adecuada gestión de las capacidades humanas, administrativas y financieras para el casco histórico debe apuntar a crear una estructura estatal sólida, descentralizada, articulada interinstitucionalmente, capacitada en leyes, normas, reglamentos y con una línea (glosa) presupuestaria estable.

Para evitar el proceso de deterioro irreversible al que se podría estar llegando con la afectación de los valores patrimoniales del conjunto de elementos que componen el eje Alameda-Providencia se puede tomar de referencia la metodología Unesco, Convención Dsocr (Guidance Note on preparing, monitoring and reporting on the Desired State of Conservation) que establezca una “Hoja de Ruta” constante y que considere la estructura urbana y arquitectónica como un núcleo base de otro sinnúmero de requerimientos subyacentes tanto o más urgentes como la recuperación de áreas verdes, programas de seguridad, mitigación de riesgos y vulnerabilidades asociadas a la estructura física, políticas de repoblación y reconstrucción del tejido social, regulación de murales y pinturas en el espacio público, accesibilidad, inclusividad y movilidad, servicios de emergencia y el muy necesario fomento de inversión público-privado y participación ciudadana en la preservación de las obras para un desarrollo eficiente.