Por Carmen Le Foulon, investigadora CEP / Integrante Red de Politólogas

Guille, el hermano del personaje Mafalda, luego de varios intentos fallidos por pronunciar bien “tortuga” -su mascota- decide resolver el problema con un simple “¿Y si mejor la pateo?”. Eso parece haber pasado con la propuesta sobre organizaciones políticas en la Convención. El primer informe definía su carácter distinguiendo entre partidos políticos y movimientos político-sociales. Esto levantó numerosas voces críticas y precautorias desde la academia, las que ilustraban con los casos de Perú y Ecuador, entre otros, los efectos negativos en términos de fragmentación y calidad de la democracia.

Dada la crisis de representación en que nos encontramos, ilustrada por la nula confianza en los partidos (encuestas CEP), parece razonable permitir diferentes formas de representación. Sin embargo, para una adecuada representación de la ciudadanía, se requiere de instituciones que busquen agregar demandas particulares en programas amplios y articular acuerdos. Sin embargo, los movimientos sociales se organizan en torno a demandas específicas, y son los partidos los que articulan diversas materias, en torno a principios comunes.

Para que las elecciones funcionen como un mecanismo de rendición de cuentas es esencial que las organizaciones perduren en el tiempo. Y en eso, la evidencia es decidora. Por ejemplo, Diana Dávila en este medio lo ilustra con Ecuador, donde menos de 1 de 10 movimientos políticos participaron en tres elecciones consecutivas. Esto no solo imposibilita el accountability, sino que probablemente generará frustración en sus votantes.

El acuerdo aprobado esta semana en la comisión parece recoger estas aprensiones, ya que no se incluye el polémico texto. Sin embargo, tal como la tortuga de Guille, la posibilidad de movimientos político-sociales compitan en elecciones con reglas y requisitos diferentes seguirá presente. Por lo que debemos seguir pensando en formas de fortalecer y mejorar los partidos para que operen efectivamente como instituciones que canalizan y representan las demandas ciudadanas.