Por Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén
La oposición que hemos comunicado la mayoría de los alcaldes y alcaldesas a la enmienda que elimina las contribuciones a la primera vivienda, no es trivial ni un “gustito político”. Por el contrario, detrás de ella están años de trabajo y lucha que hemos dado por conseguir más recursos y mayor autonomía para avanzar en justicia social con aquellos municipios más pobres.
El Fondo Común Municipal -que se nutre en un 58% del impuesto territorial- es el mecanismo que nos permite redistribuir la gran cantidad de recursos que reciben las comunas de mayores ingresos, a municipios que por diversas circunstancias (aislamiento geográfico, baja cantidad de población, mayor concentración de pobreza, etc.) recaudan escasas sumas para invertir en su comunidad.
Veamos los datos. En la actualidad el 77% de las propiedades habitacionales está exenta de contribuciones. Sólo el 23% de las viviendas lo paga y más del 50% de la recaudación por predios habitacionales de este impuesto proviene de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Santiago, Ñuñoa, Providencia y La Reina.
Esto evidencia, contra lo atractiva que resulta la promesa, que la enmienda aprobada por el Consejo Constitucional no beneficiará ni a los pobres ni a la clase media y dejará a los municipios sumidos en una debacle presupuestaria, que tendrá impacto en todos los ciudadanos, incluidos los que se pretende beneficiar, porque su redacción actual no propone cómo se van a obtener los recursos que se pretenden restar.
Los datos son indesmentibles y la imposibilidad de poner en práctica esta norma sólo confirma que la iniciativa parece responder más a la desesperación por concitar apoyo ciudadano a un texto constitucional que hoy no lo tiene, que a un genuino deseo de trabajar sobre la inequidad territorial y de favorecer efectivamente a la clase media; lo que sí podría hacerse, impulsando un acuerdo transversal que proponga una nueva Ley de Rentas Municipales.
