Por Carolina Martínez, directora del Centro UC Observatorio de la Costa.

Las proyecciones en el Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de la ONU para el cambio climático, (IPCC AR6, publicado en 2021), dibujan un sombrío panorama bajo escenarios de altas emisiones, que afectará a más de mil millones de personas viviendo en urbes cercanas al océano, incluídas las de Chile. Según mapas de riesgo utilizando estos datos, en muchas ciudades de nuestro país el mar podría ingresar varias cuadras cambiando la fisonomía del paisaje costero.

Aunque la tendencia global busca incentivar políticas públicas para la “retirada” de estas áreas, evitando la urbanización en zonas de riesgo de inundación, en Chile todavía esperamos por una Ley de Costas que pueda revertir la degradación de la costa, afectada por fenómenos como la erosión costera que afecta al 86% de playas entre Arica y Chiloé.

Por el contrario, vemos con preocupación el avance de iniciativas como la propuesta sobre Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas (Boletín 8467-12), la cual se encuentra su segundo trámite legislativo y busca fomentar la inversión en las zonas costeras (incluidos ríos y lagos navegables).

En décadas recientes se ha registrado un progresivo incremento de la urbanización en las costas, con infraestructura que en muchos casos no está diseñada para resistir los impactos de fenómenos como las marejadas y sistemas frontales intensos. Un ejemplo son los socavones que afectan edificios en las dunas de Concón y Reñaca, donde un decreto de la Municipalidad de Viña del Mar congeló permisos de construcción por tres meses a la espera de que se apruebe un nuevo Plano Regulador Comunal.

Medidas como estas representan un avance pero no son suficientes. Para preservar toda esta riqueza y los servicios ecosistémicos que nos proveen, urge avanzar hacía regulaciones costeras robustas, con base científica y participación ciudadana. Tanto playas, como dunas, humedales y desembocaduras de ríos, constituyen una primera línea de defensa contra marejadas y fenómenos climáticos extremos.