Por Carolina Molinare, investigadora OCEC UDP
El escenario económico nacional e internacional ha registrado un sorprendente aumento de los precios generalizados de manera persistente. Este fenómeno inusual, donde la inflación ha superado las expectativas tanto de las autoridades como de la población, se ve reflejado principalmente en la disminución del poder adquisitivo de los hogares, especialmente de aquellos más vulnerables.
De esta forma, las ayudas anunciadas por el gobierno responden a la urgencia que enfrentan las familias en relación al alza en el costo de la vida. Son ayudas que se basan en criterios focalizados de asignación, dirigido a personas que acceden a ciertos beneficios sociales o en casos específicos del segmento del 60% más vulnerable. Aún así, abarcará a un número significativo de beneficiarios (7,5 millones de personas) y su ejecución implica recursos de 0,3 a 0,4% del PIB. El monto no es menor en términos de gasto, aunque existe holgura fiscal debido a una buena e inesperada operación renta registrada este año, permitiendo al gobierno entregar este tipo de ayudas transitorias sin ampliar el déficit fiscal.
Por otro lado, el apoyo económico entregado por el gobierno será recibido por familias con menores recursos, lo que se traducirá a un aumento del consumo. De acuerdo a estimaciones del OCEC UDP, el impacto inflacionario de esta medida es de 0,3 pp. en el IPC SAE a un año y de 0,17 pp. a dos años, lo cual es un efecto acotado en los precios. Este impacto se basa en que mantenemos una economía sobre su potencial y aumentos del gasto público se seguirán traspasando a precios.
Cabe destacar que este impacto es acotado suponiendo que la entrega de este tipo de ayuda es por una sola vez. Por ello, no se debe descuidar la responsabilidad fiscal dado que permanecemos en un contexto económico donde la entrega de liquidez tiende a generar mayores efectos sobre la inflación.
