Por Catalina Droppelmann, directora Ejecutiva Justicia y Sociedad y académica Escuela de Gobierno UC
Enero comenzó con una buena noticia: se puso en marcha el Nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. En el contexto de la crisis de seguridad, marcada por una agenda legislativa populista y desarticulada, esto es una luz en el horizonte. Pocas políticas públicas de seguridad han sido diseñadas combinando teoría, evidencia y previos aprendizajes.
Sin embargo, el desafío está ahora en la implementación y en la capacidad de despliegue que el nuevo Servicio tendrá en el escenario ciudadano y político actual. Este se ancla en una amplia desconfianza en las instituciones de seguridad, en los niveles más altos de temor en décadas y en un aumento de la violencia y la complejidad criminal. No obstante, junto a ello existe una marcada desinformación, basada en una serie de creencias populares que no tienen asidero en la realidad.
La primera dice relación con la cronicidad de la carrera criminal. Se tiende a creer que quienes cometen delitos en la adolescencia, lo seguirán haciendo a lo largo de toda su vida. Pero la evidencia es clara en demostrar que aproximadamente el 60% de los infractores adolescentes deja de delinquir en la transición a la edad adulta.
La segunda se refiere a que, bajando la edad de responsabilidad penal, se disuadirá a los más jóvenes de cometer delitos y a las bandas criminales de reclutarlos. Acá la neuro-criminología ha demostrado que antes de los 16 años, la inmadurez cerebral impide un adecuado razonamiento y aprendizaje frente al castigo. Tampoco es claro el incentivo del reclutamiento, ya que los jóvenes participan de los eslabones más débiles de la cadena criminal y son fáciles de reemplazar.
Finalmente, existe la creencia de que la respuesta del sistema penal debe ser única y transversalmente el encarcelamiento. Datos de CJS muestran que el 90% de los ciudadanos cree que la mayoría de los delitos deben recibir la prisión preventiva como medida cautelar. Es así como hemos llegado a la más alta proporción de personas en prisión preventiva en los últimos 15 años, lo que empeora el hacinamiento y afecta procesos de reinserción. Es clave desmitificar estas creencias para entender que la reinserción social es la respuesta más acertada para la delincuencia juvenil.
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